Sentencia del TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA NATURALEZA: ECOCIDIO EN BOLIVIA

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) determinó que en Bolivia se cometió un ecocidio en 2019, en una histórica sentencia en la que sindica como responsables a los gobiernos de Evo Morles y Jeanine Añez.

Organizaciones indígenas y de la sociedad civil durante la audiencia del TIDN

El tribunal resuelve que el presente caso es un ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio. Autoridades administrativas, legislativas y judiciales", señala la sentencia sobre los incendios del 2019 que demanda la abrogación de las normas “incendiarias” causantes del desastre. 

Según las pruebas presentadas por los demandantes en el caso Chiquitanía, Chaco y Amazonia Vs. Estado Plurinacional de Bolivia, se quemaron 6.4 millones de hectáreas.

“Corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al Gobierno de Evo Morales 2019, Gobierno Añez 2020 y Gobernación de Santa Cruz y Beni; Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras; Asamblea Legislativa. Bancadas del oficialismo y la oposición; Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental; (y al) extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación”, dicta la sentencia del TIDN.

Demanda la abrogación de las normas que promueven la ampliación de la frontera agraria y con ello las quemas y desmontes: Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y su D.S. 1578; Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la Ley 337. Ley N° 741, de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias y Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas. Decreto Supremo 3973 de Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. Ley N° 1098 y D.S. 3874 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción de biodiesel, todas, aprobadas por el gobierno de Evo Morales, y la Ley Departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso del Suelo del Beni que aprobó la bancada del MAS.

También exige la revocación de los decretos supremos 4232 y 4238, aprobados durante la gestión de Jeanine Añez, que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. R.A. 084/2020 SENASAG que aprueba requisitos fitosanitarios para la importación de Eucalyptus spp. para ser implementados en plantaciones forestales.

El fallo fue emitido este jueves por las y los jueces Nancy Yañez, de Chile; Patricia Gualima, de Ecuador; y Felicio Pontes, de Brasil, luego de recibir los testimonios de las organizaciones indígenas, activistas, bomberos, la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco en las audiencias virtuales del lunes 17 y martes 18 de agosto.

LOS TESTIMONIOS DE LA DEVASTACIÓN

Incendios en la Chiquitania 2019. Crédito: Cejis

“Fueron 70 días que vivimos esta zozobra”, relató Zoila Zeballos, presidenta del Comité de Gestión de Área de Conservación y Patrimonio del Valle de Tucabaca, y contó que “Los niños tuvieron que ser puestos a buen resguardo y las mujeres y hombres se quedaban para apagar el incendio” durante las audiencias virtuales que el Tribunal abrió el 16 y 17 de agosto, antes de sesionar y emitir su fallo.

“Los tigres que eran feroces se volvían mansos porque buscaban ser protegidos” recordó Germinda Casupá, vicepresidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de la Chiquitanía (OMICH)

“Los animales silvestres llegaban a la casa y uno podía agarrarlos y darles agua, eso fue lo más doloroso que hemos vivido”, corroboró el cacique de tierra y territorio de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Felipe Castro. Dijo que aún soportan las consecuencias de la devastación: “No tenemos agua en nuestras comunidades, nuestros animales han consumido el agua contaminada por las cenizas y murieron; íbamos de pesca y los peces estaban muertos”.

Richard Rivas, director de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural del Valle de Tucabaca detalló que “Al menos seis comunidades indígenas y campesinas fueron afectadas de forma grave con la quema de sus cultivos y viviendas” y lamentó que “hasta ahora no han sido cuantificados los daños a la flora y fauna endémicas y a las microcuencas y nacientes de agua que proveen a la región”. 

El director de Áreas protegidas de la GAIOC Charagua Iyambae, José Ávila, dijo que “Tenemos evidencia de que el pueblo Ayoreo vive en los parques Ka Iya, Ñembi Guasu y en parte del Paraguay; con los incendios se perdió gran parte de la biodiversidad de la que depende su vida. El fuego no paso al Ka Iya y asumimos que están viviendo en este sector”.

“Nosotros somos los que cuidamos los bosques. Es lo último que nos queda; si no lo cuidamos y no lo hacemos respetar, vamos a ser cómplices de la destrucción de los territorios y de las diferentes especies de flora y fauna”, aseveró el presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Héctor Tamo.

Los testimonios dieron cuenta de las secuelas y apuntaron a las causas del desastre ambiental. “Nos vino la helada, después los incendios, la sequía por los incendios. Fue arrasando con todos los cultivos, los potreros, el agua se fue secando y no hubo mucha lluvia. El agua se ha contaminado, los animales están sufriendo por el agua”, contó Germina Casupá, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). 

El cacique general de la Central Indígena Chiquitana Germán Busch, Vicente Parabá, explicó que también se encuentran amenazados por los incendios que ocurren en otros países. “Se debe ver el tema de los fuegos transfronterizos, los incendios ingresan desde Brasil o Paraguay por la ampliación de sus pastos ganaderos y están afectando a Bolivia; lamentablemente nuestras autoridades no están haciendo lo que corresponde a través de Cancillería”, aseveró.

