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Por: Zulema Alanes B. |
La acusación formal de la sargento Cecilia Calani forma parte de la escalada de persecución política planificada por la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ejecutada por el gobierno de Luis Arce y que tiene previsto poner tras las rejas a medio centenar de policías, militares, dirigentes cívicos y políticos y exautoridades de gobierno.
Una fuente vinculada al MAS, detalló a Cabildeo Digital, que el plan “Golpe de Estado” ha ingresado a su segunda fase y contempla varias acciones combinadas a nivel de Gobierno, Legislativo y Justicia, coordinadas por operadores del círculo de Evo Morales, jefe del MAS.
La primera fase del plan “se ejecutó con éxito desde mediados de noviembre 2020 y se prolongó hasta marzo” dijo la fuente a este medio, en alusión a la orden de captura emitida contra el Alto Mando Militar que derivó en la detención de varios ex jefes militares, excepto el excomandante de la Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, así como en el procesamiento y detención de la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros.
También cuenta la detención del exdirector de Migración Marcel Rivas, “no sólo por la fuga de Murillo y López, sino porque reveló que falsificaron los reportes migratorios con los que se envió a la cárcel a Franklin Gutiérrez”, señaló. El dirigente cocalero fue liberado en el gobierno de transición luego de 15 meses de un injusto encarcelamiento. Actualmente se reactivaron los cargos en su contra, luego de que el propio ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que “es injusto lo que ha pasado con Franklin”.
CALANI: “EVITÉ UN DESASTRE MAYOR”
Este 13 de mayo, la sargento Cecilia Calani, exdirigente de la Asociación Nacional de Sargentos Cabos y Policías (Ansclapol), fue notificada con un requerimiento de acusación formal por su participación en el motín policial de noviembre de 2019.
Es acusada por los delitos de alzamiento armado y terrorismo. Se enfrenta a un segundo proceso en la justicia ordinaria, en el primero ya fue sobreseída por falta de pruebas, y al menos a cinco procesos disciplinarios ante un tribunal policial interno.
La sargento Calani irrumpió en escena en noviembre de 2019 durante el amotinamiento policial en Sucre y declaró que “estoy segura que toda la ciudadanía me va a acompañar, sé que no me van a dejar sola” y ratificó que su único delito fue “evitar un desastre mayor, no hice nada”.
Calani es una de los 26 efectivos policiales que fueron demandados en enero de este año por el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori, por su participación en el motín policial que permitió una salida a la profunda crisis política que se desató como consecuencia del fraude electoral de octubre 2019.
Producto de esa demanda, en La Paz, el suboficial Daniel Castelú es uno de los primeros uniformados que ha sido sometido a juicio policial. La Fiscalía también ordenó la detención del excomandante de la Policía Boliviana Yuri Calderón.
Todo ello, en medio de denuncias de persecución del Gobierno a los uniformados que logró que se acuse a ocho policías –cuatro coroneles y cuatro subalternos– por el amotinamiento de 2019. Para facilitar los procesos, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, dispuso el cambio de destinos del presidente del Tribunal Disciplinario y del fiscal departamental policial de La Paz. , Justiniano Álvarez.
“El país entero ha sido quien se ha levantado porque no se ha cumplido el 21F ", dijo la sargento Calami que encabeza la larga lista de efectivos que será procesados por orden del Gobierno y advirtió que “No le temo a la venganza”.
Diferentes organizaciones y colectivos, se han sumado a una campaña de respaldo a Calami, le han hecho saber que “No estás sola” y se han autoconvocado para acompañarla en su comparecencia ante la justicia.
VARIOS FRENTES COORDINADOS
La escalada de persecución política es parte de una estrategia que contempla acciones en varios frentes.
Como parte de esa estrategia, la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó un informe sobre los sucesos de octubre y noviembre de 2019, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El jurista Ramiro Orías, dijo a Cabildeo Digital que el informe difundido a fines de abril y titulado “Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia” intenta borrar importantes hechos para justificar el relato de “golpe de Estado”.
Lamentó que las instituciones gubernamentales afecten su institucionalidad y solvencia para “ponerse al servicio de un partido político y actuar bajo órdenes de Evo Morales”.
El informe circuló a poco que el MAS se reunió en una masiva concentración en Cochabamba para intentar sobreponerse de la derrota electoral sufrida en las elecciones subnacionales y donde se planteó el objetivo de desarticular a la oposición. En ese encuentro, el presidente Luis Arce arengó contra “la derecha golpista”, acusó a la oposición de seguir “confabulando y maquinando un golpe de Estado, una desestabilización".
Orías cuestionó la postura presidencial y opinó que “está cediendo muchas prerrogativas, sin percatarse que todo lo que permita será su responsabilidad, y en el máximo cargo político administrativo del país, las responsabilidades no pueden ser derivadas”.
Las bancadas del MAS en la Asamblea Legislativa se han articulado a la escalada represiva han anunciado que apoyarán el proceso contra los 26 policías e impulsa un proyecto de ley para modificar el Régimen Disciplinario de la Policía para castigar a efectivos del orden por "Instigar o liderar motines que interrumpan el gobierno".
Y para no dejar ni un cabo suelto, el MAS ha desplegado sus mecanismos de intromisión en las decisiones de la justicia, para cambiar y ocultar la Sentencia 0012/2021 de 11 de marzo pasado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declara inconstitucional la prosecución de los juicios en rebeldía.
La exdiputada Norma Piérola, accionante del recurso de inconstitucionalidad abstracta, denunció la demora en la notificación y publicación del fallo del TCP y advirtió que "Esta es una muestra que el Gobierno está presionando a los magistrados del TCP para cambiar el fallo sobre los juicios en rebeldía, esto es preocupante porque hay una manipulación política sobre una sentencia que fue aprobada por seis de la totalidad de los magistrados", precisó la exlegisladora.
Las señales son claras, la fase dos de la escalada de persecución política está en curso y está pisando los talones a otras autoridades, como el expresidente del TSE, Salvador Romero que será convocado a declarar luego que la fiscalía admitió un proceso en su contra, interpuesto por el MAS, por el delito de incumplimiento de deberes y se anunció que el mismo puede ser ampliado a la vocal Rosario Baptista.
Y entre las figuras políticas de la oposición amenazados con procesos está también el exalcalde Luis Revilla que fue demandado por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) por una deuda por la compra de 33.000 canastas estudiantiles de alimentos que el Gobierno Municipal de La Paz adquirió en medio la primera ola del coronavirus.
Y la lista sigue. El gobierno también denunció a los exministros Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán por supuestos hechos de corrupción pública, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, extremos que fueron rechazadas por las exautoridades.
“Es una estrategia muy bien trazada, que persigue desarticular a la oposición atacándola por diferentes flancos”, aseguraron a Cabildeo Digital desde el propio MAS.
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