Por: José Luis Saavedra |
El gobierno del presidente Arce acaba de publicar un par de proyectos de ley ciertamente interesantes, al menos por los títulos. Uno es el proyecto de ley contra el ecocidio y protección de la Madre Tierra y otro es el proyecto de ley de la defensoría de la madre tierra.
Por razones de interés personal, por hoy, vamos a comentar el proyecto de ley contra el ecocidio. Empezamos diciendo que es un proyecto apurado, improvisado, mal hecho, tanto que hasta la redacción es deficiente y con-tiene varios problemas de sintaxis y concordancia.
Centralmente, el referido proyecto de ley lo remite todo a la jurisdicción agroambiental, cuando todos sabemos que es absolutamente funcional a los intereses del actual régimen de gobierno y sus aliados: colonizadores (mal llamados interculturales) y agro negociantes, ambos igualmente depredadores. De hecho, en más de diez años de vigencia de la Ley de Derechos de la Madre Tierra no ha habido ni una sola acción concreta de defensa.
Sin embargo, este proyecto de ley es enormemente peligroso porque el gobierno puede usar la figura del ecocidio para criminalizar a los pueblos y comunidades indígenas. Cualquier pretexto, supuestamente medioambiental, va a ser válido para perseguir y encarcelar líderes indígenas, sobre todo a aquellos que defienden los derechos de la naturaleza de las agresiones extractivistas. ¿Cuál va a ser el subterfugio y/o excusa gubernamental?, que los indígenas se oponen al desarrollo y al progreso del país y, más aún, que perjudican las inversiones extranjeras y/o empresariales.
Por lo demás, el proyecto de ley contra el ecocidio no da ninguna señal de que pueda anularse/abrogarse el paquete de leyes y decretos incendiarios. Sólo abroga la Ley de uso y manejo racional de quemas, Ley N.º 1171, y la Ley de autorización de desmonte, Ley N.º 741. Pero, no así, la ley minera, ni la ley de hidrocarburos, que hoy por hoy son las fuentes básicas de depredación, devastación y contaminación del suelo, del agua y del aire; tampoco dice nada de revisar las concesiones mineras y petroleras en parques nacionales, glaciares, territorios indígenas y reservas de la biosfera.
Este mismo proyecto de ley contra el ecocidio no penaliza, en modo alguno, los atentados criminales contra la biodiversidad, tampoco penaliza la deforestación, ni las acciones depredadoras del agronegocio y las empresas transnacionales; menos penaliza el uso abusivo de ingentes cantidades de agua dulce por parte del agronegocio y las empresas mineras y mucho menos penaliza la contaminación de los ríos, lagos y lagunas por la minería aurífera y el uso delictivo del mercurio en los ríos de la Amazonia.
Y no dice nada, absolutamente nada de la contaminación en los suelos y el aire provocada por el uso abusivo de los transgénicos y los agrotóxicos, menos de la erosión genética de nuestras variedades nativas. En general, no revierte ninguna de las leyes y decretos atentatorios de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra. Es tan grave esta omisión que ni siquiera hay una mención a los defensores de los derechos de la naturaleza.
En resumen, no cuestiona nada, absolutamente nada del extractivismo, menos el modelo de desarrollo radicalmente depredador hoy vigente en el país desde hace al menos 500 años, ni la sistemática depredación de los bienes comunes de la Madre Tierra y más bien los adorna -ladinamente- con una fraseología pachamamista muy adecuada a los antojos de la izquierda funcional al desarrollo moderno colonial y capitalista.
José Luis Saavedra es miembro de Somos Sur y profesor de teoría y política poscolonial.