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Por: Zulema Alanes B. |
La niña de Yapacaní ha puesto en evidencia que la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas y adolescentes constituye una verdadera tragedia que se cuenta por cientos en Bolivia.
El país registra la segunda tasa más alta de violencia sexual de América Latina y de todas las denuncias por este tipo de vejámenes más del 90% son cometidos contra niñas y adolescentes.
“Año tras año, las víctimas suman y las denuncias quedan en la impunidad” dijo a Cabildeo Digital, Patricia Brañez, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM Bolivia. La niña de Yapacaní es un grito desesperado por reparación y justicia.
Y en palabras del abogado y analista político, Juan del Granado, es también la evidencia de... “la injerencia criminal de la iglesia y la culpable omisión gubernamental”.
LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA EXTREMA
Cuatro de cada 10 mujeres sufren violencia sexual en Bolivia, el 80% de los delitos sexuales contra las mujeres, niñas y adolescentes quedan impunes, aseguró Patricia Brañez.
Detalló que “según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, en 2019 se registraron 1.020 denuncias por delitos de violencia sexual, el 90% correspondían a niñas y adolescentes mujeres. El año 2020, se registraron 2.091 denuncias, el 93% correspondían a niñas y adolescentes mujeres. Entre enero y septiembre de 2021, se denunciaron 1.340 casos de violación de infante, niña, niño y adolescente y 1.045 por el delito de estupro”.
No se trata simplemente de estadísticas, “estamos ante un cuadro que deriva en embarazo infantil forzado” dijo Brañez y mostró como evidencia los datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud, que dan cuenta que en 2018 se prestó atención prenatal a 2.949 niñas menores de 15 años; el 2019 a un total de 2.591 y, aun del subregistsro derivado de las restricciones de la pandemia de COVID-19, un total de 2.170 niñas estaban embarazadas en 2020. No existen datos sobre atenciones prenatales para la presente gestión.
Y ante las evidencias, la representante de CLADEM Bolivia cuestiona: “Como es posible que el sistema de salud brinde atención prenatal a niñas menores de 15 años sin hacer la denuncia, más del 90% de los casos que llegan a los hospitales son embarazos por violación, por incesto. El personal de salud no denuncia, no quiere involucrarse en los casos de violencia sexual, no quieren ir a declarar para restituir los derechos de las víctimas, pero filtran información a los medios y revictimizan a las niñas”.
Y lo dijo muy claro. El embarazo de una menor de 15 años siempre debe ser puesta bajo sospecha, porque “es señal de violencia sexual pero también de uniones infantiles forzadas, porque las obligan a convivir con su violador, con hombres tres, cuatro, cinco veces mayores que ellas, y se inicia un periodo de sistemática reproducción de la violencia, las niñas se convierten en cuidadoras no solo de sus hijos o hijas no deseados, sino de la familia extendida de su agresor. Muchas no sobreviven porque se suicidan, otras se resisten y son víctimas de feminicidio”.
SON NIÑAS, NO DEBEN SER MADRES
El país se conmovió. Se multiplicaron las voces dejando en claro que “Son niñas, no deben ser madres” a poco de conocerse el drama de la niña de 11 años violada y embarazada por un hombre de 61.
Violada y embarazada y, luego, revictimizada. “Hay una vulneración reiterada de los derechos de la niña porque se filtra información a la prensa, se revelan los informes de psicología… se viola su derecho a la confidencialidad y privacidad y se inicia la presión para que retroceda en su decisión de someterse a la interrupción legal de su embarazo”, detalló Patricia Brañez.
Dijo que en este caso se incurrió en una secuencia de vulneración de los derechos de la niña. “La maternidad Percy Boland, filtró la información a la prensa, alguna prensa cubrió el hecho con un enfoque amarillista… se permitió que grupos antiderechos, no sólo la iglesia católica, ingresen al hospital para convencer a la niña y a la madre de continuar con el embarazo aun cuando ya se había iniciado el proceso para su interrupción legal. Les ofrecieron dinero jugando con la vulnerabilidad económica de la niña y su familia. Hablaron de culpa y de pecado, pusieron toda la atención en la niña, pero nadie miró hacia el violador. Argumentaron, falsamente, que el aborto no es legal y criminalizaron a la niña”.
La activista lamentó que toda la institucionalidad estatal que debía proteger a la niña no lo haya hecho, y cuestión “el silencio y la inacción de las autoridades, especialmente los ministerios de Salud y de Justicia, pero tampoco la Fiscalía actúa para acelerar las investigaciones, esas ausencias constituyen complicidades desde el Estado porque son estas instancias las que tienen que hacer cumplir la normativa valorando el riesgo para la salud y la vida de la niña”.
Recordó que “el Código Niña, Niño, Adolescente garantiza el interés superior de la niña, pero ese principio no se protege cuando las autoridades gubernamentales dejan las puertas abiertas para que a la niña se la saque del Percy Boland, se la aísle en un albergue para convertirla en madre infante e inicie el ciclo de reproducción de la violencia y de la pobreza”.
Brañez subrayó que no hay excusa para la inacción estatal porque los protocolos de actuación son muy claros: se tiene que viabilizar la interrupción legal del embarazo en 24 horas, porque en Bolivia el aborto es legal en casos de violación, incesto, estupro y riesgo para la salud o la vida de la madre.
Todas las omisiones mencionadas, se agravan ante el uso político del drama de la niña de Yapacaní. El silencio y la ausencia estatal intentó ser llenada con una movilización política del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocada desde varias oficinas estatales.
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