La Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia), planteó un recurso de revocatoria contra el reglamento de promociones empresariales de la Autoridad Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) porque afecta al sector que busca reactivarse tras la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“Cumpliendo su visión de defender al empresariado privado, la Cámara ha planteado un recurso de revocatoria contra el reglamento de promociones empresariales porque impone bajo ciertas reglas frenar las campañas comunicacionales y publicitarias de los diversos sectores, afectándolos de forma directa”, aseguró el gerente general de la CNC, Gustavo Jáuregui.
El ejecutivo explicó que dicha norma pone en riesgo la reactivación de las empresas del sector comercio y servicios, mucho más considerando el impacto negativo debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y las medidas de cuarentena rígida y flexible asumidas a la fecha.
En esa línea, Jáuregui afirmó que los sectores de comercio, servicios, hotelería, gastronomía, telecomunicaciones, entre otros, ven como opción las campañas u ofertas como posibles medios para lograr reactivar sus actividades, ofertando sus productos y/o servicios, sin una mayor restricción que la preferencia que tengan los ciudadanos.
Ante esto, citó por ejemplo que la normativa busca restringir a los operadores de telecomunicaciones (telefónicas y otros) en sus ofertas que se efectúan, en el marco de lo regulado por su normativa específica (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación).
“Y esta norma de menor jerarquía no pueden pretender modificar dicha ley, lo cual muestra uno de los muchos defectos de la redacción de ese reglamento, que la hace inconstitucional e ilegal”, aseguró.
A partir del 19 de septiembre, en la urbe paceña se inició la segunda fase del post-confinamiento, con el reinicio de al menos siete rubros de actividades, a fin de reactivar la economía local. Para ello, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) autorizó la reanudación de actividades económicas que concentran gran número de personas como restaurantes, pensiones, patios de comida, cines, gimnasios y salas de internet, además de otras actividades como licorerías y espacios culturales.
En ese sentido, el gerente indicó que dichos sectores también se verán afectados con dicho reglamento porque no podrán efectuar ofertas a sus clientes para impulsar la venta de sus productos y/o servicios, pues no son precisamente promociones sino un incentivo para sus clientes.
“No se puede pretender sancionar las promociones de las empresas formales grabándolas con sanciones o burocracia innecesaria, puesto que la publicidad y propaganda ya están pagadas y focalizadas por los municipios y nadie podría ser grabado dos veces por un mismo hecho generador”, manifestó Jáuregui.
Para el gerente la reactivación de los sectores es de vital importancia, por lo que no se puede pretender destruir con dicha normativa los beneficios que las empresas otorguen a sus clientes o usuarios como los descuentos, los combos y otros que ayudan al mercado a autorregularse y promover la oferta y demanda en este momento en que muchos sectores han sido muy afectados por la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“Este tipo de normativa afecta de manera directa a la reactivación de los negocios, y solo estaría impulsando la informalidad, en desmedro de los emprendimientos formales”, aseguró Jáuregui.
Finalmente, el gerente Jáuregui estableció que será necesario encaminar el actuar de las entidades regulatorias del Estado, en bien de fomentar y promover la actividad formal de la economía del país, que beneficia a través de sus contribuciones tributarias y la generación de empleos dignos para nuestra población, generando algo de certidumbre a la sociedad boliviana que en esta etapa de emergencia más lo necesita.
MAIB
