Foto: FMI |
La entrega de 326 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 23 de agosto al Gobierno boliviano implica “un pasivo”, es decir, una deuda que se debe devolver y mientras se lo use hay que pagar un interés.
A diferencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien declaró que ese monto no generaba intereses para el Estado, los economistas Gabriel Espinoza y Germán Molina consultados por Los Tiempos aseguran que los recursos del FMI representan deuda e intereses.
El lunes pasado, el FMI entregó al Banco Central de Bolivia (BCB) 230,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que equivale a unos 326,4 millones de dólares. Estos recursos se ingresaron en DEG, a las reservas internacionales netas (RIN). Para usarlos, el Gobierno lo cambiará a dólares y a partir de allí corren costos financieros a favor del FMI.
Sobre el particular, Espinoza explica que inicialmente debe considerarse el pago de una tasa de interés de cerca de 0,1%, monto que se cobra a partir del momento en que el Estado asigna un uso a estos recursos.
“Es (una tasa) muy baja. En términos contables, las asignaciones de DEG generan una obligación de un pago de interés, que se registra como deuda externa”, dijo al medio de Cochabamba.
La asignación del FMI ha subido el RIN en 326 millones de dólares, pero también la deuda externa porque Bolivia tiene la obligación de devolver lo entregado.
De la misma forma, el economista Germán Molina indicó que “nada es gratis” y al recibir los recursos Bolivia tiene un pasivo con el FMI. “¿Cuándo habrá un cobro de intereses? Cuando el Gobierno diga estos DEG quiero volverlos a dólares, tiene que pedir al FMI para que se cotice en dólares, sobre ese uso y esa fecha ya hay una tasa de interés”, dijo.
La entrega y recepción de estos recursos causó polémica en la población porque a principios de año el Gobierno devolvió 327 millones de dólares al FMI, gestionados en 2020 por el gobierno de Jeanine Áñez, arguyendo que era un crédito no aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y tampoco era de beneficio para el país. Por este caso, la Fiscalía imputó al exviceministro del Tesoro Carlos Schlink y otros ocho funcionarios.
Espinoza, sin embargo, enfatizó que ambas entregas son similares porque el FMI no entrega créditos y sólo hace asignaciones de DEG. “En términos contables, no hay diferencia alguna porque tienes estos efectos: incremento de las reservas, pero también incremento de los pasivos de mediano y largo plazo que se expresan en el reporte de deuda externa, tampoco hay condicionantes ni ahora ni en 2020”, dijo Espinoza.
El economista Alberto Bonadona considera que hay un manejo político de la economía, que daña la imagen del país ante los organismos financiadores mundiales y perjudica la entrega de futuros créditos.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo, en declaraciones a los medios, que la asignación de recursos del FMI no era un donativo ni un regalo y por el momento no generaba intereses al Estado. “Esto no es una donación que se recibe porque somos miembros del FMI. Debe quedar claro que esta operación es distinta (a la de 2020). La otra hubiera sido legal si hubiera ingresado a la ALP”.
Al dinero recibido la pasada gestión se refirió como un crédito mal gestionado y detalló que estos recursos podrían usarse para afrontar la crisis sanitaria. “Nosotros debemos tener las previsiones para usar cuando sea necesario. No está condicionado a temas Covid-19, pero el origen es este. Cuando haya la necesidad de usarlos, se evaluará”, manifestó.
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