¡FUE FRAUDE!

Por: Mateo Rosales Leygue | 

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, esbirro del Movimiento al Socialismo (MAS) y precursor de la persecución política dirigida por Evo Morales desde hace años, ha emitido el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del caso ‘fraude electoral’, amparándose en una pericia y estudio realizado por una consultora que determinó que no hubo fraude durante el proceso electoral de octubre de 2019.

De las declaraciones del fiscal general al respecto y las conclusiones del estudio, cabe destacar las siguientes explicaciones para el esclarecimiento de los hechos:

1. Juan Manuel Corchado Rodríguez fue el responsable de dirigir el equipo de investigación que elaboró el mencionado informe. Corchado es el director del Grupo de Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa (BISITE). Si bien fue docente en la Universidad de Salamanca, actualmente no ejerce ningún cargo de responsabilidad en la entidad académica.

2. El Grupo de Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa (BISITE) es una consultora privada que colabora con la Universidad de Salamanca como ente gestor de proyectos de investigación. En ningún caso el estudio señalado por Lanchipa puede establecerse como emitido o rubricado por la Universidad de Salamanca, sino únicamente por la consultora independiente y bajo el criterio discrecional y exclusivo del equipo que emite el informe.

3. BISITE tiene las siguientes líneas de investigación: bioinformática, ciberseguridad, ciudades inteligentes, computación social, creatividad computacional, energía, Fintech, inteligencia artificial, internet de las cosas, tecnología educativa y médica, y robótica; no son expertos ni tienen experiencia en sistemas y procesos de INTEGRIDAD ELECTORAL.

4. El estudio dirigido por Corchado (y según declaraciones del fiscal general) establece que la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP, produjo negligencias en el manejo del sistema informático. No obstante, en declaraciones del 31 de octubre de 2019, Marcel Guzmán de Rojas, director general de la empresa NEOTEC, expresó: “NEOTEC se encargaba de que hubiera un constante flujo de información. El conteo no depende de NEOTEC, el Tribunal Electoral contrato a más de 7.600 personas para registrar los datos en el sistema TREP en los centros de votación (…) el día de la elección aproximadamente a las 20:00 recibo una llamada de la presidente del Tribunal Electoral (María Eugenia Choque) que me informa de que está en altavoz con los demás vocales y me indica que se debe suspender el TREP y que debo asistir a una reunión de urgencia en otras oficinas del Tribunal en la zona de San Jorge (…) En la reunión los miembros del Tribunal deciden suspender el TREP definitivamente hasta el día siguiente”.

5. Como acciones deliberadas, que no fueron susceptibles de la investigación realizada por BISITE en sus diferentes componentes, esto es, manipulación de actas, falsificación de firmas y suspensión temporal e intencionada del TREP, el Informe final de Análisis de Integridad Electoral de la OEA de octubre de 2019, establece las siguientes: 

- Paralización intencional y arbitraria sin fundamentos técnicos del TREP. El TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5.58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas.

- Introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP (…) El servidor BO1 registró actividad inclusive durante el tiempo en que el sistema de resultados preliminares se encontraba “apagado”.

- Se mintió respecto a la configuración real del servidor oculto BO1 (implementado en una red Amazon de NEOTEC y detectado por la empresa auditora). Además de ser una pasarela entre el navegador del usuario y el servidor, atendió también otras peticiones Web, como se puede ver en sus logs, y almacena tanto Bases de Datos como aplicaciones electorales.

- Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE. El esquema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital.

- Se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan su integridad. En un ejercicio que buscó analizar posibles adulteraciones o manipulaciones se revisó una muestra de 4692 actas. En este análisis se identificaron 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona, denotando una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales y transgrediendo las atribuciones de los Jurados de Mesa determinadas por ley. Las actas corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país. La suma de sus votos válidos es de 38.001, del cual el 91% (34.718) fueron adjudicados al Movimiento al Socialismo (MAS).

6. El proceso de fraude electoral perpetrado por el MAS en octubre de 2019 contempla un proceso de falsificación de firmas y alteración de actas in situ, en los centros de votación y a través de sistemas informáticos al momento de la transmisión de datos, por lo que el error de las actas y las alteraciones sobre ellas no estarían contempladas en el informe de BISITE.

7. En ningún caso las conclusiones del estudio de BISITE se pueden contemplar como ciertas considerando que es extemporánea y los parámetros de estudio pueden haber sido sujetos a muchas más variaciones, manipulaciones o limitaciones de contenido por parte de los solicitantes, en este caso el gobierno azul, que bajo ningún concepto apelará a la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento fidedigno de los hechos. 

8. El gobierno masista replica, en consecuencia, la hermenéutica utilizada en marzo del 2020 cuando un grupo de investigadores pertenecientes al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) emitió un estudio en el que no encontraba evidencia estadística de fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. Pocos días más tarde, la oficina de comunicación del MIT negaría que la institución haya publicado dicho estudio, siendo una iniciativa particular de investigadores que colaboraron con el gobierno azul.

| Mateo Rosales es abogado. Radica en Madrid.