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2006-2021: LOS REITERADOS GOLPES JUDICIALES

Por: Amalia Pando | 

En estos días, el único golpe con la derecha, real y constatable, fue el que le dio, en la caldeada Asamblea Legislativa, el senador de CREEMOS Henry Montero al diputado del MAS, el de la tercera edad, de 39 años, Antonio Colque. Fue en defensa propia, pero fue un derechazo memorable.

Hay otro golpe  denunciado días atrás por el ministro de (in)justicia Iván Lima. Dijo que Carlos Mesa está impulsando un golpe de Estado judicial al proponer adelantar las elecciones judiciales previstas para el 2023. 

Esta denuncia me llevó a revisar los golpes brutales que Evo Morales le dio al Poder Judicial hasta dejarlo como una presa inerte. 


2006:   CUATRO MAGISTRADOS A DEDO

Antes de cumplir su primer año de gobierno, Evo Morales, el 30 de diciembre de 2006, posesionó a cuatro de los 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrados por él mismo a través del Decreto 28993.

En esos años, los magistrados debían ser nombrados por 2/3 del Congreso.  El MAS no contaba con esa proporción y, como siempre, se negó a concertar con la oposición. Entonces, el presidente Evo Morales decidió suplantar al Congreso y darle un mordisco, de un tercio, al mayor tribunal de Justicia de la entonces República de Bolivia.

Decreto de 2006 de Evo Morales | Ivox.org


Sin embargo, el Tribunal Constitucional, aún independiente del gobierno, anuló esos nombramientos. 

Los cuatro magistrados firmantes de ese fallo fueron amenazados con un juicio de responsabilidades, amenaza que no prosperó porque por entonces la oposición todavía tenía mayoría en el senado. 

Sin embargo, meses después todos renunciaron. Quedó en funciones solo una magistrada, Silvia Saleme, que era suplente y que al final, en 2009, terminó también renunciando. 


GOLPE MORTAL

La estrategia fue darle un golpe mortal a la siempre frágil independencia judicial. Golpe a golpe acabaron con esa condición indispensable para que se imparta justicia y se ponga límites al ejercicio del poder.

Evo Morales, en octubre de 2010, calificó a la independencia judicial como un concepto de la “doctrina norteamericana y del capitalismo”. 


RENUNCIAS FORZADAS 

Entre los años 2006 y 2011 provocaron una crisis de enorme magnitud en el Poder Judicial que sirvió para justificar las designaciones a dedo, lo que significó un asalto de un poder sobre otro. 

Human Rights en un informe de esos años señalaba que en 2006 en la Corte Suprema quedaban 2 magistrados titulares y 3 suplentes. En 2007, la Corte ya no hacía quorum porque solo quedaron dos suplentes y en 2008, quedaba uno.

Para el 2009 el Tribunal Constitucional había quedado cesante, la Corte Suprema sin quorum y el Consejo de la Judicatura se limitaba a labores administrativas. 


EL ÚLTIMO ACTO DE INDEPENDENCIA 

En noviembre de 2008, tras los sucesos del Porvenir en Pando, Dr. José Luis Baptista, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, junto a su colega Ángel Irusta y el Fiscal General, Mario Uribe, ordenaron al juez de La Paz, William Dávila, el traslado a Sucre del detenido prefecto Leopoldo Fernández para un juicio de responsabilidades.


Dr. José Luis Baptista, protagonista del último acto de independencia judicial

El juez Dávila, por instrucción del gobierno, no acató ese fallo de Habeas Corpus y siguió el proceso en la justicia ordinaria. 

El MAS, desde el parlamento, amenazó con un juicio a los dos magistrados y al Fiscal General, alegando que Leopoldo Fernández actuó como un ciudadano común y corriente y no como Prefecto de Pando, por lo que no le correspondía un juicio de responsabilidades ni el derecho a defenderse en libertad. Exactamente el mismo argumento que se usó hace poco para la aprehensión de la expresidente Jeanine Añez. 

El magistrado Irusta y el Fiscal General, Uribe, se retractaron, dejando solo a Baptista quien más tarde tuvo que renunciar. 


2010: 18 A DEDO

Habiendo cumplido su primer objetivo, deshacerse a través de renuncias forzadas de la mayoría de los magistrados, Evo Morales se dio el gusto propio de todo dictador,  de llenar esas vacancias  a dedo. Este segundo intento no tuvo cuestionamiento. 

El 17 de febrero de 2010, con el Decreto Supremo 432, Evo Morales nombró y posesionó a 18 autoridades interinas del órgano judicial. Cinco en el Tribunal Supremo de Justicia, diez en Tribunal Constitucional, cinco titulares y cinco suplentes, y tres en el Consejo de la Magistratura. Entre ellas a Jorge Von Borris, después presidente del TSJ, y Juan Lanchipa, actual Fiscal General. 


