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Por: Zulema Alanes B. |
La Contraloría General del Estado no tiene competencia para pronunciarse sobre la auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que detectó el fraude electoral en 2019, aseguró a Cabildeo Digital el jurista Ramiro Orías y advirtió que “el gobierno pone a Bolivia ante el riesgo de un nuevo fracaso si el caso es sometido a tribunales internacionales”.
El último sábado, el abogado de Evo Morales y actual procurador del Estado, Wilfredo Chávez, anunció que la Contraloría resolvió desconocer el trabajo de la OEA argumentando que no cumplió ninguna normativa nacional ni internacional para realizar la auditoría a los comicios del 2019.
Según Orías, la resolución anunciada por el Procurador no sólo “es inoportuna sino técnica y jurídicamente cuestionable porque una auditoría de observación electoral internacional que compromete la fe del Estado, no está sometida a normas nacionales de control fiscal”.
Recordó que la OEA no realizó la auditoría “oficiosamente”, sino a pedido del gobierno boliviano, entonces presidido por Evo Morales, “y luego de firmar un acuerdo a través de la Cancillería que incluye una cláusula de inmunidad que exime a ese organismo internacional de someter sus veredictos a las leyes nacionales”.
Insistió que “claramente el derecho internacional establece que los gobiernos y los estados tienen que cumplir de buena fe lo que se comprometen a nivel internacional y no pueden oponer sus procedimientos internos al cumplimiento de obligaciones internacionales, incumplir una obligación de tipo internacional no es jurídicamente aceptable”.
LA AUDITORÍA QUE NO HIZO LA CONTRALORÍA
La misión de la Contraloría General del Estado es fiscalizar los recursos públicos “tal como está establecido en la ley SAFCO”, aseguró Ramiro Orías e insistió que “no tiene competencia para revisar los acuerdos que se suscriben entre el Estado y un organismo internacional”:
La ley 1178 SAFCO, establece claramente que la Contraloría opera en el control fiscal sobre la administración pública, sistema de administración y control de los recursos públicos, puede hacer fiscalización de programación de operaciones, ejecución presupuestaria, adquisición de bienes y servicios, descargos de control interno y externo sujeto al control fiscal, aplicable a todas las entidades del sector público.
La misión de la Contraloría General del Estado es fiscalizar los recursos públicos y las acciones de los funcionarios, pero no tiene la competencia para revisar los acuerdos que se suscriben entre el Estado y un organismo internacional, remarcó Orías.
En su opinión “la tarea que debió realizar la Contraloría, pero que incumplió, es una auditoría financiera para establecer cómo se manejaron los recursos destinados para las Elecciones Nacionales y establecer cuánto dinero se invirtió en el sistema de conteo rápido y de transmisión de resultados que fracasó en octubre de 2019”.
Correspondía a la Contraloría establecer “las responsabilidades de los servidores públicos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en el mal manejo de la jornada que terminó en un conflicto violento y con la repetición de una elección nacional, eso es competencia de la Contraloría”.
Cabildeo Digital verificó que en su informe de gestión 2019n la Contraloría General del Estado subraya que “el impacto de los conflictos” de octubre y noviembre impidió que se cumplan todas las metas proyectadas para esa gestión, pero no hace ni una sola referencia a la auditoría electoral de la OEA en esa gestión.
El experto dijo que “en ajuste a sus competencias la Contraloría debió auditar el mal manejo de la jornada electoral, establecer las responsabilidades administrativas por el apagón del sistema de cómputo y establecer si corresponde dictaminar responsabilidades administrativas o penales, porque esa elección ha representado un gasto público que no ha logrado los resultados esperados”.
Lamentó que para intentar justificar su relato de un “supuesto golpe de Estado” se desprestigie aún más a la Contraloría, “una institución que está muy debilitada porque hace mucho ha dejado de cumplir el rol que le ha sido asignado” que antes cumplía con su obligación de auditar los procedimientos y el gasto público e identificaba, según correspondía, la responsabilidad administrativa, civil o penal, pero que “actualmente no emite informes de auditoría que recomienden que tipo de medidas deben tomarse para subsanar un supuesto daño al Estado, en cambio se presta a criminalizar a quienes resultaran involucrados en irregularidades o en hechos de corrupción”.
UNA CARTA BAJO LA MANGA
Luego de fracasar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el gobierno apeló a la Contraloría para cuestionar la validez de la auditoría electoral vinculante de ese organismo.
Tres días antes que la Contraloría irrumpa en escena, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de OEA ratificó el voto de respaldo en favor de las misiones de observación electoral que desarrolla esta entidad internacional en diferentes países y descartó la censura a Luis Almagro, secretario general del organismo, por una supuesta “injerencia” en la investigación judicial que se realiza en el país respecto al caso “fraude” electoral.
“Fueron por lana y volvieron trasquilados” dijo el exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, y parece que esa perspectiva estaba en los cálculos del MAS, pues según el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, el informe de la Contraloría donde establece que la OEA no auditó los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, fue emitido el 28 de julio de este año.
Lo cierto es que lo que está haciendo el gobierno, dijo, es generar las condiciones para que el tema sea resuelto a nivel de un tribunal internacional, tal como ya lo ha solicitado el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Orías alertó que “sería la primera vez que una controversia internacional entre un Estado y un organismo internacional como la OEA, sea llevado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.
En ese extremo su pronóstico no es muy alentador pues “todo hace ver que Bolivia puede salir perdiendo, solo demostrando que no cumplió su compromiso internacional y, además, usa las herramientas del derecho interno para incumplir el acuerdo”.
DE FRACASO EN FRACASO
Al retorno de la OEA el gobierno intentó proyectar un triunfo internacional, pero la prensa reflejó que sólo logró el respaldo de tres países, el resto ratificó su confianza en el sistema de observación electoral del organismo internacional.
Recordó que “la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, no es posible callar a los medios de comunicación con la intención de posicionar un solo discurso, eso no existe en un país democrático, probablemente en una dictadura las cosas funcionen de esa manera, muy peligroso para la defensa y la sustentación de los principios democráticos”.
Glasinovic dijo que los ataques directos a los medios y a los periodistas “intentan imponer una sola verdad sobre lo acontecido el 2019” e insistió que en contrapartida hay que afirmar “el valor de la pluralidad y el hecho de que muchas voces ayudan a construir la verdad y afianzan la democracia”.
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