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Vía: Brújula Digital |
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), al que Brújula Digital accedió de manera extraoficial, señala que la planta de almacenamiento de carburantes de YPFB en Senkata jamás estuvo en peligro y que las fuerzas del orden hicieron un uso desmedido de la violencia en contra de los manifestantes.
"Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas. En la única ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta -en el área de manejo de válvulas para reducción de la presión del sistema de distribución de gas natural- el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o daños concretos a los servicios" señala una parte del informe.
También indica que "las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia al derrumbe del muro y la secuencia de protestas. Las autoridades del Estado justificaron la necesidad del uso de elevada fuerza -aunque no se admitiera el uso de municiones letales- para prevenir la ocurrencia de explosión de la planta, lo que provocaría un desastre de gravísimas consecuencias en la ciudad de El Alto. Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas con las diligencias conducidas por el GIEI no confirman que hubiera ese riesgo concreto".
El 19 de noviembre de 2019, según el informe, la Policia y el Ejército ejecutaron una operación conjunta con la finalidad de garantizar la salida de camiones de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, ciudad de El Alto, para el reabastecimiento de combustible en el departamento de La Paz.
"El acceso a la planta permanecía bloqueado por manifestantes desde el 11 de noviembre de 2019" reconoce el GIEI-Bolivia. "El ejército y la policía lograron organizar un convoy para la salida de 47 cisternas y camiones de garrafas de gas, con uso razonable y proporcionado de la fuerza", indica.
Luego de la salida de los camiones, "un grupo no superior a una centena de manifestantes derribó partes del muro perimetral de la planta de YPFB, quemó cuatro vehículos incautados que estaban depositados, inservibles, en una zona de la planta sin uso operacional, e intentó ingresar por un portón en el extremo sur de la planta", refiere.
La respuesta a ese ataque habría sido desproporcional y como consecuencia "ocurrió una masacre en Senkata, en la cual diez personas perdieron la vida y alrededor de 78 personas resultaron heridas. Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas", concluye.
El informe que será conocido oficialmente hoy señala que según testimonios, "las personas heridas acudieron a diversos hospitales en los cuales fueron víctimas de maltratos, discriminación, racismo y denegación de servicios médicos, bajo el argumento de que se trataban de personas simpatizantes del partido político Movimiento Al Socialismo (MAS). En múltiples casos el personal hospitalario negaba la atención médica a personas heridas de bala".
El GIEI también hace referencia a la represión ocurrida el 20 de noviembre de 2019 a la "marcha de los féretros" en referencia a la protesta de los familiares y sectores sociales desde Senkata hasta el centro de La Paz con los ataúdes de los fallecidos.
"El Estado, a través de la Policía, reprimió arbitrariamente la marcha, lo que resultó en personas heridas por uso abusivo de gases. Además, considerando la naturaleza fúnebre de la protesta, la represión afectó la dignidad de las personas muertas y de sus familiares", señala el informe.
El informe del GIEI también refiere que las protestas en Senkata iniciaron por el desacuerdo con la renuncia de Evo Morales y el anuncio "del acceso a la Presidencia de la senadora Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, por decisión de la Asamblea Nacional".
Asimismo da evidencia de que los movilizados "cavaron zanjas para evitar la salida de camiones tipo cisternas con combustible y realizaron vigilias bloqueando la Planta de Senkata".
Como consecuencia de las zanjas y bloqueos, "la ciudad de La Paz sufrió un desabastecimiento de combustibles líquidos, luego de ocho días de bloqueos" por lo que se organizó el operativo policial y militar.
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