Evo Morales nombra a 18 jueces a dedo | Artículo: El Día

INTERINOS POR DECRETO 

Además, atropellando el artículo 180 de la nueva Constitución, declaró a todos los magistrados como interinos y por tanto susceptibles de remoción en cualquier momento, el momento que no cumplan con la voluntad del Jefazo.

En 2011, el interinato copó también la base judicial. De 1200 jueces, solo 163 tenían cargos permanentes, es decir el 87 % eran interinos. 

El decreto 432, el de las designaciones a dedo, estuvo respaldado por una Ley Corta que le dio a Evo Morales esa atribución al margen de la Constitución.  

Una Ley Corta que le entregó a Evo Morales el cetro y la corona. 


ELECCIONES JUDICIALES

En 2011 se produjeron dos hechos notables. La represión horrorosa en Chaparina y las primeras elecciones judiciales en las que ganó por abrumadora mayoría el voto en blanco, como un reflejo del dolor y la indignación que   causó ver a cientos de indígenas apaleados por el régimen de Evo Morales. 




En 2016, Bolivia dijo NO en el referendo sobre la reelección de Evo Morales y en 2017 se repitió la parodia de las elecciones judiciales en las que también ganó el voto en blanco, utilizado por la población para repudiar a candidatos seleccionados por el MAS en el parlamento, todos, absolutamente todos, leales al régimen.

Entre ellos, recordemos a Gonzalo Alcón Aliaga quien fue Comandante General de la Armada entre 2013 y 2014, y terminó de presidente del Consejo de la Magistratura. 

De ese modo, Evo Morales se convirtió en un tirano.  Se adueñó del Poder Judicial para gozar de impunidad, inventar acusaciones contra los opositores y garantizar su reelección indefinida a pesar de la Constitución. 

Con sendos fallos, del 2013 y 2018, el doblegado Tribunal Constitucional le permitió postularse para un tercer y cuarto periodo gubernamental. Este último, el cuarto, no pudo hacerse realidad por un inesperado viaje a México.


CRISIS SIN FIN

En 2015, un magistrado suplente de nombre Iván Lima, hoy ministro de (in)Justicia, ofrecía su renuncia como una confesión indirecta del fracaso de las elecciones judiciales. Pedía “cambiar las estructuras del Poder Judicial” 

Se había inaugurado el período de la mayor corrupción, mediocridad y descrédito imaginable en los tribunales de justicia.


BOCHORNO 

Con decirles que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el Dr. Carlos Alberto Egüez, del Beni, llegó a ese cargo tras secuestrar a una notario electoral para adulterar a su favor los resultados de las elecciones. No fue procesado ni destituido. 

Así también, un miembro del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, fue involucrado por la Policía en el clan de jueces, fiscales y magistrados que protegieron al narco Pedro Montenegro. 

Hurtado fue uno de los que le concedió a Evo Morales el “derecho humano” a la reelección indefinida. Así se entiende que fuera liberado discretamente de toda sospecha. 

El único magistrado juzgado, condenado y humillado fue Gualberto Cusi, quien defendió la Constitución contra la reelección. Por supuesto, fue destituido. 


Gualberto Cusi | Foto: Página Siete

HÉCTOR ARCE ZACONETA

El operador de este desastre fue el entonces ministro de (in)Justicia Héctor Arce Zaconeta, hoy embajador en la OEA, quien en un intento de echarle la culpa a terceros decidió en 2017 despedir de un día para el otro a 130 jueces y vocales. De nada le sirvió. La vorágine de corrupción, facilitada por el interinato, y la mediocridad basada en la lealtad política, convirtió al Poder Judicial en presa fácil del Poder Ejecutivo. 


IVÁN LIMA

El pasado 4 de Junio fueron posesionados por el Consejo de la Magistratura 42 jueces y vocales seleccionados por ese órgano y por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Iván Lima, que no tiene ninguna atribución en esta materia, saltó como un loco aduciendo que los recién posesionados no cumplían los requisitos. Seguramente es así, el ex fiscal Blanco es prueba de ello. Pero el punto es que Lima tiene su propia lista, no muy distinta, pero suya.


Iván Lima | Foto: El Deber

Una semana después, usando al Tribunal Constitucional, Lima logró que la posesión de los 42 fuera anulada.

Estos sí son golpes de un poder del Estado que avasalla a otro. 


¿SOLUCION A LA VISTA? 

Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, propuso adelantar las elecciones judiciales y Juan del Granado está en campaña para un referendo.

Propuestas interesantes, urgentes, que hay que discutir. 

Entre tanto, los que están al mando, como buitres hambrientos, siguen despedazando a su presa, agónica y obviamente sin independencia. De nada sirve cambiar de presa cuando los buitres son el problema.

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