La banca alerta que nuevo diferimiento afectará la estabilidad

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Bancos, financieras y cooperativas alertan que un nuevo diferimiento del pago de créditos afectará la estabilidad económica y financiera del país, más aún si responde a criterios político electorales.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito a través de un comunicado, rechazaron públicamente la aprobación de la Ley 790 por el Senado que amplía hasta el 31 de diciembre, el diferimiento del pago de créditos sin intereses.

Las asociaciones y cooperativas financieras aseguraron que la normativa fue sancionada "con criterios políticos y electorales de corto plazo", sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional ni sus potenciales efectos.

La Cámara de Senadores sancionó el miércoles la citada ley que en su artículo único indica: “Se modifica el parágrafo I del artículo 1 de la Ley 1294 del 1 de abril, precisando que las entidades de Intermediación Financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (marzo) al 31 de diciembre de 2020”.

En la argumentación el presidente en ejercicio de la Cámara Alta, Leónidas Milton Barón, dijo que la norma sancionada da certeza a los ciudadanos ante la “mala interpretación” realizada por el sistema financiero, basada en normas del Gobierno que causaron preocupación y molestia, sobre todo en las micro y pequeñas empresas.

Al respecto, el comunicado indica: “La ley sancionada afectará considerablemente la capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias para superar la crisis que aqueja a la población. Convocamos a las autoridades nacionales a evaluar responsablemente el impacto de esta ley y a actuar deponiendo otros intereses que no respondan a precautelar el bien mayor que constituye la estabilidad económica y financiera del país”.

Asimismo, el sector recuerda que durante los meses de cuarentena, las entidades de intermediación financiera atendieron favorablemente las solicitudes de diferimiento y reprogramación de aquellos prestatarios que, producto de la emergencia sanitaria, tienen dificultades en cumplir con sus obligaciones, para priorizar preservar la salud económica y financiera de sus clientes.

Pese a ello, los representantes del Senado enviaron la Ley 790 a la presidenta, Jeanine Áñez, para su promulgación.

UTILIDADES

Entre la sanción legislativa y su envío al Ejecutivo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), hizo conocer un informe a través del cual señala que al mes de junio, las utilidades de las entidades financieras cayeron en 31,33%.

De acuerdo a la ASFI, en el primer semestre de 2019 los beneficios del sector llegaron a $us 1.015 millones mientras que este año en el mismo período alcanzó $us 697 millones.

MAIP