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Tres diputados del MAS impulsan quinto perdonazo para el desmonte ilegal



Por Carlos Tellería para Guardiana (Bolivia) y foto de portada de Edmond Sánchez/FAN

Martes 17 de agosto de 2021.- Tres diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), una titular y dos suplentes del departamento de Chuquisaca, presentaron un proyecto de ley para ampliar el plazo para la legalización de desmontes no autorizados y el pago de multas reducidas o la eliminación de las mismas, a cambio de que los dueños de los predios afectados de julio de 1996 a diciembre de 2018 puedan acogerse al Programa de Producción de Alimentos y la Restitución de Bosques, es decir un año más para el perdonazo, el quinto en ocho años.

¿En qué consiste el Programa de Producción de Alimentos y la Restitución de Bosques? Permite regularizar aquellos predios en los que se realizaron desmontes sin autorización, supuestamente con la finalidad de incentivar en estos la producción de alimentos y restituir las áreas de bosques afectadas. Para tal efecto, los dueños de los predios deforestados deben pagar una multa disminuida y destinar parte de las tierras a la producción agrícola y crianza de animales y la otra parte debe ir para la reforestación de bosques dañados. En casos de pequeñas propiedades que tengan hasta 20 hectáreas deforestadas no se cobra multa.

Los beneficiarios del programa deben restituir el 10 por ciento de la cobertura afectada si el desmonte se produce en predios con superficies mayores a las 50 hectáreas, en tierras consideradas de producción forestal permanente.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS?

Una nota de prensa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) del 6 de julio de 2015 indica que con la aplicación de la Ley Forestal N° 1700, de 1996, las multas son calculadas sobre la base de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) e iban de 150 a 300 dólares por hectárea, pero con la regularización vigente desde 2013 los montos bajaron a niveles que oscilaban entre 10 y 60 dólares por hectárea. Hasta esa fecha, los ingresos por multas llegaron a 148 millones de bolivianos.

No pagan multa los dueños de pequeñas propiedades de menos de 50 hectáreas en las que se hubiera deforestado 20 hectáreas. También se eximen del pago de dichas sanciones, los desmontes realizados en propiedades colectivas hasta una superficie de 20 hectáreas por unidad familiar.

LOS CUATRO PRIMEROS PERDONAZOS

Primer perdonazo: Los legisladores entregaron el proyecto de ley N° 117 en el que se plantea modificar el plazo inicialmente fijado en la Ley 337 del 11 de enero de 2013, que fue el primer perdonazo que establece un régimen excepcional para los dueños de terrenos desmontados sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011.

Segundo perdonazo: Esa norma fue modificada mediante Ley 502 del 26 de febrero de 2014. Esta segunda oportunidad beneficiaba a los dueños de tierras desmontadas de manera irregular entre 1996 y 2013.

Tercer perdonazo: Y hubo otra modificación para el tercer perdonazo. La Ley 739 del 29 de septiembre de 2015 volvió a cambiar las reglas y amplió el proceso durante 18 meses a partir de la vigencia de esta norma; es decir la regularización se extendería hasta marzo de 2017.

Cuarto perdonazo: Luego llegó otro perdonazo más, el cuarto. La Ley 952 del 23 de mayo de 2017 anunció una nueva ampliación hasta el 31 de diciembre de 2017. La quinta amnistía se daría a través del proyecto de ley 117.

AMPLIACIÓN HASTA EL 2018

EL proyecto de los legisladores chuquisaqueños, presentado el pasado 29 de abril, propone que la regularización incluya a los predios desmontados ilegalmente entre 1996 y diciembre de 2018. El nombre del documento es largo: Ley de ampliación de plazo y modificación a la Ley 337, Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques y modificaciones a las leyes modificatorias 502, 739 y 952.

El Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (Cedib) explicó los alcances de tal medida. “Esto significa –dice esa institución– que se amplía un nuevo año en el que el Estado borra cualquier responsabilidad ante quienes hayan deforestado, generado incendios y desmontado sin ninguna autorización: otro año que se legaliza lo ilegal”.

Fundación Tierra sostiene por su parte que el desmonte de bosques es una actividad orientada al cambio de uso del suelo; es decir, sacar árboles para que los terrenos puedan ser utilizados en agricultura o ganadería, pero también es una acción que permite la extracción de árboles maderables de alto valor comercial.

LEGISLADORES PROYECTISTAS
  • La diputada uninominal Lidia Limón Solis y su suplente, Yamil Flores Lazo, son dos de los legisladores que presentaron el proyecto de ley al Presidente de la Cámara de Diputados, el 29 de abril de 2021.
  • Limón y Flores fueron elegidos en la Circunscripción 4 que aglutina a los municipios de Villa Azurduy, Villa Serrano, Padilla, Tomina, El Villar, Tarvita (Villa Orías), Sopachuy, Villa Alcalá, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán (Muyupampa), Huacareta, Huacaya y Macharetí.
  • El tercer proyectista es el diputado plurinominal Álex Gustavo Cuéllar Vildoso.

