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Lo denunciamos en febrero de este año y recién a fines de junio el Gerente General de la Gestora de Pensiones, Sergio Flores, denunció ante la Fiscalía a Luis Arce Catacora por la compra directa de un software en más de 5 millones de dólares que nunca llegó.
Inmediatamente, desde su mansión de Buenos Aires, el jefazo del candidato del MAS y ex Ministro de Economía y Finanzas de su régimen, salió con un tweet haciéndose la víctima: “. El MAS denuncia ante la Comunidad Internacional el plan de Añez para inhabilitar a Arce.. “
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, a dos meses de elecciones en #Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato @LuchoXBolivia y al MAS-IPSP e impedir nuestra participación electoral.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 1, 2020
Entre tanto, Arce, en conferencia de prensa, reconoció que la denuncia era cierta. “ Nos fallo la empresa”, dijo. Pobrecito, ¡lo engañaron!. Historia parecida nos contaron los ex Ministros de Defensa que pagaron 30 millones de dólares por unas barcazas chinas que no vimos ni en foto.
En realidad Arce Catacora no tiene nada de pobrecito. Fue una adjudicación directa a una desconocida empresa panameña a la que Arce le entregó como adelanto 3 millones de dólares sin pedir ninguna garantía a cambio. Los panameños recibieron los dólares y se hicieron pepa, como era de esperar. Arce Catacora, que no es ningún ingenuo para dejarse fallar, tiene que responder por este asalto a las arcas del Estado que él mismo administraba.
En la misma conferencia de prensa, Arce pasó a la ofensiva y dijo que es una barbaridad que el actual gobierno “no esté haciendo nada para el avance de la Gestora..”. Si el cinismo fuera un delito, Arce debería recibir la pena máxima. Esa Gestora, creada por él para reemplazar a las AFPs, debía entrar en funcionamiento el año 2016, de ahí en adelante se limitó a disponer postergación tras postergación hasta que en su último anuncio como Ministro de Economía dijo que la Gestora estaría lista el 2021. Y ahora resulta que está preocupado porque la Gestora no avanza.
El chiste de las postergaciones le costó al país Bs. 200 millones que en verdes llega a 28 millones de dólares, y pudieron ser más si no había el cambio de gobierno, porque Arce antes de irse del palacete que se construyó firmó otro contrato para el mismo software, pero esta segunda vez por 10 millones de dólares, contrato que fue anulado por el actual titular de Finanzas, José Luis Parada.
Arce Catacora no será inhabilitado, en vano la CIDH llorará por él. Agitará las banderas azules del volver, volver y dependiendo de los resultados de septiembre veremos si se puede hacer justicia.
Pero no es solo el software, hay mas datos y detalles que relato a continuación :
LA GESTORA DE LA CORRUPCIÓN
Luis Arce Catacora en su condición de exministro de Economía armó a lo largo de 5 años una maquinaria de enriquecimiento ilícito so pretexto de la nueva Gestora Estatal de los fondos de pensiones, cuya existencia está justificada por mandato de la nueva Constitución y la nueva Ley de Pensiones.
Pudieron reemplazar a los ejecutivos de las AFPs por funcionarios del gobierno y emplear todo el personal y la infraestructura instalada de estas administradoras privadas. Rápido y barato. Pero, si el objetivo son las coimas que dejan las contrataciones directas, las adquisiciones con sobreprecios y las millonarias consultorías, la vía adoptada por Arce Catacora es la más acertada.
Hizo durar el proyecto lo más que pudo, con tres postergaciones y hasta ahora no arranca. La Gestora debía estar funcionando en 2016. Después en 2017. Luego, en 2019 y finalmente en 2021.
En marzo de 2019, cuando Arce Catacora anunció la última postergación le echó la culpa al incumplimiento de la empresa panameña Sysde que no entregó el software contratado por 5 millones de dólares. Sysde no fabrica software, su especialidad es el asesoramiento empresarial, y, sin embargo, obtuvo un contrato directo, sin licitación de por medio. Entre el 2017 al 2019 esta empresa ya había cobrado el 82 % de su contrato. Sin embargo, apenas había entregado 28 de los 83 productos que se había comprometido, es decir tenía un avance de apenas el 34 % del trabajo, según datos proporcionados por el propio ex ministro Arce. La última auditoria estableció que los panameños recibieron como anticipo algo más de 3 millones de dólares, como mencionamos a un principio.
Tras el fracaso con los panameños, Arce aprobó la contratación - también de forma directa - de otra empresa, una colombiana que tampoco fabrica software, la Heinsohn Business Technology, pero esta segunda vez por 10.9 millones de dólares. ¡Ya vamos por los 15 millones de dólares por un mismo software!
