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Por: M. Sc. Joshua Bellott Sáenz |
Según el discurso gubernamental, el modelo económico impuesto desde el 2006 está basado en la industrialización de materias primas de sectores estratégicos y la diversificación de los bienes producidos y exportados, y en la inversión pública y el incentivo a la demanda como motor de la economía, redistribuyendo el excedente vía transferencias y el rebalse de estos sectores a gran parte de la ciudadanía.
En los hechos, las fallidas industrialización y diversificación de la economía, están a cargo de empresas públicas, en su mayoría deficitarias e ineficientes; y el motor de la economía vía inversión pública, descansa en un estado centralista, excesivamente grande, ineficiente y corrupto, que confisca la riqueza del pueblo para devolverla con grandes pérdidas a una élite que administra y vive del Estado, descuidando a un gran porcentaje de la población que vive del día a día y de su propio trabajo, subvencionando al Estado sin recibir mayor beneficio.
En este breve artículo, analizamos brevemente tres tópicos importantes de este agotado modelo económico: el incentivo a la demanda, la inversión pública y las empresas públicas.
Esta manera de ver la economía por parte de la administración actual, se encuentra reflejado de alguna manera en el Presupuesto General de la Nación (2022) que en este momento se lo revisa en la Asamblea Legislativa. Dicho presupuesto, profundiza el papel del Estado en la Economía, financiado principalmente en un 23,6% por impuestos pagados por menos de un tercio de la población boliviana y que ahora se quiere incrementar, y por un 40,7% de préstamos de fuentes internas y externas (deuda).
El presupuesto para el 2022 alcanza aproximadamente a 235 mil millones de bolivianos, siendo que el PIB de 2020 alcanzó a Bs. 252 mil millones. Por lo tanto, el trabajo y la producción de todos los bolivianos es confiscado en un 93% para el funcionamiento de un Estado que beneficia a menos de 550 mil ciudadanos (trabajadores públicos) y que reparte bonos y subsidios de miseria por menos del 0,5% del total del Presupuesto, conocidos como transferencias directas.
Lo cierto es que los sueldos y salarios de esa población de trabajadores públicos, que creció aceleradamente los últimos años incrementando la burocracia en la administración del Estado, representa casi un 20% del total del presupuesto que incrementará de este 2021 al 2022, en casi un 5%.
Queda en evidencia entonces, que los ciudadanos bolivianos, mantenemos con nuestro esfuerzo a una pequeña burocracia estatal representada por una élite que se enriquece con nuestros propios recursos y que son beneficiarios del “incentivo a la demanda” del tan mentado modelo económico. Por otro lado, debe quedar claro que el estado da empleo sólo un 10% de la población boliviana y el restante 90% debe trabajar en la informalidad (80%) y en un tejido empresarial destruido por el modelo (10%).
Sólo como ejemplo, si tomábamos una tercera parte de este presupuesto y lo distribuimos a la ciudadanía para que invierta en una empresa de su propiedad, este monto alcanzaba para 112 mil empresas (más de un tercio de las empresas actuales) con un monto de inversión de 100 mil dólares cada una. Suponiendo que cada una de estas empresas sólo dé empleo a 15 personas, podíamos emplear de manera sostenible y digna, a más de 1,6 millones de ciudadanos (3 veces más de lo que emplea el Estado). Este ejemplo, claramente muestra que la prioridad de la inversión pública es equivocada, ya que da empleo a muy poca gente y no es sostenible. Por supuesto, el dar bonos es apenas una limosna comparada con estas cifras.
Continuando con lo del incentivo a la demanda, sabemos que la política está basada en transferir estos magros recursos a la ciudadanía, por un lado, controlando la cantidad de dinero para no generar inflación, y por el otro, incentivando las importaciones de todo tipo que destruyen aún más el empleo y promueven la informalidad, y por supuesto, también para controlar la subida de precios. Sin embargo, debemos preguntarnos si este incentivo se distribuye adecuadamente a la mayoría de la población, o caso contrario, se constituye en una distribución muy desigual.
Para tener una idea más o menos clara sobre esta aseveración, presentamos a continuación un cuadro que resume las importaciones departamentales (en dólares) de bienes de consumo, efectos personales y diversos, sobre el total de población de cada departamento para los años 2005, 2010, 2015, 2019 y 2020. La información presentada puede ser interpretada como el gasto per cápita departamental por importaciones, que determinaría que departamentos son los más “consumistas”, dado el incentivo a la demanda.
Como regla general, dada la crisis de la pandemia y cuarentena que paralizó la economía en el 2020, el gasto por este tipo de importaciones bajó de manera importante en este año, con la excepción del Beni. Se refleja, además, el hecho de que en la mayoría de los departamentos este consumo aumentó hasta el 2015 para luego reducir paulatinamente.