En la documentación referida al proyecto de ley se lee que este será o sería tratado por la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en la que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene mayoría. Está presidida por un legislador representante de Cochabamba:

  • Héctor Arce Rodríguez (MAS), Presidente de Comisión
  • Alina Canaviri Sullcani (MAS), Secretaria de Comisión
  • Enrique Cunai Cayuba (MAS), Secretario de Comisión
  • Aleida Joseff Téllez (MAS)
  • Zulay Mamani Apaza (MAS)
  • María Elena Ortega, (Comunidad Ciudadana)
  • Alejandra Camargo Tanabe (Comunidad Ciudadana)
  • Ingvar Ellefsen Dotzauer (Comunidad Ciudadana)
  • Erwin Bazán Gutiérrez (Creemos)
CHUQUISACA, EN QUINTO LUGAR

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó en 2018 que los resultados de la aplicación del Programa de Alimentos y Restitución de Bosques que había comenzado en 2013 ubican al departamento de Chuquisaca en el quinto lugar de cantidad de superficie regularizada (0,9 por ciento del total que en ese entonces era de 1.582.807 hectáreas).

El IBCE difundió en una publicación institucional de 2018 un cuadro con las cantidades de predios y tierras deforestadas que fueron legalizadas entre 2013 y 2018 en siete departamentos del país:

JUSTIFICATIVO

Los impulsores del proyecto de Ley 177 aseguran que su objetivo es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los habitantes del país, y fomentar la reforestación de predios, pero además se ofrece un incentivo adicional: el pago de multas moderadas o la exención de ese tipo de sanciones.

Otro de sus argumentos señala que la pandemia del coronavirus golpeó la economía de los productores y esto ahonda más la imposibilidad de pagar elevadas multas.

El artículo 1 del proyecto señala: “El objeto de la presente Ley es establecer un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se haya realizado sin autorización entre el 12 de julo de 1996 y el 31 de diciembre de 2018, cuyos beneficiarios se acojan al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que tiene carácter nacional y utilidad pública”.

La duración de ese programa, según los proyectistas, debería ser extendida hasta el 30 de junio de 2023. Este detalle, según el Cedib, permitirá a los dueños realizar las adecuaciones necesarias, incluso si no tuvieran ejecutado un título de propiedad. “Es decir, estamos ante la generación de un escenario que puede incentivar otra ola de incendios y reeditemos la tragedia de la cual aún no sanamos”.

El investigador del Cedib Jorge Campanini dijo que el Programa de Alimentos y Restitución de Bosques en realidad no ha cumplido sus objetivos porque no garantiza la seguridad y soberanía alimentaria para los bolivianos, más bien, la importación de alimentos ha registrado altos picos en los últimos años.

En una primera hipótesis, considera que los legisladores proyectistas responden a intereses de algún sector fuerte que pretende acceder a tierras. Asegura que los campesinos y las comunidades no tienen la capacidad técnica para hacer desmontes, razón por la cual alquilan sus tierras y los empresarios sacan provecho de la situación. "Eso es necesario y urgente documentar", dice Campanini.

La Ley Forestal fue promulgada el 12 de julio de 1996, en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, justo en la misma fecha en que empiezan a ser tomados en cuenta los desmontes no autorizados para ser legalizados.

ELOGIOS EMPRESARIALES

En 2018, el instituto Boliviano de Comercio Exterior, creado hace 35 años por iniciativa empresarial, difundió una publicación institucional en la que elogia los resultados del programa gubernamental y muestra algunos datos.

En la nota editorial de la publicación "Comercio Exterior, un mundo de oportunidades", N° 267, el IBCE dice que el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de bosques es "virtuoso" e "importante iniciativa que ha permitido que Bolivia avance hacia la autosuficiencia en materia de abastecimiento y a la soberanía alimentaria que es a la que todos aspiramos. En suma, un buen ejemplo de lo que la sinergia público-privada puede hacer en beneficio del país".

En un cuadro comparativo hace notar las diferencias del tratamiento de los desmontes no autorizados en la Ley Forestal y en las normas de regularización (leyes 337, 502, 739 y 952).

Dice, por ejemplo, que las multas aplicadas con la Ley Forestal iban entre los 150 a 300 dólares por hectárea desmontada sin autorización, mientras que las leyes de regularización bajan la sanción a un rango de entre 10 y 80 dólares.

Le Ley Forestal inicia procesos administrativos sancionadores que podrían conllevar procesos coactivos y hasta penales, en cambio, con las nuevas normas dichos procesos quedan paralizados y los dueños de predios desmontados ilegalmente se acogen al programa y asumen las multas dispuestas en ellas.

Otra diferencia que el IBCE hace notar es que con la Ley Forestal no existe la exención del pago de multas, mientras que la Ley 337 y las otras especifican que "las pequeñas propiedades con superficie de cero a 50 hectáreas que hayan realizado desmonte ilegal de hasta 20 hectáreas se benefician con la exención del pago de la multa. De la misma forma, las comunidades se benefician con la exención del pago de multa hasta 20 hectáreas de desmonte por unidad familiar (sic)".

LOGROS HASTA EL 2019

En noviembre de 2019, el Ministerio de Tierras y Desarrollo Rural difundió un video en el que se hace conocer cifras de los resultados alcanzados hasta ese entonces. Se indica que más 1,5 millones de hectáreas fueron regularizadas, 611.000 fueron destinadas a la producción de alimentos como soya, trigo, maíz y sorgo, y otras 843.000 a la producción de carne y leche, y 51.000 a la reforestación.

Jorge Campanini dijo que "esas cifras representan la triste historia de las actividades extractivas... Es el sacrificio de la naturaleza a cambio de monedas".

"Nada lo justifica, ni el objetivo que tienen esas leyes. Los resultados son insignificantes en relación al daño" y, según el investigador, esos afanes son parte de la constitución de una política de Estado diseñada para la destrucción de bosque en beneficio de la agroindustria".

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Tres diputados del MAS impulsan quinto perdonazo para el desmonte ilegal
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