Por Zulema Alanes B .-
El Gobierno propone referéndum constitucional ya, la oposición en el parlamento plantea un Consejo Ciudadano de Notables y la sociedad civil saluda la posibilidad de una reforma del sistema de justicia y exige participación en el proceso.
Luego de 25 años de intentos sucesivos, la justicia sigue siendo un problema irresuelto. Todos apoyan una reforma judicial, pero no hay acuerdo respecto al camino para lograrlo.
El Gobierno planteó este lunes un referéndum constitucional para una reforma integral, el mismo día de las elecciones subnacionales, mientras que, desde la oposición en la Asamblea Legislativa, Comunidad Ciudadana se pronunció por un Consejo Ciudadano de Notables. Y organizaciones de la sociedad civil descreen de las reformas de escritorio y plantean una reforma respaldada en la evidencia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, le puso fecha al referéndum para la reforma y dijo que en tres días un grupo de diez expertos empezarán a trabajar para proponer al país, antes de fin de año, la agenda para lograrlo.
Carlos Mesa, presidente de Comunidad Ciudadana, planteó la creación de un Consejo Ciudadano de Notables con representantes de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos.
Una retrospectiva de fracasos
La justicia es un problema irresuelto en Bolivia dijo la jurista Susana Saavedra y recordó que en retrospectiva “ya suman más de 25 años de reformas, y de muchos más fracasos que avances”.
Históricamente, los problemas de la justicia, según el diagnóstico de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, están asociados a la manipulación política y la intimidación de los administradores de justicia mediante juicios y destituciones fue ejemplarizadoras.
Saavedra dijo a Cabildeo Digital que el control político “ha sido una constante y eso ha continuado aun de las reformas en todos los gobiernos”.
En opinión de la jurista, “no hubo gobierno que haya renunciado al control de la justicia y del Ministerio Publico, magistrados, jueces y fiscales” por lo que “un aspecto clave de cualquier reforma es poner fin a la provisionalidad de los cargos en el órgano judicial y fiscalía”.
Dijo que la reforma exige “activar mecanismos para enunciar la injerencia es importante, pasa por una norma, es activar recursos para denunciar injerencia, está previsto en el Art. 3 del Código de Procedimiento Penal, se puede denunciar, pero no hay norma que haga expedita la denuncia y que otorgue garantías contra presiones externas e internas”.
“El presupuesto, es otro problema, es menor a 0,52%, pero ha sido el mayor en estos últimos seis años” reclamó Saavedra y dijo que “desde la sociedad civil planteamos que al menos debe llegar al 2%” señaló Saavedra e insistió que “el incremento del presupuesto será la primera señal de voluntad política para dar certeza a la reforma”.
Una reforma participativa
Susana Saavedra, también planteó que la reforma “no puede ser un trabajo de gabinete y debe que considerar la información primaria de las organizaciones de la sociedad civil, la perspectiva de ciudadanos de calle” pero destacó el nevo esfuerzo anunciado por el Gobierno.
“Con voluntad política es posible mejorar los procedimientos para la elección de autoridades, tiene que cambiarse el procedimiento” dijo y evitó pronunciarse sobre el fondo de las reformas antes de conocer la propuesta de ley de reformas constitucionales.
Saavedra informó que una amplia coalición de instituciones de la sociedad civil ha solicitado al gobierno ser tomadas en cuenta para una reforma participativa porque “conocemos las brechas y las fallas de la justicia en la práctica, desde la experiencia de las mujeres, de los pueblos indígenas y desde los privados de libertad”.
Aseguró que las reformas “no impactarán en la práctica si no se basan en evidencia” e insistió que la reforma no puede hacerse de espaldas a la sociedad. Insistió que “La forma de la reforma es clave” y añadió que el sistema judicial “no va a cambiar de un día para otro”.
Reivindicó la agenda de la Cumbre de Justicia donde se presentó un cuadro real de las necesidades “por tanto es una buena base para diseñar una política pública que ponga en agenda los cambios recomendados”.
Subrayó que “es importante la división de poderes, en concordancia con los principios que están en la Constitución”.
Los caminos de la reforma
El ministro de Justicia Iván Lima, propuso un referendo constitucional para la reforma del sistema judicial y sugirió que el 7 de marzo los bolivianos se pronuncien a la par de las Elecciones Subnacionales.
Dijo que el 3 de diciembre tendrá la primera sesión pre lugar la primera reunión preconstituyente a cargo de una comisión conformada por diez profesionales notables y puntualizó que “Los temas constitucionales deben ser aprobados por referendo y podemos ponernos de acuerdo con una reforma constitucional e incluir la pregunta en la papeleta electoral de marzo, en las elecciones subnacionales. No tendríamos ninguna dificultad legal para incluir este tema constitucional en esa papeleta”.
El presidente de Comunidad Ciudadana (CC) dijo que la reforma del sistema judicial “es imprescindible para el funcionamiento democrático en Bolivia, no se puede concebir la democracia si se mantiene un Órgano Judicial desacreditado y vinculado a una militancia partidaria o una simpatía con el MAS, y no se puede concebir un sistema judicial que esta permeado por la corrupción y la ineficiencia”.
Para CC la "paz social y el reencuentro entre los bolivianos" depende de la reforma del sistema judicial. Y según las organizaciones de la sociedad civil, esa posibilidad pasa también por la transparencia del proceso de reforma.
“En la dinámica de la forma y reforma del sistema judicial tiene que tomar en cuenta el mandato de la Cumbre de Justicia del año 2016, de ello dependerá el tipo de resultados, lentos o acelerados, de la institucionalización de la justicia y, las perspectivas de un diseño institucional de independencia de la justicia e imparcialidad de la autoridad judicial”, subrayó Saavedra.