Por Zulema Alanes B.-
El fraude electoral se empezó a gestar en mayo de 2019 y estuvo a cargo de un grupo de ministros que operó desde la Casa Grande del Pueblo en coordinación con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, funcionarios públicos de alto rango y el apoyo de un equipo de expertos internacionales, según un informe que fue remitido el pasado 28 de septiembre al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.
El informe pide la aprehensión de siete exfuncionarios y la ampliación de investigaciones contra nueve exministros y exfuncionarios involucrados en la adulteración de los resultados de las elecciones de octubre de 2019 en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS). Hasta la fecha, Lanchipa no emitió la orden de proceder.
Cabildeo Digital accedió al informe que adjunta 308 anexos de requerimientos fiscales, declaraciones de testigos y documentos que respaldan la investigación de la Policía y la Comisión de Fiscales y detalla cronológicamente los hechos que derivaron en el fraude electoral.
La investigación trazó la línea de tiempo de todo el proceso y detalló una a una las órdenes emitidas y las acciones que se cumplieron para consumar la alteración de los resultados de las Elecciones Generales 2019. Revela que el equipo a cargo, realizó una presentación para Evo Morales.
EL ITINERARIO DEL HOMBRE CLAVE
La línea de tiempo establece que el 25 de mayo de 2019 se pone en marcha el Data Center Móvil-INE que queda a cargo de Daniel Martínez Beltrán, director de Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde donde tenía acceso físico irrestricto a información confidencial de los 339 municipios del país. Toda la información la procesaba a través de un software visor cartográfico que él dominaba “CUBO”, compatible con el software de la empresa mexicana “Territorial Visor” cuyos representantes llegaron por primera vez al país en agosto.
A fines de septiembre, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, ordenó la contratación de Martínez Beltrán como asesor de la Sala Plena, que éste rechazó porque no estaba de acuerdo con el salario. Entonces todos los vocales, excepto Antonio Costas, firmaron la orden para que se lo contrate como Jefe TIC del Servicio de Registro Cívico (SERECI) La Paz. Nunca asistió a esas oficinas, y fue declarado en comisión a la Dirección Nacional de Tecnología y Comunicaciones (DNTIC) del TSE, donde se manejaba la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo oficial de votos.
Martínez Beltrán era el ejecutor local del operativo del fraude y el que alimentaba con información de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del TSE a la empresa mexicana “Territorial Visor”.
Entre el 20 y 21 de octubre de 2019, trabajaba de manera remota a través de su equipo de cómputo personal, tenía acceso a los Servidores BO1 y BO20, a los que introdujo información para favorecer con votos al Movimiento al Socialismo, en coordinación con el equipo mexicano de Territorial Visor que dirigían todo desde el hotel Real Plaza.
LOS PREPARATIVOS DEL FRAUDE
En agosto, llegaron al país, el venezolano, Ronald Beltrán Mercado, y el mexicano, Isaac Gonzales, representante legal de la empresa INTRAXIS S.A., que ofrece servicios de desarrollo, aplicación e integración tecnológica.
A fines de septiembre arribaron a Bolivia 9 funcionarios de la empresas mexicana y el 1 de octubre de 2019, tres de ellos –Ramón Díaz Ávila, Álvaro Iván Arce Cortez y Daniel Ariel García Portillo– realizaron una presentación en la Casa Grande del Pueblo. La reunión se realizó en el piso 17 donde se encuentra el Ministerio de Energía.
Se explicó que el Software “Territorial Visor” fue alimentado con la Base de Datos del INE (Cartográfica y CENSO) y la Base de Datos del TSE (Padrón Electoral y Militancias). Según la investigación, el Objetivo era elevar el porcentaje de votos a favor del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales 2019. En específico, se trabajaría con la Base de Datos de las personas inhabilitadas entre otros motivos, por defunción; por lo que, de manera dolosa, el padrón electoral tendría que contar con los inhabilitados.
En esa reunión, donde supuestamente se iba a analizar el Sistema de Control Electoral del MAS, participaron Max Eguívar, jefe de gabinete del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; la responsable de Informática del Ministerio de Defensa, Cynthia Paola Cortez Inch; los jefes de la Unidad de Planificación y Tecnologías de Información del Ministerio de Culturas, Marcelo Linares Gutiérrez y de Tecnología Informática de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Alberto Encinas; y el responsable de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Justicia, Christian Felipe Virreira Scholvin. Este último, yerno del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, se haría cargo del desarrollo y soporte del software de la empresa mexicana. Se delega el control electoral de El Alto a Wilma Alanoca y de La Paz a Javier Zabaleta. Juan Ramón Quintana queda a cargo de la coordinación con los vocales de los TED y del TSE Choque, Cruz, Mamani, Iriarte y Gonzales.
