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Por: Zulema Alanes |
A menos de una semana del 2022, tres medios de comunicación de alcance nacional fueron objeto de ataques y amenazas que confirman la fragilidad de la libertad de expresión y de prensa en el país.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) denunció que la noche del 4 de enero, fueron robadas las contraseñas de su correo electrónico y de su cuenta en la plataforma YouTube.
Horas antes, un grupo de activistas antivacunas interrumpieron las labores administrativas del periódico cruceño El Deber y amenazaron con la toma violenta de sus instalaciones con el fin de interrumpir su labor informativa.
Este 6 de enero, radio Panamericana alertó a su audiencia que un grupo de comunarios avasalló con violencia y con maquinaria pesada los terrenos de ese medio de comunicación y destruyó las antenas de emisión de su señal nacional e internacional.
Según informes nacionales e internacionales, los ataques y amenazas directas contra medios de comunicación y periodistas son tan frecuentes que existen razones para suponer que en Bolivia se está llegando a una situación de peligrosa restricción al trabajo periodístico.
En diciembre de 2021 el Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), concluyó que “estigmatizar, atacar, amedrentar, obstaculizar no solo el trabajo periodístico sino también la libertad de expresión y protesta ciudadana se convirtieron en mecanismos de control político” en Bolivia y advirtió que el contexto de polarización contribuye a la vulneración de la libertad de expresión y de prensa.
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A nivel nacional la red Unitas y el Instituto de Terapia e Investigación ITEI documentaron ataques verbales, detenciones arbitrarias, campañas de descrédito, amenazas y persecución contra periodistas durante los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce.
En 2020, un estudio del ITEI concluye que “el Estado boliviano utiliza un triángulo de intimidación, acoso y represión hacia los medios de comunicación para controlar lo que se puede decir y escribir públicamente” y advirtió que la policía monitorea cada vez más las redes sociales y los medios están en gran medida controlados por el Estado.
En octubre de 2021 el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS calificó de negativa la situación de la libertad de prensa debido a que periodistas, medios de comunicación y otros técnicos que apoyan a la labor periodística sufren constantes ataques del Estado y de personas particulares, lo que perjudica la libre expresión de información, crucial para toda sociedad democrática.
Alertó que “Las innumerables omisiones de las autoridades nacionales son prueba del entorno desfavorable que afrontan los periodistas a nivel nacional”.
ATAQUES FRECUENTES CONTRA ANF
En un mensaje a sus suscriptores, la Agencia de Noticias FIdes (ANF) denunció que la noche del martes 4 de enero fueron robadas las contraseñas de su correo electrónico noticiasfides@gmail.com y de su cuenta en la plataforma YouTube.
ANF detalló que no es la primera vez que sus cuentas son hackeadas y recordó que durante los últimos años fue víctima de varios ataques “con la finalidad de interrumpir sus actividades informativas”.
A través de su portal informativo recordó que “en octubre de 2019, el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, intercedió ante Facebook para la rehabilitación de la página de la Agencia de Noticias Fides (ANF)”.
Ante la interrupción de la página de ANF en Facebook y el bloqueo de su cuenta en Twitter, Lanza destacó que “las plataformas tecnológicas deben garantizar los estándares internacionales de libertad de expresión a sus usuarios y medios de comunicación”.
ANF detalló que, según un informe técnico, se sospecha que este nuevo ataque es “un intento de manipulación informática desde el exterior de sus servidores”.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó solidaridad con ANF y recordó que además de ser blanco de ataques verbales de funcionarios del gobierno de Evo Morales (2006-2019), fue excluida de la publicidad estatal, tanto en el gobierno de Morales, como en el de Luis Arce.
AMENAZAS VIOLENTAS CONTRA EL DEBER
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció que al menos treinta activistas “antivacunas” amenazaron con la toma violenta del diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz, incluso empleando armas de fuego.
El martes 4 de enero, un grupo de hombres y mujeres realizaron una protesta en las puertas ese medio, interrumpieron sus actividades administrativas y durante una hora y media arengaron contra El Deber por una supuesta alianza con el gobierno a favor del certificado de vacunación.
Se conoció que los manifestantes intentaron forzar su ingreso a la sala de redacción del medio impreso para ser entrevistados y en vista de que no lograron su objetivo porque en el momento de su protesta los periódicos no se encontraban en su fuente laboral.
Según reportó el personal de seguridad de ese medio, amenazaron con retornar para la toma violenta y con armas de fuego de sus instalaciones.
El Grupo El Deber, rechazó las acusaciones de los manifestantes y detalló que tanto las demandas de sectores contrarios a la vacuna contra la Covid-19 como las políticas que se generan desde los tres niveles de gobierno para la contención de la cuarta ola de contagios fueron difundidas en todas sus plataformas, y dejó en claro que “mantendrá esta postura, como medio independiente, para informar lo relativo a la emergencia sanitaria”.
La ANP alertó que el discurso de hostilidad contra el trabajo periodístico “puede derivar en hechos violentos que pondrían en ato riesgo la labor de periodistas y medios de información independientes” y recordó que el artículo 296 del Código Penal sobre Delitos contra la libertad de prensa sanciona con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, al que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión.
PANAMERICANA VÍCTIMA DE AVASALLADORES
En medio de la transmisión habitual de este jueves 6 de enero, el locutor de radio Panamericana alertó que un grupo de comunarios avasallaron los terrenos de esa emisora donde están instaladas sus antenas de transmisión.
La denuncia fue confirmada por Juan Carlos Nemtala, abogado de la emisora que detalló que se “avasalló con violencia, con maquinaria, destrozando toda la parte electrónica que pasa la señal a las antenas que emiten la señal al país y al mundo” y provocando daños económicos de consideración porque cuanto se destruyeron conductores de la señal de radio valuados en 25.000 dólares.
Señaló como responsables del avasallamiento a cinco dirigentes de un sindicato agrario de Achachicala que actúan supuestamente en representación de comunarios pero que en realidad son “traficantes de tierras” que pretenden apropiarse de terrenos que fueron comprados hace como 50 años por la familia Dueri propietaria de radio Panamericana.
Demandó la intervención de las autoridades competentes para sancionar a los responsables del atropello y exigió garantías para el trabajo periodístico de ese medio radial.
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