Foto: Comité Pro Santa Cruz |
La diputada de Creemos, María René Álvarez, alertó este miércoles que “se está preparando el segundo atentado de ecocidio” en la Chiquitanía de Santa Cruz y responsabilizó de ello a la política de asentamientos humanos que ejerce el Gobierno sin una planificación territorial.
La legisladora manifestó que no se puede permitir esa situación en el área protegida que está en riesgo de ser incendiada por comunidades afines al partido de Gobierno. Por ello, dijo que está en manos del presidente, Luis Arce Catacora, la toma de medidas para frenar el posible daño.
De acuerdo al reporte de Los Tiempos, el traslado y acumulación de decenas de llantas al interior de la reserva municipal Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco, sería parte de un plan para incendiar los bosques de la Chiquitanía.
Autoridades y cívicos cruceños afirmaron que los asentamientos humanos buscan provocar un ecocidio como ocurrió en 2019.
ECOCIDIO
En agosto de 2020, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) concluyó que en 2019 en Bolivia se cometió un ecocidio, cuando se quemaron casi 6 millones de hectáreas.
Al respecto, Fernando Larach, presidente en ejercicio del Comité pro Santa Cruz, indicó que “nos quieren matar la Chiquitanía” y aseguró contar con pruebas de la acumulación de llantas que serán utilizadas como material de combustión para provocar los incendios.
“También hay videos donde están tumbando árboles y poniéndolos en el camino a objeto de evitar que se pueda ingresar a esta zona y sacar las llantas”, denunció Larach.
Asimismo, Dino Franco, presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, responsabilizó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) por permitir el asentamiento y deforestación en áreas protegidas.
En días pasados, el director departamental del INRA en Santa Cruz, César Córdova, informó que las autorizaciones de asentamientos humanos se encuentran paralizadas desde la gestión 2019. Explicó que en Santa Cruz se dataron más de 1,7 millones de hectáreas de tierras fiscales entre 2008 y 2019. Ante los incendios forestales, la dotación de tierras quedó suspendida a partir de 2020.
Por su parte, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, afirmó la semana pasada que los conflictos relacionados a la tenencia y acceso a la tierra serán resueltos a través del diálogo, por lo que convocó a todos los actores involucrados a buscar soluciones por esa vía.
Núñez pidió a los diferentes actores relacionados con el tema tierra no polarizar ni tensionar, dado que el país atraviesa por una compleja situación producto de la pandemia del coronavirus y quiere unidad.
MONITOREO
El viceministro de Defensa Social, Juan Carlos Calvimontes, destacó la labor del sistema integral de monitoreo satelital de bosques de la ABT que permite identificar la presencia de focos de calor, fotos de incendio e incendios forestales en todo el territorio nacional.
Según un boletín oficial, de la entidad se trata de un sistema integrado con equipos de alta tecnología que permiten sobreponer mapas e imágenes donde existen quemas autorizadas por la ABT con la finalidad de efectuar un seguimiento satelital y evitar el descontrol.
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