El pacto posible

Por Ronald MacLean Abaroa*.-

Si algo ha surgido del debate político es la identificación de las tres aristas de la crisis que confrontará el próximo gobierno: salud, economía y corrupción.

Por definición, la corrupción es el uso de medios públicos para beneficio particular. La corrupción estatal se da con mayor intensidad en regímenes autoritarios donde la propiedad es mayoritariamente estatal y sus políticos ejercen su poder gubernamental para enriquecerse. Como el socialismo se define por la propiedad estatal de los medios de producción, trabajo, tierra y capital, la corrupción es potencialmente mayor cuanto más un país se acerca al ideal socialista. MAS medios están a su disposición para enriquecerse. 

Entonces, por definición, un país que se aleje del sistema de gobierno socialista, ampliando la propiedad privada del trabajo, la tierra y el capital deja fuera del alcance de los gobernantes esos medios de enriquecimiento ilícito. Si tomamos a Cuba como ejemplo e ideal socialista de Evo Morales, vemos que allí todos trabajan para el Estado, la tierra es estatal como lo es el capital. Allí no existe la propiedad, propiamente dicha.

Así entendemos cuando Luis Arce Catacora ofrece resolver el problema del empleo contratando gente en los ministerios y empresas públicas, como lo ha hecho en su gobierno ¡duplicando el número de empleados gubernamentales a medio millón de burócratas! ¿Y aún quiere MAS?

De lo que se deduce que un gobierno socialista no puede controlar la corrupción porque no puede controlarse a sí mismo, porque ésta está en su propia naturaleza como lo atestiguan los oligarcas rusos, chinos, vietnamitas, cubanos, venezolanos y nuestros boligarcas de 14 años de gestación masista. Todos billonarios por haber robado al Estado, o sea a la gente, a nosotros.

Para alejarse de la tentación de la corrupción, entonces, debemos marchar en la dirección opuesta a la del MAS. Necesitamos menos Estado y más propiedad individual, más capitalismo popular y menos capitalismo de Estado. Millones de propietarios y menos proletarios. Miles de emprendedores y menos oligarcas.

¿Quién controla la corrupción?

Ciertamente no puede ser el mismo gobierno, debe ser un órgano independiente que promueva la reforma del Estado para evitar los monopolios y la discrecionalidad en el ejercicio de la administración de la res-pública, de la cosa pública, y que deba responder de sus actos al Congreso de la República. No al Poder Ejecutivo.

El frente Creemos y su candidato a la Presidencia se han expresado contrarios a entrar en algún acuerdo, pacto electoral o gubernamental, que fortalezca la unidad de la oposición o al próximo gobierno. Pero tampoco podrán sentarse junto al MAS en la oposición a un gobierno de unidad nacional opuesto al masismo. ¿Cuál sería entonces un rol constructivo que pudiera desempeñar Creemos en la victoria electoral de la oposición democrática el 18 de octubre y en la consolidación de la democracia en libertad, durante el próximo gobierno?

A mi manera de ver, Creemos debiera ser la fuerza que independientemente de la administración del gobierno, garantice e impulse una “cruzada nacional anticorrupción”, independiente de la administración gubernamental, con el apoyo del Banco Mundial y la comunidad internacional. 

Adicionalmente, debiera impulsar una iniciativa internacional con apoyo también del Banco Mundial, Transparencia Internacional y Naciones Unidas, entre otros, para recuperar para el país los cerca de 10 mil millones de dólares americanos ($us 10.000.000.000) que la oligarquía masista ha exaccionado del Estado boliviano. El Banco Mundial lideriza un programa especial llamado STAR*, por sus siglas en inglés, para recuperar los activos robados a los países, por la corrupción gubernamental.

A ese Pacto pudiera adherirse Creemos sin renunciar a sus principios de no-intervención en acuerdos de gobierno, pero sí pudiera hacerlo en un compromiso para impulsar y atacar la tercera arista de la crisis: el cáncer de la corrupción y sus beneficiarios en Bolivia y en el exterior.

*Ronald MacLean Abaroa fue alcalde de La Paz y ministro de Estado.