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Por: Zulema Alanes B. |
A 41 años del fin de los regímenes militares, Bolivia vive una regresión que no sólo le resta calidad a la democracia, sino que deviene en una dictadura, aseguró Alejandro Almaraz, abogado y activista del Comité de Defensa de la Democracia (CONADE).
“Hay una regresión democrática, es decir, que lo que nos está quedando de democracia es sustancialmente menos de lo que se conquistó a partir del 82”, dijo Almaraz a Cabildeo Digital y enfatizó que “se vive un evidente retroceso que le resta mucha calidad a nuestra democracia y nos conculca muchos derechos civiles y políticos, en realidad, deviene en dictadura”.
En su criterio, los de presos políticos, la pérdida del derecho a elegir, la conculcación de la libertad de asociación son, entre otros, característicos del momento dictatorial que vive el país.
EL PROYECTO DICTATORIAL
Para caracterizar la actual coyuntura del país, el activista político dijo que “la palabra inevitable, que tiene mucho dramatismo y que por eso suele ser tomada con recaudos, pero es inevitable, es dictadura”.
Explicó que la constitución de facto de un gobierno no es el único elemento característico de una dictadura, puesto que hay muchísimas dictaduras que no se constituyeron con golpe de Estado sino por la vía del voto.
Como ejemplo, mencionó “las famosas dictablandas de Europa que devinieron en los regímenes más genocidas” y recordó que “Hitler y Mussolini, llegaron al gobierno ganando elecciones y se mantuvieron en el gobierno con respaldo popular, pero cancelaron el Estado de derecho y los derechos humanos y anularon la institucionalidad democrática”.
Almaraz aseguró que en Bolivia se está volviendo a vivir en el régimen que instituyó Evo Morales puesto que “Arce retomó la agenda dictatorial en el país y, por tanto, ha cancelado el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática”.
LA PÉRDIDA DEL DERECHO A ELEGIR
“Hemos perdido el derecho a elegir a nuestros gobernantes, hay un menoscabo sistemático a la voluntad popular y el mandato d la ciudadanía”, señaló Almaraz.
Dijo que una corroboración de esa afirmación es lo que pasó con el referéndum del 2016, “se ha hecho lo que ni Pinochet se atrevió a hacer: vulnerar la clara voluntad de un referéndum (21F) cuyo resultado fue reconocido en primera instancia por el mismo Gobierno, pero que luego se negó a cumplir esa voluntad”.
Añadió que los hechos posteriores al 21F, muestran la permanente interrupción de procesos electorales a través del fraude, “hubo un fraude evidente el 2019, acreditado por la OEA, con un sinfín de pruebas y, el 2020, si bien no ha quedado igual de evidenciado, los indicios de fraude son muchos, para empezar hay muchas más actas con observaciones e irregularidades el 2020 que el 2019, la diferencia es que no están contempladas en la OEA porque el 2020 no hubo el conteo rápido que el 2019 permitió la rápida detección de irregularidades”.
Y en su opinión, la más reciente señal de la conculcación del derecho a elegir, es la destitución de los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, nombrados por el ejecutivo transitorio de Añez, violando la ley que determina que son autoridades inamovibles de sus funciones para garantizar la independencia del órgano electoral.
Dijo que “entre el 85 y el 2005 teníamos elecciones auténticas, sin fraude que altere o que niegue la voluntad popular, ahora hemos perdido en los hechos el derecho a elegir, la voluntad popular ha sido reiteradamente negada”.
CON PRESOS POLÍTICOS Y SIN LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Según Almaraz, cuatro décadas después de la recuperación de la democracia, “en Bolivia hay presos políticos, no me refiero a gente que hubiera cometido actos delictivos motivados por convicciones políticas, hablo de personas que sin haber hecho ninguna acción delictiva está presa por motivaciones políticas. Presos políticos que crecen en número porque son constantes los juicios con los que se ejerce la represión política”.
Lamentó que oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, “sean en la actualidad la mayor parte de los presos políticos, porque la acusación que se les hace es de un Golpe de Estado que no hubo, no hay sedición ni terrorismo, en el peor de los casos, debían instaurarles procesos disciplinario a los que motivaron el motín, pero saldrían eximidos porque policías y militares se negaron a continuar cumpliendo la orden de reprimir pacíficas movilizaciones ciudadanas en contra del fraude”.
Almaraz dijo que otro de los signos del devenir dictatorial del Gobierno “es la negación del derecho humano y constitucional a la libertad de asociación, sobre todo en sectores populares”.
Detalló que, “como no ocurría en el periodo anterior al Gobierno del MAS, se interviene desde el Poder Ejecutivo de una manera constante, agresiva y sistemática la autonomía de las organizaciones sociales y populares” y, añadió, que la principal víctima de ese dominio es el movimiento indígena.
Según Almaraz, para acabar con la libertad de asociación, el Gobierno no tuvo reparos en combinar la coerción, el soborno y la prebenda. “De la coerción, pasó fácilmente a la intimidación o directamente a la represión para controlar a estas organizaciones subordinándolas a las posiciones políticas del gobierno”.
La exacerbación de estos métodos en el caso de movimientos indígenas y campesinos, dijo, “es, en cierta medida, un retorno del pacto militar campesino. La agresiva cooptación política del gobierno del movimiento indígena y campesino, se repite a nivel de organizaciones vecinales, sindicales de mineros, fabriles, periodistas, entre otros”.
RETOMAR LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA
Almaraz anunció que, frente a esa situación, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) determinó retomar la movilización luego de un tiempo en que, sobre todo la pandemia, tuvo inmovilizados a los bolivianos.
Dijo que en próximos días se hará pública una agenda de movilización “en la que tratamos de recoger las demandas para la recuperación democrática, que están en el sentimiento y en el ánimo de la gran mayoría de los bolivianos, y que atiende los principales problemas en los que se manifiesta esta pérdida de la democracia”.
Añadió que “en primer lugar tiene que demandarse la libertad de los presos políticos, el respeto derecho humano a la libertad, asociado a la libertad de expresión y de asociación, pero también la restitución de un sistema electoral cuyo sentido sea la organización de procesos electorales auténticos, elecciones limpias, transparentes”.
La agenda también incluyese plantea evitar que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y sobre todo de la Policía, sea afectada y el Gobierno someta al control discrecional y arbitrario a las instituciones da la fuerza pública.
Señaló que la agenda de movilización “debe extenderse a la defensa de la vida ante la pandemia y ante la suprema incapacidad del gobierno frente a la pandemia y contra lo que ha dejado el proceso de cambio en materia de salud pública, fosas comunes donde hay cientos de bolivianos enterrados por efecto no sólo de la pandemia sino del abandono estatal, la dilapidación de fondos públicos durante 14 años, habernos dejado sin sistema de salud desperdiciando años de bonanza económica”.
Incluye también la defensa de la naturaleza, de la tierra y de los bosques, porque “datos técnicos confiables advierten que estamos regresando a la cantidad de focos de calor del 2019 cuando se incendiaron 5 millones de hectáreas, esto también es defender la vida y la democracia”.
Almaraz anunció que “el 6 de agosto comenzamos un nuevo ciclo en la lucha democrática, gradualmente, saliendo a las calles en la medida en que la respuesta del gobierno nos obligue”.
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