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El gobierno de la presidente Añez anunció, inopinadamente, el día domingo 2 de agosto del presente año (2020) la clausura del año escolar en todas las unidades educativas públicas, privadas y de convenio.
Las argumentaciones o, mejor dicho, las argucias en las que se pialaron los burócratas del gobierno que intentaban y/o pretendían, vanamente, explicar lo inexplicable: una clausura autoritaria: arbitraria e injusta, han sido bastante graciosas (por decir lo menos).
Para empezar, la presidente Jeanine Añez, en un breve mensaje publicado la noche del mismo domingo 2, afirmó que la clausura del año escolar fue una decisión difícil, pero que se tomó pensando en cuidar la salud y la vida de los niños. “Lo hemos hecho por una sola razón: para cuidar la salud y cuidar la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes y nuestras familias” y que permitir el retorno a clases presenciales habría provocado que se disparen los casos positivos de coronavirus.
A ver, nos ubicaremos señora presidente, a principios del mes de agosto ya estábamos en y con clases virtuales (desde el mes de junio), es decir los profesores y estudiantes estábamos enseñando y aprendiendo en nuestras casas y/o domicilios particulares. No aplica pues, en modo alguno, el tema del cuidado de la salud (las clases virtuales no entrañan riesgo alguno) y menos el pretexto de las clases presenciales, que ya estaban suspendidas desde el mes de marzo. Me preocupa, ¿no habrá alguien que le pueda explicar?
Por su parte, el inefable ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que la clausura del año escolar era debido a la falta de condiciones para llegar con la educación virtual a todo el país; es decir, al retraso tecnológico del país, principalmente del área rural, donde no se cuenta con señal satelital para internet y que la fibra óptica sólo llega a las ciudades. «Por esa situación tan lamentable se decidió clausurar el año escolar”, confirmó durante la conferencia de prensa del día domingo 2 de agosto en la que anunció la clausura del año escolar.
Si bien es evidente y nada novedoso el a(re)traso científico y tecnológico del país, no sólo atribuible al anterior régimen (ningún gobierno se ha preocupado por nuestro desarrollo científico y tecnológico); ¿la solución era clausurar el año escolar?, no, en modo alguno. Precisamente por estas condiciones técnicas y tecnológicas, obviamente deficientes e insuficientes para una educación medianamente coherente y pertinente, clausurar el año escolar es una severa estupidez, digo y reitero una severa estupidez teórica, política y pedagógica.
¿Qué se debería hacer? No clausurar el año escolar, que, por lo que están haciendo (sin ir lejos) los países vecinos (que incluso están retornando a las clases presenciales, como por ejemplo Uruguay) resulta una grave imbecilidad, sino más bien adoptar una actitud proactiva y asumir la situación de crisis, generada por la emergencia del COVID-19, como una magnífica oportunidad para mejorar significativamente el conjunto de nuestros procesos educativos, enriqueciéndolo y engrandeciéndolo (en una dimensión verdaderamente global u holística) con el uso creativo e inteligente de las interesantes e importantes plataformas virtuales disponibles (y muchas gratuitamente) en el mundo de hoy.
No tengo tiempo, menos espacio, para el desarrollo de una propuesta de educación virtual (esto lo he hecho en la Universidad Aymara); pero, es obvio que al menos debiera empezarse por mejorar sustancialmente la infraestructura de telecomunicaciones adecuada (especialmente en las zonas rurales); por la creación de centros comunitarios de tecnologías de información y comunicación (TICs) y otros puntos de acceso público; por invertir (sin retaceos) en la formación de personal cualificado que sepa gestionar esta infraestructura, hacer funcionar los equipos de nuevas tecnologías y, principalmente, transferir este conocimiento y habilidades tecnológicas a otras personas; por formar (hablo de formar en sentido pedagógico, no de cursillos ocasionales, ni de fines de semana) a los profesores en el uso creativo e inteligente de las TICs (entendidas como herramientas didácticas) para que puedan incorporarlas activamente a sus clases; y por el diseño de experiencias de enseñanza y aprendizaje de carácter interactivo y susceptibles de integrar las posibilidades pedagógicas de los entornos virtuales (prácticamente comunes en los niños y jóvenes de hoy, tanto que mi nieta no ha dejado de pasar clases virtuales y está encantadísima).
Una tercera y fallida explicación de la clausura la intentó articular, también ociosamente, el Ministerio de Educación, en cuya página web se publicó un comunicado con fecha 1 de agosto (un día antes del anuncio oficial) en referencia a este tema. En el mismo se describe las discrepancias (por decir lo menos) que se tenían entre el Gobierno y el magisterio sobre el Decreto 4260, que reglamenta la educación virtual en Bolivia.
Efectivamente, había algunos sectores del magisterio que mantenían amenazas de marchas y movilizaciones. Aún si así fuere, ¿se justifica la clausura del año escolar?, no, en modo alguno. El deber, ojo, el deber del gobierno, de todo gobierno medianamente serio (que no es el que tenemos), es pues convenir, concertar, acordar y pactar. No hacerlo y optar autoritariamente por la clausura es simple y llanamente la expresión de una condición antidemocrática y por tanto fascista, además de la evidente mediocridad política y pedagógica de los burócratas del Ministerio de educación.
Post data, por qué recién escribo sobre este tema tan crucial, la publicación es de hoy, pero ya lo elaboré la misma noche de la clausura, el problema es que ningún medio quiso publicarlo y ayer, recién ayer me invitó Cabildeo Digital para ser columnista y lo agradezco infinitamente.
En el próximo artículo abordaré los graves impactos pedagógicos y neuropsicológicos de la clausura del año escolar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de la peligrosa (por su carácter fascista) vulneración del derecho fundamental a la educación y la escasa reacción de la sociedad civil organizada, más allá de pedir, pedigüeñamente, la dotación de la canasta familiar.
* Ex Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
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