Cedib: El Gobierno cambió un decreto incendiario por otro

foto: Los Tiempos



Vía Página Siete 

El Gobierno abrogó un decreto “incendiario” para reemplazarlo por otro prácticamente igual, de acuerdo con un análisis realizado por el investigador del Centro de Documentación en Información Bolivia (Cedib)  Jorge Campanini.

El pasado miércoles 16 de septiembre, el gobierno de Jeanine Añez promulgó el Decreto Supremo 4333, el cual abroga el Decreto Supremo 3973 del 9 de julio de 2019,   que ampliaba la autorización de desmontes en el departamento de Beni y que fue calificado por el ministro de la Presidencia Yerko Núñez como el decreto “del ecocidio”.

  Sin embargo, el mismo 16 de septiembre el Gobierno también promulgó el DS 4334, el cual reemplaza al DS 3973, con un texto muy similar al del decreto abrogado.

De acuerdo con Campanini, al promulgar un nuevo decreto que reemplaza al anulado, la abrogación realizada por el Gobierno  carece de sentido, ya que este renueva la autorización de desmontes en Beni.  

“En pocas palabras, la derogación del famoso decreto de marras  no es otra cosa que una medida que carece de sentido, cuando entra en escena el novel Decreto Supremo  4334, dado que, desde octubre de 2019, se encuentra vigente el Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Beni, mediante ley departamental 092 y esta se pone en práctica a partir de la aprobación del manual de elaboración del Plan de Ordenamiento Predial, mediante Resolución Administrativa de la ABT Nº 129 del 10 de julio de 2020”, señaló el investigador.

La principal similitud de ambos decretos, indica Campanini, es que ambos modifican el artículo 5 del DS 26075 de 2001, el cual ya autorizaba los desmontes en Santa Cruz.

“El nuevo marco, promulgado por Añez, repite el objetivo del decreto derogado, vuelve a incluir a Beni en el esquema y permite extender el modelo depredador de la agroindustria cruceña, permitiendo el desmonte intensivo transformando y afectando radicalmente la estructura y funciones del suelo en este departamento”, agregó.

El investigador del Cedib agregó que la  medida realizada por el Gobierno  no tiene ni tendrá ningún impacto real, puesto que no se ha modificado la estructura política y normativa que permite los chaqueos y que está representada por las 12 normas que promueven la expansión de la frontera agrícola.

Por su parte, el director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma) Miguel Ángel Crespo manifestó que la abrogación del Decreto 3973 no resuelve el tema de fondo, que son los incendios y el efecto que estos tienen sobre el medioambiente y la salud de las personas, que por el humo y su relación con el sistema respiratorio de las personas, las hace más vulnerables a la Covid-19.

 “Con esta abrogación y la declaratoria de emergencia de manera tardía,  no se soluciona el problema de fondo que está causando este nuevo desastre socioambiental,   en momentos en que la pandemia está azotando a los bolivianos, y en el que el humo de los chaqueos está afectando el sistema respiratorio de miles de bolivianos y que son presa fácil de la Covid-19”, expresó.

Los dos  decretos

  • DS 3973 En los departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permiten las quemas controladas de acuerdo con reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan. 
  • DS 4334 El desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni en las áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelos (PLUS) que así lo permitan, estará sujeto a los instrumentos de gestión y ejecución, aprobados por la ABT, de acuerdo a reglamentación específica.

Activistas marcharon por la anulación de normas

Un grupo de activistas ambientales marcharon ayer por el centro paceño y protagonizaron una protesta en puertas del Ministerio de Planificación, pidiendo la anulación de las llamadas “normas incendiarias”.

Bajo los lemas “Evo, Jeanine, los mismos ecocidas” y “Abrogación del paquete incendiario”, los activistas empapelaron la entrada del ministerio con sus consignas, exigiendo la anulación de una docena de normas que autorizan y condonan los desmontes y quemas para la ampliación de la frontera agrícola.

Esta manifestación se da luego de que el miércoles el Gobierno abrogara el Decreto Supremo 3973, el cual autorizaba los desmontes y quemas en el departamento de Beni y que el ministro de la Presidencia Yerko Núñez llamó “el decreto ecocida”.

Desde febrero de 2001 hasta octubre de 2019, al menos 12 normas, entre leyes, decretos supremos y una resolución departamental, promueven la ampliación de la frontera agrícola mediante los chaqueos y quemas, con el argumento de garantizar la seguridad alimentaria. Los activistas afirman que esas normas son “incendiarias”, porque permiten la deforestación de áreas que se convierten en tierras agropecuarias.

Miguel Ángel Crespo, director de Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma),  afirmó que el Gobierno derogó el decreto 3973, pero este sólo modifica el artículo 5 del Decreto Supremo 26075, vigente desde febrero de 2001.

“Por lo tanto, no tiene efecto sobre la Chiquitania ni otras áreas del oriente, ya que la norma sólo incluye a Beni. Con esta derogación no se soluciona el problema de fondo que está causando este nuevo desastre socioambiental, que afecta principalmente a Santa Cruz”, lamentó el experto.

Autoridades  se trasladaron a Copaibo para coordinar acciones

Una comitiva integrada por autoridades e instituciones, liderada por el ministro de Defensa  Fernando López, se trasladó ayer a la reserva forestal de Copaibo, en el municipio de Concepción, identificada como la zona más compleja debido a los incendios del departamento de Santa Cruz.

    El objetivo es verificar las labores de contención y la logística que puso en marcha para atacar el fuego en esa región.

    “Estamos partiendo a la zona de Copaibo, que es la zona un poco más compleja, con el objetivo de ver la eficiencia de los hidroaviones, que van a hacer una primera pasada en la zona este de Copaibo específicamente”, señaló López.

    Agregó que también se está yendo a verificar las condiciones en las que se encuentran los soldados, los voluntarios, su campamento, la comida y el equipamiento  para controlar el fuego.

    “Esa es la misión que tenemos para hoy (...) y, en paralelo, otro equipo está viendo igual las necesidades que hay en la zona de San Ignacio (donde también se registran incendios)”, señaló.

    Por su parte, la ministra de Medio Ambiente  María Elva Pinckert  afirmó que se están gestionando también tractores “oruga” de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para abrir los caminos de “cortauegos”.

    Entonces, el objetivo es atacar el fuego “por aire y tierra (...), y esperemos que este fin de semana nos acompañe Dios con la lluvia porque hay pronóstico de lluvias”, afirmó.

    El pasado miércoles, el Gobierno declaró emergencia nacional por los incendios para que se asuman acciones sin trabas burocráticas y así movilizar todos los recursos que sean necesarios, incluso solicitando ayuda internacional.

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