Héctor Tamo denunció que “el nuevo Plan de Uso de Suelos fue aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni el 2019, pretende promover la ganadería y la agroindustria en el departamento” y pidió al TIDN interceder ante el Estado de Bolivia “para que los pueblos indígenas sean consultados en la aplicación de este tipo de normas, porque afectan de manera directa nuestros territorios”.

En relación a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, el fallo del TIDN demanda la implementación de medidas de reparación que incluyen el cumplimiento del marco normativo nacional sobre la protección de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, medidas necesarias para la restauración de sus territorios, en especial del Ayoreo que se encuentra en situación de aislamiento voluntario en el área del parque Ñembi Guasu, en Charagua Iyambae, y la TCO Santa Teresita, así como medidas para garantizar su derecho a la vida, integridad física y psíquica.

“El Tribunal ha conocido que los incendios forestales han afectado a 36 territorios indígenas en una extensión de 1.226.714 hectáreas. Entre los pueblos indígenas afectados se encuentran: Chiquitano, Ayoreo, Guaraní, Guarayo (Santa Cruz), Cayubaba, Baures, Sirionó yAaraona (Beni). Adicionalmente, llama la atención la afectación a Ñembi Guasu, declarada como área protegida por el Gobierno Autónomo Indígena de Charagua Iyambae, y que forma parte de los circuitos territoriales de transhumancia del pueblo Ayoreo en situación de aislamiento voluntario. Los incendios han alcanzado las 426.028 hectáreas, es decir el 36% de su superficie”, expresa.

LA MAGNITUD DE LA CATÁSTROFE

“En Bolivia se quemaron 6.4 millones de hectáreas, de los que el 65% de la superficie afectada se concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29% en el Beni, afectando principalmente a la región de la Chiquitanía, que es parte de la Amazonía y el Chaco boliviano, y se integra, a su vez, por los ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal, el Cerrado y el Chaco. Los demandantes señalan que el 27% de las áreas afectadas se quemaron por primera vez”, detalla el Tribunal.

Los incendios también afectaron a 1.133.037 ha. de áreas naturales protegidas, 969.718 ha. de tierras de uso forestal, 341.790 ha. de tierras de uso silvopastoril y 5.336 ha. de tierras de uso restringido.

Entre las áreas protegidas nacionales, la mayor superficie quemada se dio en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, afectando el 26% (772.831 ha.) de su superficie y el Parque Nacional Otuquis con el 35% (313.744 ha.) de su superficie quemada.

Se incendiaron 1.961.649 hectáreas dentro de ocho sitios RAMSAR, que son humedales de importancia mundial para la conservación de aves migratorias, estacionales y numerosas

Concluye que “La consiguiente contaminación de las aguas por las cenizas, dañó su calidad, lo cual también afectó a las poblaciones que se proveen de ellas, causando la migración de las comunidades indígenas, durante y posterior a los incendios. En este punto, el TIDN determinó informar de manera inmediata a la Oficina de la Convención RAMSAR acerca de los daños ocasionados por los incendios forestales en estas regiones, dando cumplimiento a la obligación del Estado boliviano establecida en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas”.

UN FALLO HISTÓRICO QUE ABRE OTRA ETAPA DE LUCHA

“Este es un fallo histórico”, dijo Guadalupe Navarro, bombero voluntario, que es parte de la Fundación GEOS – BOLIVIA de voluntarios de salvamento y rescate, en contacto con Cabildeo Digital.

Reconoció que “si bien no tiene un carácter vinculante, este fallo tiene valor ético y moral que nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante” y detalló que, junto a varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil, la demanda boliviana fue presentada en diciembre de 2019, durante la 5ta sesión del TDIN que tuvo lugar en Chile.

Navarro dijo que “continuaremos en la búsqueda de justicia porque no se puede repetir lo que vivimos junto a otras instituciones de bomberos que hemos combatido en los incendios de la Chiquitanía” y destacó que “es muy importante que el Tribunal se haya comprometido a dar seguimiento a este crimen de ecocidio y establecer una comisión permanente para vigilarlo, porque esto nos permitirá continuar con nuestros reclamos en todas las instancias nacionales e internacionales”.

Germina Casupá, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), dijo a Cabildeo Digital que “este fallo hace justicia para los pueblos indígenas, vamos a luchar porque se cumpla, es muy provechoso para los chiquitanos y para los otros municipios que han sido afectados”.

Admitió que “no será fácil porque hay muchos intereses en juego” y recordó que, en febrero de este año, las organizaciones indígenas entregaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidencia del Estado una Ley y un Decreto Supremo para abrogar todas las normas que “nos llevaron al desastre, pero nunca respondieron”.

El pasado 4 de agosto, el TIDN solicitó a la presidenta, Jeanine Añez, información sobre la abrogación o modificación del paquete de normas, pero no recibió respuesta.

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) se creó el 2014 para promover el respeto universal y la garantía de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Tiene la potestad de investigar y emitir un dictamen sobre cualquier violación de los derechos que haya sido cometida por organizaciones internacionales, Estados, personas jurídicas, privadas o públicas o individuos. Sus decisiones no son vinculantes, pero tienen un valor ético de gran impacto internacional.