Foto:Delta Financiero
El Gobierno hace oídos sordos y obliga el pago del aguinaldo pese a la crisis en el sector empresarial, además elimina intereses por diferimiento de créditos ante el reclamo de la banca.
En el primer caso, el sector privado se encuentra “alarmado” ante la decisión del Ejecutivo de no modificar ningún término del pago del aguinaldo y advirtió que muchas empresas no tendrían la capacidad de cumplir con la obligación.
“Ningún empresario se negó a pagar el aguinaldo, solo pedimos flexibilidad y propusimos una serie de alternativas que iban desde acceder a créditos blandos para cubrir esta obligación, hasta ampliar el plazo o destinar parte de los recursos a la compra de productos nacionales; sin embargo, de manera incomprensible y poco coherente, el Ministerio de Trabajo impone una decisión drástica, sin escuchar siquiera al sector privado y sin considerar que esta medida radical e irreflexiva va a aportar al cierre o la quiebra de empresas que estaban empezando a recuperarse”, expresó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery.
El empresario informó que las empresas privadas en Bolivia contratan a más de 800.000 trabajadores que representan un pago de 446 millones de dólares en aguinaldo, y que en muchos casos, el cumplimiento de este beneficio es previsionado por las empresas en montos mensuales durante el año según los ingresos.
“¿Cómo
se podía ahorrar en un año en que la economía se paralizó por más de seis
meses?” se preguntó Barbery a tiempo de recordar que el aguinaldo es una
obligación solo para el sector privado formal porque, según dijo, para el 80%
de trabajadores informales e incluso para muchos consultores que contrata el
gobierno, no hay Estado ni Ministerio de Trabajo ni COB que vigile u obligue a
los empleadores a respetar ese derecho.
Asimismo, reiteró que la intransigencia y la negativa del gobierno a escuchar argumentos y buscar conjuntamente soluciones a la crisis, está coadyuvando a agravar la situación. “Como CEPB hemos hecho un estudio que concluye que el 18% de las empresas está en riesgo inminente de cierre y que el 58% está a poco de tomar la decisión de disminuir personal; el propio INE ha informado que el desempleo abierto subió al 11% y que la economía está decreciendo en niveles de dos cifras (…) esos datos de por sí graves, van a empeorar debido a estas decisiones irreflexivas y unilaterales”, expuso.
Finamente el dirigente del gremio empresarial hizo saber que hasta ahora no hay respuesta a un pedido de reunión que hizo la CEPB con el presidente Luis Arce para hacerle conocer la grave situación del sector privado que aún soporta los efectos de una pandemia que ha paralizado la economía por más de seis meses consecutivos y ha colocado a los sectores productivos al borde del colapso.
“Necesitamos
reunirnos de manera urgente con el presidente, el vicepresidente y el gabinete
económico no solo para explicarla la gravedad del problema, sino para
plantearle salidas e iniciativas que, junto a las que ha presentado el gobierno
nos va a ayudar a todos a enfrentar esta situación de la que no podemos salir
separados y menos si se mata a unos para revivir a otros”, afirmó.
DIFERIMIENTO
En el caso del diferimiento de créditos, el pasado martes, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) descartó un nuevo diferimiento en el pago de créditos y advirtió que los saldos impagos “continúan devengando intereses”, por lo que pidió a la gente que, a partir de enero del próximo año, empiece a honrar sus obligaciones crediticias.
“Si uno retoma cuanto antes el pago de sus obligaciones, obviamente” tendrá “menos carga de intereses por mantener las deudas de capital impagas”, aseveró por diferentes medios de prensa el secretario Ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos.
Sin embargo, este jueves el Gobierno promulgó el Decreto Supremo No. 4409 que permite a los prestatarios de la banca refinanciar y reprogramar el pago de créditos tras el diferimiento aplicado este año por efectos de la pandemia COVID-19, además elimina intereses adicionales a cuotas retrasadas, según un informe de la agencia ABI.
Montenegro indicó que las cuotas diferidas serán trasladadas al final del plan de pagos de cada prestatario. "En ningún caso las cuotas van a ser superiores a lo pactado, podrían ser menores si hay una reprogramación de por medio", apuntó.
El
Ministro de Economía añadió que a partir de la fecha las entidades financieras
pueden citar a sus prestatarios para concertar la posibilidad de reprogramar y
refinanciar sus créditos.
MAIB