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Por: Oscar Ortiz Antelo |
Los primeros 100 días de esta nueva gestión del MAS, se han caracterizado por la falta de un programa de reactivación económica, por el negacionismo de la gravedad de la segunda ola de la COVID 19, por el revanchismo contra quienes piensan distinto, por la búsqueda de la impunidad para quienes promovieron el fraude electoral y atentaron contra la salud y la vida de los bolivianos, así como por insistir en el desconocimiento de nuestra historia republicana.
Se hubiera esperado que Luis Arce, habiendo sido ministro de economía durante la mayor parte de los 14 años de gobiernos de Morales, hubiera iniciado su gestión con un programa claro de reactivación. Está claro que no lo tiene. Desde el principio ha seguido la vieja receta de culpar de todos los males al gobierno anterior, buscando ocultar su responsabilidad sobre el origen de estos problemas en el supuesto modelo que él impulso, de gasto público sin desarrollo productivo. Peor aún, su visión estatista y su consecuente aversión al sector privado, ha quedado manifiesta con el incremento de impuestos, la prohibición de exportaciones, las franjas de precios para productos agropecuarios y las medidas que amenazan la solidez del sistema financiero.
Paradójicamente, con una segunda ola de la pandemia que ha causado miles de fallecidos, han seguido el ejemplo del ex presidente Trump y del presidente Bolsonaro, practicando una versión boliviana del negacionismo sobre la pandemia. Con un cálculo político electoral cruelmente pragmático, han decidido que es mejor afrontar el costo de unos miles de fallecidos que desgastar su imagen por las medidas preventivas. Aunque es positivo que hayan cerrado contratos para la provisión de vacunas, aún estamos lejos de una vacunación masiva que permita alcanzar la inmunidad del 70% de la población que se necesita, por lo que aun seguiremos sufriendo rebrotes que pondrán en riesgo miles de vidas.
Si bien, el discurso conciliador del vicepresidente y la menor agresividad retórica del presidente, parecían indicar que habría un gobierno distinto al de Morales, 100 días después queda claro que gobierna el partido y no el presidente y que, frente a una justicia sometida al poder gubernamental, volverán los juicios políticos, con represalias para quienes desafiaron al MAS y lideraron las propuestas contra el fraude y con revanchismo frente a quienes enfrentaron las acciones violentas impulsadas por Evo Morales para desestabilizar la democracia. Desde el Ejecutivo, también se comienza a impulsar juicios como cortina de humo para ocultar las carencias de la gestión.
Peor aún, el decreto de amnistía e indulto presidencial, aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa, en los hechos garantiza la impunidad para todos los responsables del fraude electoral del 2019, para quienes promovieron la violencia, quemaron casas, provocaron muertes de los manifestantes por la democracia, cercaron a las ciudades, cortando el abastecimiento de alimentos y la provisión de oxígeno a millones de personas.
Como si fuera poco, bajo el supuesto argumento de cambiar la imagen corporativa del gobierno, han eliminado el uso del escudo nacional en todos los documentos oficiales del Ejecutivo, en un nuevo atentado contra la historia republicana y en la búsqueda de desconocer el proceso de construcción de la nación boliviana. Esto no solo atenta contra la historia sino contra la unidad y la integración de una sociedad plural y diversa que se debe unir alrededor del sentimiento compartido de pertenencia a la nación boliviana.
En conclusión, han sido 100 días perdidos, para el gobierno y para el país, para la reactivación y para la superación de la crisis política, económica y social, ocasionados por el fraude electoral del 2019 y por la pandemia que desnudó las mentiras de los falsos éxitos de los 14 años previos de gobiernos del MAS.
Oscar Ortiz Antelo ha sido senador y ministro de economía
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