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Vía Brújula Digital .-
El juez anticorrupción Emilio Pinto declaró en Sucre incompetente a la Fiscalía de Chuquisaca para investigar a los exmagistrados que avalaron la reelección indefinida a Evo Morales en 2017, en contra de la Constitución y la decisión del referendo del 21F, y de esta manera anuló el juicio penal y derivó el caso al Legislativo, con mayoría absoluta del Movimiento Al Socialismo (MAS), para que en esa instancia se defina el futuro de las exautoridades.
Pinto anuló la demanda penal en contra de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avalaron la reelección indefinida de Evo Morales en 2017 y determinó remitir a un juicio de responsabilidades.
La denuncia penal contra los exmagistrados: Oswaldo Valencia, Mirtha Camacho, Neldy Andrade, Rudy Flores, Macario Lahor Cortez y Zenón Bacarreza estaba sustentada por los delitos de resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e Incumplimiento de Deberes.
En noviembre de 2017, el TCP declaró procedente la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por legisladores el MAS que pidió habilitar a Evo Morales para una nueva repostulación, pese a que la Constitución lo prohíbe.
El auto constitucional declaró entonces “la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser la norma más favorable en relación a los Derechos políticos…”. La Constitución Política del Estado permite sólo dos mandatos consecutivos, pero Morales se presentó a una tercera candidatura en 2014 gracias a un fallo Constitucional que señaló que Bolivia fue refundada con la nueva Carta Magna que él mismo Morales puso en vigencia en 2009.
Justificación del juez Pinto
El juez Anticorrupción, Emilio Pinto, justificó este miércoles su decisión y dijo que dio curso a los recursos planteados por dos exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Rudy Flores y Zenón Bacarreza, en relación al proceso penal que interpusieron en contra por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y por avalar la repostulación indefinida de Evo Morales en 2017.
Flores y Bacarreza plantearon una excepción de falta de acción, el cual fue declarado procedente. “Mi resolución ha declarado fundada dicha excepción toda vez que ha encontrado que existía un impedimento legal para continuar la investigación correspondiente”, dijo Pinto.
El juez Anticorrupción remitió el caso a la Comisión de Justicia Plural a través Comité del Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Diputados. Es “para que puedan promover la acción legal correspondiente y sean ellos quienes juzguen a estas exautoridades”, añadió.
El caso volvió a manos del Legislativa, con mayoría absoluta del Movimiento Al Socialismo, que debe definir si activa o no un juicio de responsabilidades en contra de los exmagistrados.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el juez Pinto, en una audiencia cautelar, determinó declarar incompetente al Ministerio para realizar esta investigación que debe ser propiciada por la Asamblea Legislativa.
En 2019, la Asamblea Legislativa remitió esta denuncia en contra de los extribunos, a la Fiscalía, toda vez que los denunciados dejaron de ser autoridades con privilegio constitucional; sin embargo, el juez entendió que estos supuestos hechos delictivos fueron cometidos cuando fungían como magistrados.
Un premio a la lealtad
El exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, querellante en este caso, en contacto con radio Fides, afirmó que este fallo es un “premio” para quienes vulneraron la Constitución por favores políticos.
“La justicia en Bolivia está demostrando ser una vez más una víbora que pica a los descalzos y protege a los poderosos, esto paso recientemente con el juez anticorrupción de Sucre que falló en favor de los exmagistrados que habilitaron una reelección indefinida en favor de Evo Morales”, manifestó. Advirtió que en un eventual juicio de responsabilidades contra los exmagistrados del TCP, estos quedarían absueltos.
El abogado constitucionalista Williams Bascopé, que impulsa el proceso, señaló que la audiencia de Pinto fue una “vergüenza” porque sólo se le permitió exponer cinco minutos y a fuerza de reclamo ante el juez, pero además el Ministerio Publico se limitó a aceptar la decisión.
“Qué cobardía del Ministerio Publico; así está la justicia en Bolivia; servil al poder político de la manera más rastrera”, lamentó. Bascopé manifestó que lo “vergonzoso e incoherente” de esta situación es que en la vía del juicio de responsabilidades la máxima sanción para los exmagistrados es la destitución del cargo, pero ellos ya no ejercen esa función.
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