Por: Oscar Ortiz Antelo |
Bolivia está entrampada económicamente, décadas de populismo, estatismo y centralismo constituyen barreras estructurales para su desarrollo económico. No son las únicas trampas, los 14 años de gobiernos de Morales no solo que reforzaron las trampas estructurales, sino que crearon nuevas, como leyes que ahuyentan la inversión, prohíben las exportaciones y generan inseguridad jurídica u otras normas y políticas que han generado un déficit que tiende a volverse estructural, un tipo de cambio fijo o la prohibición de los transgénicos. EL MAS no solo no diseñó un nuevo modelo de desarrollo, sino que profundizó los obstáculos para el progreso económico y social de Bolivia.
Veamos el caso del tipo de cambio fijo. Después del trauma de la devaluación y la hiperinflación que se sufrió durante la UDP, al país le había costado años superar los temores de la población frente a oscilaciones en el tipo de cambio, lo cual se había conseguido mediante el bolsín, moviendo unos centavos todos los meses sin que nadie se alarmara. Al entonces ministro de economía y hoy presidente, se lo ocurrió fijarlo en noviembre de 2011, por una decisión discrecional. Casi una década después, las reservas han bajado de 15.000 a 5.000 millones de dólares, sin que sea claro cómo enfrentar esta situación sin que se descontrole.
Distintas normas en el sector de hidrocarburos han inviabilizado el desarrollo de nuevas reservas porque no se diferencia el tratamiento tributario entre campos nuevos y antiguos, entre campos de petróleo o de gas, por ejemplo. Resultado, el país sigue consumiendo las reservas de los campos que se desarrollaron en los años noventa, las cuales se acabarán en esta década y Bolivia va perdiendo una de sus principales fuentes de ingresos y pasando de exportadora a importadora de hidrocarburos.
En minería, donde sí se aprobó una nueva ley, no nos ha ido mejor. Hace más de 15 años que el país no tiene ningún nuevo desarrollo minero importante, ni se ha realizado ninguna exploración destacable en este periodo. Mientras que los pocos grandes yacimientos con los cuales contamos también se agotarán en la presente década, nos encontramos a 20 o 30 años del próximo gran desarrollo minero, el cual aún no hemos comenzado a buscar.
El otro gran sector productivo, el agropecuario, ha sido frenado por la inseguridad jurídica de una ley que establece que la función social de la tierra se verifica cada dos años, con lo cual no existe derecho propietario sobre la tierra sino un préstamo temporal sujeto a la fiscalización arbitraria de las comisiones del INRA. Adicionalmente, se prohibió la exportación de los principales productos alimenticios, eliminando los pocos incentivos que tiene este sector para crecer, siendo el principal empleador de la economía nacional. Por si faltara limitaciones, se prohibió el uso de tecnología genética, incluidos aquellos productos como la soya y el arroz, de los cuales no somos originarios, e incluso en aquellos en los que somos originarios se los prohíbe para el conjunto del territorio, cuando el lugar de origen está limitado a ciertas áreas. Resultado, importamos cientos de millones de dólares en alimentos que podríamos producir, tales como la papa y el maíz.
Además de haber inviabilizado la producción nacional en sus tres rubros más importantes, se le cierra la puerta a un sector moderno como los servicios y el desarrollo de software, por ejemplo, a quien se le niega el tratamiento de exportación, con lo cual sería más competitivo internacionalmente.
Queda mucho por hablar de otras trampas, como un gasto publico insostenible con un Estado que gasta más en sueldos que los impuestos que recauda, o las empresas públicas, creadas entre el 2006 y el 2019, las cuales en su casi totalidad dan perdidas. Si las decisiones se siguen tomando con las mismas trabas ideológicas de las gestiones de Morales, el desarrollo de Bolivia estará cada vez más lejos.
Oscar Ortiz ha sido senador y ministro de economía
