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Vía: El nuevo Herald |
El presidente Pedro Castillo pidió el lunes al Congreso realizar una ley sobre la “estatización o nacionalización” del mayor campo de gas natural de Perú, el cual es administrado por un consorcio multinacional. Las declaraciones de Castillo durante una actividad pública en el norte de Perú van en dirección contraria a sus exhortaciones para atraer inversión privada internacional. También las hizo en medio de un pedido del gobierno para renegociar el contrato de explotación del campo de Camisea con el consorcio. Camisea está ubicado en la región suroriental Cusco, en la Amazonía peruana. El consorcio, que es liderado por la argentina Pluspetrol y también incluye a la estadounidense Hunt Oil, la surcoreana SK Innovation, la argentina Tecpetrol, la española Repsol y la argelina Sonatrach, está produciendo gas natural y condensado de los Lotes 88 y 56. La AP solicitó comentarios a Pluspetrol sobre el pedido de la ley del presidente peruano, sin obtener respuesta. La primera ministra Mirtha Vásquez dijo más temprano ante el Congreso que el gas debe servir para que los hogares "ubicados en el sur andino accedan a una energía más limpia y barata”.
El gobierno ha conformado una comisión multisectorial que evalúa la ampliación de las reservas, el desarrollo de la infraestructura y los mecanismos que permitan la masificación de la distribución de gas natural. “Así, ratificamos el compromiso del gobierno de garantizar el acceso universal al gas natural, en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación”, dijo Vásquez. Desde la ciudad de Bagua, en el noroeste del país, Castillo declaró que acaban “de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta sobre la estatización o nacionalizacion del gas de Camisea para todos los peruanos". Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la capacidad de producción de gas de Camisea es de unos 1.600 millones de pies cúbicos diarios. De esos, 600 se exportan, 600 se destinan al consumo local y 400 tienen que ser reinyectados a los campos por falta de demanda. El anterior primer ministro Guido Bellido también anunció en septiembre que, en caso de que no se lograra la renegociación, “optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”. El gobierno suspendió el 6 de octubre la primera reunión entre autoridades gubernamentales y el consorcio internacional para iniciar las renegociaciones. Ese día Castillo le pidió la renuncia a Bellido.
