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Un ‘empate’ judicial puso en evidencia la magnitud de la crisis de la justicia, sacó a flote la desconfianza en el Órgano Judicial y cuestionó su capacidad para cumplir con su rol tutelar del imperio de la ley.
Audiencia del empate, La Paz.
Dos juristas dijeron a Cabildeo Digital que el suspenso generado en torno a la habilitación o inhabilitación de Evo Morales como candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a un escaño en el Senado devela los profundos problemas derivados del manejo político de la justicia.
“El sistema de justicia vive la peor crisis desde el retorno a la democracia en 1982” dijo el jurista Ramiro Orías y el constitucionalista Iván Lima atribuyó la crisis “a la pérdida de independencia del poder judicial”.
Según Orías, “los vicios y debilidades históricos de la justicia se han vistos agravados y extendidos en la última década” periodo en el que se experimentó “el debilitamiento progresivo de la independencia del Órgano Judicial y la captura política de las instancias de control del Estado”.
Lima, por su parte, dijo que la Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público que declaró la “transitoriedad de todos los cargos” otorgando al Presidente la facultad de designar por decreto supremo de manera interina a las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, “echó por la borda todo el proceso de reformas para mejorar la justicia, que tenía como eje la elección de las altas autoridades de la judicatura por voto popular”.
El diagnóstico de Orías fue demoledor, aseguró que, durante el gobierno del MAS, se generó “un esquema de captura política, arbitrariedad y desmantelamiento institucional del sistema de administración justicia, creando una situación de impunidad estructural, afectando la posibilidad de una genuina rendición de cuentas”.
Lima apuntó al exministro de Justicia, Héctor Arce, como el operador de ese proceso de desmantelamiento, “ha sido el más dañino, ha echado por la borda la carrera judicial, la mayoría de los jueces de carrera han renunciado, se han perdido valiosos profesionales como Roger Valverde y Marcela Siles, sólo por nombrar algunos. Cada año se ha reclutado a los peores elementos dentro de la justicia, Patricia Pacajes, es un ejemplo de ello”.
LOS VOCALES EN EL OJO DE LA TORMENTA
El empate entre los vocales René Delgado y Heriberto Pomier de la Sala Constitucional Segunda de Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, dejó en manos de un dirimidor la resolución del amparo presentado por el MAS para dejar sin efecto la inhabilitación de Morales a una senaduría por Cochabamba, pero también desató sospechas sobre la probidad de los juzgadores.
El vocal René Delgado Ecos, fue puesto en el ojo de la tormenta por su voto a favor de rehabilitar a Morales como candidato. Se reveló que participó de sonados procesos que afectaban al gobierno del MAS. El 2010, sentenció a Jorge “Tuto” Quiroga a dos años y ocho meses de reclusión por calumnias, injurias y difamación contra el Banco Unión, por haber afirmado que esa entidad bancaria se había convertido en una “lavandería” de dinero chavista, de corrupción y “dinero mal habido” tras el caso O’Connor D’Arlach. Seis años más tarde, emitió una orden judicial conminando a Gabriela Zapata a retractarse públicamente por sus acusaciones en contra del entonces ministro de Minería, César Navarro, por encabezar “un consorcio de ministros”, que supuestamente operaba en las contrataciones de proyectos millonarios. También el 2016, impidió que el periodista Humberto Vacaflor se acoja a la Ley de Imprenta y le dio un plazo de cinco días para retractarse de su afirmación que aseguraba que Morales había ordenado el asesinato de los esposos Andrade el año 2000 en el Chapare.
El vocal del empate, René Delgado y vocal el dirimidor Alfredo Jaimes.
También está bajo sospecha el vocal Alfredo Jaimes Terrazas que, este 7 de septiembre, dirimirá la Acción de Amparo Constitucional para resolver si Evo Morales puede ser candidato a senador por el departamento de Cochabamba, desde su refugio en Argentina. Es uno de los 30 vocales constitucionales designados por una comisión con mayoría oficiales en el régimen del MAS. El 2017, cuando ejercía como juez de Sentencia Anticorrupción, suspendió una audiencia del juicio oral contra el exalcalde Edgar Patana, del MAS. Como juez de turno de La Paz ordenó la aprehensión del fiscal Edwin Blanco en un proceso penal contra el exfiscal Humberto Quispe. También integró el tribunal de El Alto que dictó sentencia contra seis coprocesados en el caso de falsos Controles Aduaneros.
LA JUSTICIA BAJO SOSPECHA
Las actuales autoridades judiciales han perdido credibilidad, aseguró Ramiro Orías, “no hay confianza en su capacidad para emitir sentencias en ajuste a la ley”.
Iván Lima dijo que la desconfianza en los operadores de justicia se debe a su participación “en casos emblemáticos que han puesto en evidencia que han cedido a presiones externas e internas”.
Por separado, ambos coincidieron que muchos juzgadores están desacreditados por haber servido al régimen anterior, pero insistieron que la crisis estructural de la justicia se debe a que no hubo garantías para un desempeño independiente, imparcial y transparente.
Según Orías, en la última década se han pasado por alto todos los estándares internacionales “para implementar un sistema genuino de carrera judicial, basado en calificación de méritos y competencias profesionales, de ingreso, permanencia, capacitación, ascensos y retiro de la función jurisdiccional, gestionado por un régimen que asegure un gobierno judicial autónomo frente a los poderes políticos y otros poderes fácticos”.
Lima, por su parte, señaló que no se ha respetado la permanencia e inamovilidad de los jueces, “la mayoría son jueces transitorios, contrariamente las recomendaciones sobre independencia judicial de la ONU y la CIDH que recuerdan que hay una relación directamente proporcional entre el periodo de permanencia de los jueces y la calidad de la democracia. La transitoriedad ha sido un mecanismo usado para controlar la justicia”. Además de su permanencia en el cargo, añadió Orías, también se debe garantizar una adecuada remuneración, “esa es una condición para disminuir también el problema de la corrupción”.
En su informe Estado de la Justicia 2018, la Fundación Construir reporta que “en Bolivia cerca del 80% de jueces bolivianos son transitorios o provisionales, lo que conlleva el riesgo de que tomen sus decisiones sólo con el objeto de complacer a la autoridad de la cual depende su nombramiento o permanencia en el cargo, generando, por tanto, una duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de que puedan participar de manera independiente en los procesos, sin temor a represalias”.
Lima apuntó nuevamente al exministro Héctor Arce por el desprestigio de la justicia, dijo que “el Ministro de Justicia llegó al extremo de condenar a la gente a través de su twitter, muchos casos eran controlados desde el Ministerio de Gobierno, no nos olvidemos del clan de extorsionadores, y de tantos jueces que han terminado procesados, detenidos por haber sido contestatarios al régimen, el último periodo del MAS ha sido nefasto para la justicia”.
Frente a ese panorama, Orías aseguró que urge “un proceso de saneamiento judicial, bajo mecanismos que aseguren el debido proceso y la imparcialidad (…), frente a la concentración de poderes y el régimen autoritario que Bolivia busca superar, la transición hacia una nueva justicia requiere ser pensada y abordada de manera innovadora y creativa”.
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