La población y actores políticos no
solo terminamos sorprendidos por el inesperado resultado electoral del pasado
18 de octubre, sino que, muy inmediatamente a ello, fuimos objeto de un nuevo
sofocón: la modificación de los reglamentos de las cámaras de senadores y
diputados.
Con tal modificación se borró el
requisito de dos tercios para tomar decisiones importantes por parte de este
órgano del Estado. El ahora otra vez oficialismo, pretende le sea fácil imponer
sus políticas de gobierno sin ningún control y fiscalización, así como busca someter
totalmente a sus designios a los parlamentarios de oposición.
No es para poco, la anulación del
requisito del voto de dos tercios en las cámaras, de entrada, le permitiría
decidir si acepta o no las credenciales de los parlamentarios de oposición, y
si quisiera o le urgiera decidiría a quién sacarlo, dando fin a la condición de
parlamentarios ya en el curso del ejercicio de su mandato.
Anulando los dos tercios como
oficialismo podría decidir no solo si se crean comisiones especiales, sino que podría
decretar, si así le urge y place, el fin del trabajo de las mismas, en
particular si una comisión estuviera a cargo de alguna investigación de casos
en los que estuvieran involucrados gente del gobierno.
El control sobre los temas a tratar
en las sesiones sería absoluto, pues podrían modificar cuando quieran el orden
del día y en consecuencia introducir de sorpresa temas a propósito de los
cuales los únicos preparados para el debate sean los oficialistas. Y si pese a
la constante improvisación a la que se vería obligada la oposición, sus
miembros demostrasen capacidad de cuestionamiento peligroso para el
oficialismo, impondrían la moción de suficiente discusión dejándolos con las
palabras en la boca.
Actuarán a nombre del Estado pero solo
para beneficio de los suyos y no del país en su conjunto, imponiendo reconocimiento de honores sin el consenso suficiente y que debiera surgir de
una evaluación plural en las cámaras legislativas.
Impondrían embajadores o ministros
plenipotenciarios pese a las observaciones que los postulados podrían tener, y
sin que les importe que las funciones de representar, en el extranjero, es a
nombre de todo el país y la sociedad boliviana en su conjunto. Degradarían tal
función a representar intereses únicamente del partido de gobierno.
Por cierto, la ratificación de
grados de generales o equivalente en las Fuerzas Armadas y la Policía estarían
libradas únicamente al servilismo al partido de gobierno, antes que a los
méritos propios de los aspirantes, corroyendo de manera significativa la
institucionalidad de la fuerza pública y su compromiso de respeto a la
democracia.
Todo esto no es poca cosa, el
núcleo político del MAS, ha puesto en marcha su estrategia de poder, que para
nada es compatible con las reglas democráticas.
En los procesos electorales no solo
compiten candidatos, sino estrategias para lograr el voto de la población. Una
vez que una de ellas resulta victoriosa es sustituida por la estrategia de
gestión de gobierno, misma que según la naturaleza y propósitos del actor
político respectivo, puede implicar una estrategia de poder orientada a
acrecentarlo para usar y abusar de él. Y este es precisamente el caso que ahora
enfrentamos.
Lo que quiere el MAS es conducir al
país hacia una forma de gobierno de partido único en los hechos, aunque en la
apariencia se muestre que existe pluralidad de representaciones parlamentarias.
De esa estrategia de partido único
importantes sectores de la población se han percatado y están dispuestos a
presentar batalla. Puede decirse que no serán escuchados, pero si la causa es
justa, vale la pena perseverar en ella, como el agua que de tanto caer gota a
gota sobre la roca termina por perforarla.
El
autor es abogado y ex dirigente obrero