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Vía Brújula Digital.-
Comunidad Ciudadana (CC) alertó este sábado que por moral candidatos con antecedentes de violencia no deberían presentarse en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021 y anunció que exigirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no inscriba a postulantes con referencias agresión a mujeres y violencia intrafamiliar.
La diputada Luisa Náyar (CC) explicó que señaló que hay fundadas razones para que los violentos no sean candidatos, uno porque está en contra de la norma y, dos, porque no es posible que, teniendo ese tipo de comportamientos, pretendan asumir la función pública.
Náyar sostuvo que de enero a la fecha hay 110 feminicidios, más de 40 mil denuncias de violencia intrafamiliar y 60 infanticidios que se reportaron en el país.
Náyar sostuvo que de enero a la fecha hay 110 feminicidios, más de 40 mil denuncias de violencia intrafamiliar y 60 infanticidios que se reportaron en el país.
El jueves, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó que el presentador de televisión Pedro García no tiene el respaldo de las bases para ser precandidato a gobernador por Santa Cruz por sus antecedentes de violencia con su pareja. En declaraciones a radio Panamericana, afirmó que el precandidato es rechazado porque la sociedad no olvida que en 2010 fue denunciado por golpear a su entonces pareja, quien además entonces estaba embarazada, aunque después en el programa “Del cielo al infierno”, admitió que cometió la agresión y pidió disculpas.
La diputada Náyar anunció que exigirá al TSE la inhabilitación de candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y asambleítas que tengan antecedentes de violencia contra la mujer o casos de violencia intrafamiliar, en cumplimiento de la normativa vigente.
Explicó que la ley establece que una persona con antecedentes penales por hechos de violencia no puede ser candidato y, en consecuencia, la línea de Comunidad Ciudadana ante los tribunales departamentales será impedir la participación de estos candidatos porque incumplen los requisitos de ley.
Recordó que los tribunales departamentales de justicia deben observar los documentos del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase) y del Registro Judicial y Antecedentes Penales (Rejap) antes de extender estos dos documentos a los candidatos para las subnacionales.
Náyar sostuvo que de ninguna manera candidatos “golpeadores” o más conocidos como “pega-mujeres” deberían participar, uno porque así lo establece la normativa y dos, por principio ético-morales porque “no puede ser que, si dentro su plan privado, realizan este tipo de acciones, pretendan venir a gobernar en el ámbito público teniendo este tipo de comportamientos”.
Explicó que desde la Asamblea surgió la iniciativa de conformar una comisión especial mixta para investigar todos los hechos de violencia que se han suscitado durante todo el año y en esa línea se resaltará una política integral de prevención de violencia hacia la mujer.
La diputada Náyar anunció que exigirá al TSE la inhabilitación de candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y asambleítas que tengan antecedentes de violencia contra la mujer o casos de violencia intrafamiliar, en cumplimiento de la normativa vigente.
Explicó que la ley establece que una persona con antecedentes penales por hechos de violencia no puede ser candidato y, en consecuencia, la línea de Comunidad Ciudadana ante los tribunales departamentales será impedir la participación de estos candidatos porque incumplen los requisitos de ley.
Recordó que los tribunales departamentales de justicia deben observar los documentos del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase) y del Registro Judicial y Antecedentes Penales (Rejap) antes de extender estos dos documentos a los candidatos para las subnacionales.
Náyar sostuvo que de ninguna manera candidatos “golpeadores” o más conocidos como “pega-mujeres” deberían participar, uno porque así lo establece la normativa y dos, por principio ético-morales porque “no puede ser que, si dentro su plan privado, realizan este tipo de acciones, pretendan venir a gobernar en el ámbito público teniendo este tipo de comportamientos”.
Explicó que desde la Asamblea surgió la iniciativa de conformar una comisión especial mixta para investigar todos los hechos de violencia que se han suscitado durante todo el año y en esa línea se resaltará una política integral de prevención de violencia hacia la mujer.
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