Max Javier Esquívar Estrada, jefe del Gabinete del Ministerio de la Presidencia presentó a Sergio Daniel Martínez Beltrán, como coordinador de sistemas del MAS IPSP con la tarea de obtener la información de las Bases de Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Una semana después, el 8 de octubre, se realiza otra reunión. En la computadora del segundo al mando de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Horacio López, quedó el siguiente registro: “Personas para reunión OEP: María Eugenia, Ildefonso, Juan Pablo Tórrez (La Paz), TED Tarija, Roy Coimbra, Gustavo Ávila, José Antonio Pardo, Marcelo Bracamonte, Héctor, JR, Procurador, Canciller, Nicolás, Sebastián Michel, Daniela Sachariaz (ARG), Héctor Teodoro Fernández (ARG), Antonio Cardonia, Diego Telo (EC)”
Entre la última semana de septiembre y el 11 de octubre llegó a Bolivia todo el equipo de Territorial Visor. Ramón Díaz Ávila, coordinador general y, los responsables del soporte técnico del sistema, David Ariel García Portillo, Isaac Gonzales San Martin, Jorge Enrique Rodríguez Santos y Milton Abel Huerta Gracia. Además de varios auxiliares: Jorge Hugo Romero Ortiz, Álvaro Iván Arce Cortez, Zoraida Abril Cruz Tenorio, César Paul Pacheco Flores, José Eduardo Aguilar Alba, José Octavio López Osorno, Ronald Beltrán Marcano Rivas, Jaime Alberto Castellanos del Campo, René Eduardo Santiago Gallegos, Gilberto Rodríguez de Ita, Marcela Amaranta Rodríguez Peynado, Rodríguez Rubio José Abisai, José Javier Salazar Mendoza, José Francisco Cabrera Anaya, Sergio Ramsés Puente Zamora y Guillermo de Jesús López Río. Entre los mexicanos, figuraba también el venezolano Ronald Beltrán Marcano Rivas, y también se integró al equipo, Max Eguivar, jefe de gabinete de Juan Ramón Quintana.
Se alojaron y montaron su centro de operaciones los pisos 10, 11 y 12 del hotel Real Plaza donde permanecieron hasta el 23 de octubre de 2019.
LA HORA FATAL DEL DÍA "D"
A las 8 de la noche del 20 de octubre, Álvaro Andrade, mediante llamada telefónica a María Eugenia Choque Quispe quien se encontraba en el hotel Real Plaza, notifica el hallazgo de un servidor que no había sido notificado a la Empresa Auditora Ethical Hacking (EHC Group). Dicho servidor estaba intercambiando Tráfico de Datos de forma activa. Se notifica a todos los Vocales que asistan de forma Urgente a las oficinas del DNTIC (Dirección Nacional de Tecnologías de la Información) en la zona de San Jorge.
La alerta ocurrió cuando el país ya conocía el informe de los datos del TREP con 83,76% de las actas verificadas y todos los cálculos proyectaban una segunda vuelta.
Antes de dejar el centro de informaciones del hotel Real Plaza, los vocales Iriarte y Gonzales ordenaron al director del SERECI, José Antonio Pardo, cortar el TREP. Pero éste se negó. Entonces la presidenta Choque y los vocales Mamani, Iriarte y Cruz se dirigieron a las oficinas de la DNTIC. En el trayecto, Cruz, al teléfono, ordenaba a gritos: “Carajo, Apáguenlo”.
En el DNTIC se reúnen en privado todos los vocales además de Álvaro Andrade, Marcel Guzmán de Rojas y Windsor Saire Quipoldor, y piden explicaciones sobre el servidor “BO1”, descubierto por EHC Group. Cruz volvió a insistir en el corte del TREP y es secundada por los vocales Gonzales, Iriarte y Mamani.
El vocal Edgar Gonzales López pide que se habilite en la nube Amazon del TSE un servidor, y Dayler de la Cruz Mamani, mediante una laptop, crea un servidor virtual, el servidor BO20, cediendo luego el control a Marcelo Guzmán de Rojas, quien ingresó un flash memory y procedió a una configuración desconocida.
El hombre clave y asesor del TSE, Daniel Martínez Beltrán, operaba de manera remota e introdujo información a los servidores BO1 y BO20 para abultar los votos del Movimiento al Socialismo; esto lo hizo entre el 20 y 21 de octubre de 2019 en coordinación con el equipo mexicano de Territorial Visor. Estos accesos fueron proporcionados por Marcelo Guzmán de Rojas, de la empresa NEOTEC, a cargo de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Como consecuencia de la manipulación a los servidores BO1 y BO20, el servidor principal BO2, encargado de la recepción de información, y el servidor BO3, encargado de la publicación oficial, no cuentan con la misma información en sus Bases de Datos. Se publicó la información del servidor primario BO2 ocultando a la población los datos del servidor BO3.
El 22 de octubre, por medio de la nota GM-Cs-386-2019 dirigida al Secretario General de la OEA, se solicitó una Auditoria Electoral al Cómputo Oficial de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019 y el 22 de octubre de 2019, la OEA aceptó realizar un Análisis de Integridad Electoral.
El 23 de octubre salen del país todos los mexicanos y el venezolano que dirigieron todo el operativo del fraude.
