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El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) pidió una reforma urgente de la justicia en Bolivia por la falta de independencia de este poder.
El informe, elaborado por diez expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, refiere “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.
El Comité expresó además su preocupación por el avance insuficiente en la investigación de las presuntas torturas, maltratos y uso excesivo de la fuerza durante la crisis de 2019-2020, que culminó con la salida del poder del presidente Evo Morales, y pidió a los funcionarios actuales que investigaran todos estos hechos, procesen y sancionen a los infractores.
Los expertos recomendaron “llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito. Se debe garantizar también los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”.
El informe también denuncia a “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos” e instó al país a revisar los mecanismos actuales mediante los cuales se selecciona o destituye a jueces y fiscales.
El informe señala además que los tipos penales de sedición y terrorismo en la legislación boliviana “están basados en conceptos extremadamente vagos” en referencia a la detención de la ex presidenta Jeanine Añez.
El Comité también ha solicitado a Bolivia que revise su legislación antiterrorista, en particular los delitos de sedición y terrorismo, “para garantizar que se ajusten al principio de legalidad y las normas internacionales de derechos humanos”.
Varias organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch (HRW) han denunciado el uso de enjuiciamientos en Bolivia como un instrumento de persecución de opositores políticos.
Ya en agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre y diciembre de 2019, constató una recurrente falta de independencia en la administración de justicia en Bolivia.
En noviembre, el CAT expresó su preocupación por la manera en la que se han aplicado los tipos penales de sedición y terrorismo en Bolivia tanto en el Gobierno interino de Jeanine Áñez, encarcelada por el caso llamado “golpe de Estado”, como en la actual Administración de Luis Arce.
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