Los departamentos menos consumistas son: Chuquisaca y Pando con 2 y 1 dólar de consumo por persona para el 2020, respectivamente. Sin duda, los departamentos más beneficiados por esta política de incentivo a las importaciones son: Oruro, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Sin embargo, el caso de Oruro es especial en el sentido de que es el tercer importador de Bolivia debido a su potencial geográfico para el comercio internacional que todavía es muy desaprovechado, aunque queda claro que cuenta con el mayor gasto per cápita en este tipo de importaciones. Dejamos al lector que pueda realizar un análisis detallado.
Una conclusión que se desprende de la información presentada es que la política de incentivo de demanda se reflejó en un aumento desmedido de las importaciones en todos los rubros, representado por un incremento de este tipo de gasto sumamente dispar, y que, además, incrementa la brecha entre los departamentos, incentivando mucho más a los más grandes y deteriorando la capacidad de consumo de los departamentos con menor desarrollo.
GASTO PER CÁPITA DE IMPORTACIONES DEPARTAMENTALES DE BIENES DE CONSUMO Y OTROS (usd)
Por último, debemos entender también, que la inversión en empresas públicas confiándoles la llamada “sustitución de importaciones” y la industrialización, es otra medida sumamente equivocada. Se invirtió ingentes cantidades de dinero, se generaron sólo 35 mil fuentes de trabajo y en un 85% son deficitarias, mal administradas e ineficientes. Lamentablemente, muchas de estas inversiones, fueron decididas al calor político, sin buscar factibilidad y eficiencia económica. El objetivo sólo fue dar trabajo a una pequeña élite, y para colmo de males, dichas empresas compiten injustamente con la escasa industria del país.
Como mencionamos en un anterior análisis, se gastaron en estas empresas en los últimos 15 años, más de 18 mil millones de dólares que si hubieran sido canalizados al sector privado, podíamos crear más de 2 millones de empleos sostenibles y dignos, o podíamos cubrir el presupuesto de las 9 gobernaciones del país durante 14 años, pero preferimos crear sólo 35 mil empleos. Asimismo, en el Presupuesto para el 2022 se consigna ingresos de operación de empresas nacionales por 53 mil millones de bolivianos, cuando los gastos corrientes superan los 54 mil millones (más déficit). Por otro lado, para el próximo año se invertirá más de mil millones de dólares en más empresas públicas, que además de no dar empleo, tienen un costo demasiado elevado para la creación de un sólo empleo (más o menos, la creación de cada empleo nos cuesta más de medio millón de dólares en promedio).
Queda claro entonces, que las empresas públicas sólo traen pérdida de dinero para todos los bolivianos, no solucionan el problema del desempleo, son inversiones mal priorizadas, y es claro que un país subdesarrollado no debería darse el lujo de invertir en empresas sólo para beneficiar a una pequeña élite y no al pueblo en su conjunto. Debemos preguntarnos, por lo tanto, ¿alguien siente que las empresas públicas nos benefician en algo?
Con varias de estas ideas en mente, si el modelo económico tuvo un éxito ilusorio incrementando algunos indicadores, no es posible insistir en las mismas medidas o políticas, en una etapa histórica distinta de vacas flacas. Sólo gracias a la bonanza de precios internacionales logramos un magro desarrollo y desperdiciamos la mejor época para lograr realmente eliminar la pobreza en el país.
No es posible que sigamos pensando en apuntalar el desarrollo a través de una inversión pública ineficiente y mal priorizada, que ni siquiera podemos ejecutarla por falta de recursos y otros problemas que persistirán en los próximos años (la inversión para este 2021 estaba programada en un poco más de 4 mil millones de dólares, la cual no se ejecutó ni la mitad). No es posible pensar en más empresas públicas deficitarias e ineficientes. No es posible seguir manteniendo a una pequeña élite política que se beneficia del trabajo del pueblo que recibe sólo limosnas. No es posible seguir agrandando un estado que quiere controlar la vida de los ciudadanos, con leyes que amenazan la propiedad privada de todos los bolivianos e impiden la creación de empleo, con más impuestos, burocracia y tramitología.
Debemos pensar en un nuevo modelo económico, que devuelva el poder al pueblo, que no se apropie de la riqueza de los ciudadanos, incentivando la actividad económica para que la población se quede con los beneficios que genera, con menores impuestos y aranceles, con menos estado y mayor actividad privada, porque el pueblo somos todos y no una pequeña élite que administra pésimamente los recursos de todos los bolivianos.
| M. Sc. Joshua Bellott Sáenz es economista
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