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PLAN DE DESARROLLO NACIONAL, ¿MÁS CENTRALISMO?

Por: M. Sc. Joshua Bellott Sáenz | 

Después de un año del nuevo gobierno del Movimiento al Socialismo, el pueblo boliviano entra en una nueva etapa en su historia, no sólo porque los ciudadanos perdimos la esperanza y la credibilidad hacia el gobierno y sus autoridades, sino porque nos dimos cuenta que el gobierno; cualquiera sea este, sólo responde al interés de pocas personas o de grupos de élite que administran los recursos de todos los bolivianos. Los discursos de derecha o izquierda no tienen más eco en los oídos de los bolivianos, sino solucionan realmente los problemas fundamentales de la gente: el empleo, la libertad económica y la eficiencia estatal en cuanto al uso de los recursos.

Es por estas razones que, después de la abrogación de la Ley 1386, entró al escenario nacional, la discusión sobre la promulgación y tratamiento “trucho”, de la ahora Ley N° 1407  del Plan de Desarrollo Económico y Social. 

El actual Plan de Desarrollo 2021 – 2025 es parte de la Agenda Patriótica 2016 -2025 y en el mismo se define la visión de desarrollo de una pequeña élite que no consulta al pueblo, ni le interesa la opinión de los gobiernos autónomos subnacionales. Las clases de planificación participativa básica quedaron en el olvido, pues nos someten a una visión vertical “de arriba hacia abajo”. 

El Plan implica, un mayor control del gobierno central sobre el desarrollo y las prioridades regionales. Impone su visión de desarrollo y la manera en cómo quieren administrar los recursos de todos los bolivianos: más empresas públicas deficitarias e ineficientes y mayor centralismo. 

Las empresas públicas, no solucionan los problemas prioritarios de los bolivianos: empleo y producción, que implica también, seguridad alimentaria. En otras palabras, generación de valor y riqueza

Por otro lado, esta Ley viola las autonomías y la CPE, que decreta en el art. 300, acápite 35, respecto a las competencias de los gobiernos departamentales: “Planificación del Desarrollo Departamental en concordancia con la planificación nacional”. Y en ninguna parte dice, la planificación del desarrollo departamental debe adecuarse en 180 días al Plan nacional.

Asimismo, viola el Art 92 de la CPE: “Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario”.

Además, en la ahora Ley 1407 en el artículo 6, menciona que el Plan puede ser ajustado conforme al artículo 32 de la Ley N° 777, que dice: “las modificaciones parciales, complementarias o de forma al PDDES y PDES, se aprobarán mediante Decreto Supremo”.  Esto claramente vulnera la independencia de Poderes y excluye al Poder Legislativo que sólo fue utilizado una vez, y desechado para cualquier modificación posterior.

En otro ámbito de esta Ley, el Plan ordena la aplicación de la Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; obligando a su complimiento también a las regiones, pese a su abrogación. Ordena también, un nuevo Código Tributario que simplifique las obligaciones tributarias y amplie la base tributaria (resultado 1.1.3. y acción 1.1.3.3; y resultado 1.1.5. y acción 1.1.5.1). De aquí se desprenden los nuevos impuestos a la educación por la utilización de redes sociales e internet.

Lamentablemente sabemos que la política del gobierno del MAS, crea más informalidad y con esto nos condena a la pobreza y a la distribución, no de riqueza, sino más bien, de pobreza, repartiendo y conformando a la población con un bono de 200 Bs, en vez de un trabajo digno de 2500 Bs. 

Este Plan es, e implica:

Un Plan ciego y centralizado que no ve las necesidades de las regiones y solamente ve las prioridades de una élite que se aprovecha del poder.

Más impuestos para la población y especialmente para ese 1.18% de la población que paga el 55% del total de los impuestos que recauda el gobierno central o para ese 25% que paga casi la totalidad de los mismos (Jaime Dunn). Esta recaudación es de libre disponibilidad de una élite pequeña, que acapara el 85% de los recursos del Estado boliviano y los distribuye como favores políticos para tener al pueblo, a los gobiernos subnacionales y a las universidades estirando la mano cuando les falta recursos. Y ahora quieren ampliar la base impositiva para muchos más.

Más empresas públicas, que compiten con los privados, que sangran los recursos de los bolivianos (son deficitarias) y son ineficientes. Además, no dan empleo ni al 1% de la población económicamente activa y encima impiden y limitan los emprendimientos privados porque compiten por los recursos disponibles.

Ineficiencia en la inversión pública priorizando las inversiones según el criterio de 20 planificadores que viven en La Paz y unas cuantas autoridades que no ven de cerca los problemas de las regiones. Estos “favores políticos”; son además, una fuente creciente de corrupción. 

Un plan que estrangula la actividad privada y quita los recursos al pueblo, que no promueve seguridad jurídica, ni un ambiente propicio para los emprendimientos privados, que sí tienen la capacidad de creación de empleo.

Podemos extraer de esta planificación excesivamente centralizada, lecciones que deberían reflexionar a los agentes económicos y así cambiar el rumbo de la misma. Solamente como ejemplo, Oruro no cuenta con un Puerto Seco -pese a contar todas las condiciones geográficas que no sólo favorecen a la región, sino también al país-, gracias a la planificación centralizada que no incluye dentro de sus ejes, metas, resultados y acciones, la posibilidad de insertar este proyecto de prioridad para los orureños desde hace décadas. Asimismo, no incluye la posibilidad de incluir proyectos de mejoramiento de suelos, de semillas y todo lo correspondiente a la producción de quinua. Incluyen solamente en el Plan, la parte de comercialización porque el gobierno tendrá su propia planta, que competirá con los privados. Y es que todos deben entender que, si su proyecto no está incluido en un eje, una meta, un resultado o una acción en el Plan de Desarrollo, simplemente no podrá ser considerado para su financiamiento. Las prioridades de las regiones, no son realmente un problema para el gobierno central.

En ese sentido, hay muchos retos que debemos emprender hacia adelante, y uno de los urgentes, profundizar la descentralización de las decisiones y los recursos. En realidad, no requerimos un Plan de Desarrollo Económico y Social Nacional, si ya contamos con planes en las regiones. Debemos quitarle el excesivo poder a las élites que gobiernan el país a nombre de los bolivianos y debemos pensar en que los recursos sean administrados por las regiones en un 70%. Sin duda, cada región conoce sus propios problemas.

Por otro lado, debemos dejar de lado las ideas acerca de que la producción esté a cargo del Estado, de que sólo las empresas públicas pueden sustituir importaciones, mientras el pueblo boliviano está condenado a vivir del día y no generar mayor riqueza a través de la producción. En otras palabras, hay que devolverle el poder al pueblo. 

Debemos pensar en un modelo que incentive la oferta, la producción y la seguridad alimentaria para todos los bolivianos y no para una élite política que se enriquece con nuestro dinero. Un modelo económico con menores impuestos para incentivar a la pequeña empresa; sin prohibiciones al mercado; con menores aranceles en bienes que no producimos, para detener el contrabando; que distribuya eficientemente los recursos al pueblo a través de los gobiernos subnacionales y entidades especializadas en promover el desarrollo productivo de acuerdo a las potencialidades regionales. Un modelo que devuelva el poder al pueblo, promoviendo la actividad económica de todos y no de unos cuantos que se aprovechan de ese supuesto poder, que lamentablemente el mismo pueblo les confirió. 


BASTA DE UN ESTADO Y UN GOBIERNO, QUE ES VERDUGO DEL MISMO PUEBLO QUE LE DIO PODER.



| M. Sc. Joshua Bellott Sáenz es economista

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