Por: Fundación INASET
Carlos Mesa, candidato
de Comunidad Ciudadana, está en segundo lugar en intención de voto; participó
en el encuentro de la FAM-CUB y en el debate nacional del domingo 4.
El diagnóstico
sobre el que estructura su propuesta, identifica tres crisis cuyo origen lo asocia
a los 14 años de gobierno del MAS: de salud, económica, y de corrupción. Plantea
que, por la severidad de estas crisis, se requieren respuestas claras.
Específicamente, en el ámbito de la reactivación de la economía, plantea al
empleo como el concepto guía para todas las políticas: “para los empleos en riesgo,
para los perdidos, y para los que se necesitan.”
La propuesta
de CC no establece metas cuantitativas en relación al empleo, ni identifica algún
sector específico en el que se debe concentrar la política de empleo; por ello,
el control de realidad directo y en términos cuantitativos no es posible. Sin
embargo, podemos estimar la calidad de la propuesta valorando la integralidad del
contexto general considerado (enfoque holístico-sistémico).
Al destacar
que la actual crisis es diferente, a quienes tocó vivir la de la hiperinflación
en la UDP, especialmente, les ofrece un contexto de estabilidad, sin inflación
ni devaluación. La estrategia fundamental será flexibilizar el acceso al
financiamiento para otorgar liquidez a todos los emprendimientos de la micro,
pequeña, mediana y gran empresa, en especial incluyendo garantías del Estado a
los generadores de empleo. Con ese propósito, buscará financiamiento multi- y
bilateral por 6 mil millones de dólares (15% del PIB). A diferencia del MAS,
considera que Bolivia tiene margen para endeudarse (deuda actual 25% PIB), y orientará
el financiamiento a reforzar la capacidad de repago con mayor capacidad
productiva.
La estrategia de
flexibilizar el crédito considera otros aspectos relacionados: la creación de un
Consejo Económico Social tripartito (Estado, empresas y trabajadores) para
concertar metas y acciones; reducir las tasas de interés para la reactivación; una
reforma tributaria estructural orientada a promover el empleo en el marco de un
pacto fiscal que mejore la equidad para los niveles subnacionales. Ofrece “formalizar
la informalidad sin extorsión”, con incentivos, no castigos; una gestión
pública transparente; eliminación de la tramitología y de la burocracia; y una transición
hacia afuera del extractivismo promoviendo las economías verde y naranja.
El análisis
para control de realidad muestra que, en relación a las condiciones necesarias
para promover el empleo, la propuesta refleja una concepción integral,
especialmente desde la perspectiva de dinamizar la oferta. Son menos
específicas las acciones destinadas a dinamizar la demanda, ámbito en el que el
gasto público en moneda nacional podría jugar un importante papel en la
dotación de recursos a las empresas sustituyendo, en buena parte, la necesidad
de recurrir al endeudamiento externo en divisas.
En general, si
bien las divisas captadas con endeudamiento externo serán preferentemente
empleadas para la importación de bienes e insumos para el aparato productivo, varias
de las acciones que CC propone en relación a la institucionalidad, la tasa de
interés y a la reforma tributaria, podrían ser readecuadas como incentivos para
canalizar preferentemente el ahorro privado nacional en el sistema financiero,
equivalente a unos 25 mil millones de dólares, desde las inversiones
especulativas y rentistas hoy, hacia nuevas actividades generadoras de empleo e
ingresos.
Finalmente, en
la misma dirección de financiar la reactivación económica con estabilidad que privilegie
el uso de moneda nacional, la teoría monetaria moderna (MMT por sus siglas en
inglés), abre varias alternativas para dinamizar la demanda desplazando los,
hasta ahora dominantes, modelos sobre gasto deficitario de la teoría económica.
Muestra que un Estado que emite moneda soberana con un tipo de cambio flexible,
tiene muy pocas restricciones financieras para comprar bienes o servicios
producidos internamente, en tanto la demanda no exceda la capacidad del aparato
productivo. Es decir, el Estado puede ser el factor dominante en la
configuración de la demanda que induzca al uso del crédito en inversiones
productivas.
En este contexto, podría ser aconsejable relativizar el mantenimiento del tipo de cambio fijo en función de las metas y de las prioridades que pueda establecer el Consejo Económico-Social.
Proyecto de “Diálogo Social y Laboral en época electoral” de la Fundación INASET
