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El gobierno inició una masacre blanca en el Banco Central de Bolivia y declaró a todos los funcionarios como “personal provisorio” desconociendo los alcances de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público que garantiza la carrera administrativa.
Cabildeo Digital conoció que, el pasado 5 de marzo, cada uno de los funcionarios del ente emisor fue advertido con una “Acción de Personal” en la que se comunica que “a partir de la fecha se constituye en funcionario provisorio”.
La medida, según señala el memorándum de destitución se ampara en una resolución de Gerencia General del BCB y “en cumplimento a la disposición adicional única del Decreto Supremo No 4469 de 3 de marzo de 2021”.
El exdirigente sindical y abogado laboralista, Gonzalo Rodríguez, dijo a Cabildeo Digital que la medida representa “una masacre blanca, sin precedentes, e incluso en condiciones más draconianas que la relocalización neoliberal implementada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, al amparo del 21060”.
Según la “Acción de Personal” del BCB, todo el personal de esa entidad “deja de estar comprendido en el alcance del parágrafo II del Artículo 7 de la Ley No 2027 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público”.
Rodríguez señaló que se trata de una “vulneración de la normativa laboral que protege el derecho al trabajo y transgrede los términos de finalización de cualquier contrato de trabajo, es una medida extrema que no contempla ninguna compensación”.
Recordó que “ni en la peor época del neoliberalismo se actuó con tanto desconocimiento de las normas laborales” y puntualizó que “La relocalización del MNR, de 1985, era más benigna, porque reconocía un monto adicional de indemnización, un plus de seis sueldos. Este caso me recuerda a la masacre blanca de ENATEX”.
Lamentó que la Central Obrera Boliviana no proteste ante este tipo de atropellos “que se están cometiendo aprovechando la Ley Financial del Presupuesto General del Estado, para esta gestión, que deja sin efecto la carrera administrativa reconocida en la Ley 2027 y una forma de reglamentar tal pretensión ha resultado el decreto de Arce Catacora”.
Advirtió que la masacre blanca en el BCB “será apenas el inicio de una secuencia de despidos masivos en todas las instituciones públicas del país, como mecanismo de ajuste presupuestario, pero también de control ideológico sobre los servidores públicos”.
El Decreto Supremo 4469 establece que para acceder a la función pública se debe contar con el certificado de "servicio de descolonización y despatriacalización".
Según Rodríguez, el referido Decreto Supremo no tiene asidero legal, “vulnera los derechos constitucionales y la normativa legal en vigencia y además de constituir una evidente injusticia social, intenta subordinar la función pública a una ideología política”.
“Estamos ante una evidente injusticia social que debe ser combatida, la Masacre Blanca se ampara en un decreto de condicionamientos para que los funcionarios públicos se declaren serviles al régimen, de lo contrario serán despedidos”, subrayó Rodríguez.
El servicio de descolonización y despatriarcalización ha sido rechazado por el Colegio de Profesionales de Bolivia (CPB) que, a través de un pronunciamiento público, se ha declarado en estado de emergencia y ha exigido que los cargos en entidades estatales “sean cubiertos mediante concurso de méritos por las personas más idóneas y debidamente matriculadas en sus colegios de profesionales”.
Según el ente colegiado de los profesionales, el DS 4469 vulnera la Constitución, la Ley del de Estatuto del Funcionario Público y la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, normas vigentes que protegen los derechos de los trabajadores.
La CPB declaró “estado de emergencia ante la vulneración de la Constitución Política del Estado de los Arts. 1, 46, 48 y siguientes y las normas vigentes en el país. Exhortamos al Presidente del Estado a que deje sin efecto los incisos observados del D.S. N° 4469".