Arce justificó estos contratos asegurando que las AFPs trabajan a mano. No es cierto. Las AFPs, las dos, tienen un registro completo de más 2 millones de afiliados y eso solo es posible gracias a un software de enorme capacidad.
Cuando esta gestora se creó, en 2015, se le asignó un presupuesto de 200 millones de bolivianos. Para marzo de 2019 ya habían gastado 97.5 millones, es decir casi la mitad de su presupuesto, según la investigación de Página Siete. Y, en el presupuesto de la gestión 2019 se le asignaron otros 119 millones de bolivianos.
La Gestora realizó 125 procesos de contratación o adquisición directa, y, de ellos, 8 superan el millón de bolivianos, de acuerdo a SICOES, citado por Página Siete.
Además, de las dos empresas contratadas para un mismo software, una por 5 millones de dólares y la segunda por 10 millones de dólares, compraron 3 pisos en el edificio Gundlach por algo mas de 2 millones de dólares. ¡Cada piso a 800 mil dólares!
Figura un contrato para el diseño e implementación de un centro de procesamiento de datos por 2.7 millones de bolivianos. Otro, por 14.4 millones de bolivianos para un servidor y licencias Oracle.
En 2017, esta Gestora que todavía no administra ni un peso de los aportes para pensiones, contrató por 24 meses a 3 consultores por un millón de dólares. Y entre los años 2017 y 2019 destinó otros 808 mil dólares para el item de consultorías.
Hasta marzo de 2019, ya había gastado 18,3 millones de bolivianos en sueldos y salarios, equivalente a 2,6 millones de dólares. El Gerente General gana 31 mil bolivianos al mes, unos 5 mil dólares al mes.
Para justificar alguna actividad, Arce transfirió a esta repartición, a partir de enero de 2018, la tarea de pagar la renta dignidad y para ello contrato a 169 empleados, subiendo el número total del personal a 217, para quienes se destino más de medio millón de bolivianos solo en el pago del doble aguinaldo. En diciembre pasado, 25 de ellos fueron despedidos.
Luis Arce Catacora y Mario Guillen, que por muchos años condujo la política de pensiones y que por año y medio reemplazó a Arce en la cartera de Economía , tienen que responder por todas estas millonarias pérdidas causadas a los trabajadores y al Estado boliviano, pérdidas que son inversamente proporcional a las fortunas espurias de la corrupción.
El GRAN NEGOCIO DE LAS PENSIONES
Los aportes para las jubilaciones han servido para enriquecer a todos los que se han arrimado a su administración, en contraste con los propios jubilados que están cada vez peor.
Esos aportes son cuantiosos y una tentación para el gobierno, han llegado a los 19.000 millones de dólares al 30 de diciembre de 2019. Es una cifra exorbitante, inclusive mayor a la Reserva Monetaria Internacional del año 2014, que fue de 15,418 millones de dólares, el mejor año por la bonanza de los precios internacionales de las materias primas.
LAS AFPS GANAN Y LOS APORTANTES PIERDEN
Desde el año 1996 la administración de estos recursos está en manos privadas: la AFP Previsión que responde al Banco Bilbao Viscaya Argentaria, BBVA, y la AFP Futuro del grupo Zurich Financial Service.
Y, quién lo diría, bajo el régimen de Evo Morales las ganancias de ambas administradoras crecieron en un 77%. La AFP Previsión, en 5 años se hizo de 22 millones dólares. Es llamativo que el crecimiento de sus ganancias ha ido en aumentado cada año. El 2013 y 2014 la utilidad fue de tres millones de dólares anuales. Los dos siguientes años subieron a 4 millones de dólares y entre el 2016 al 2017 llegaron a los cinco millones de ganancias anuales, según publicó La Razón en agosto de 2018. Rimay Pampa, por su parte, publicó que, en un período de 7 años, del 2010 al 2016, ambas AFPs acumularon ganancias por 53 millones de dólares. Por su parte, sus gerentes y planta ejecutiva han percibido ingresos al nivel europeo. El Gerente General percibió 220 mil bolivianos al mes, es decir, 31 mil dólares, una fantasía para el nivel de ingresos de los trabajadores bolivianos.
En 2015, el gobierno anunció que la administración de las pensiones iba a pasar a manos de una empresa estatal, una gestora que iba a reemplazar a las AFPS en junio de 2016. Desde entonces, la transferencia se postergó en tres ocasiones, como ya lo dijimos.
Una gran oportunidad para hacer dinero insospechado. El BBVA demandó al Estado boliviano por violar su contrato indefinido ante el CIADI, Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones, dependiente del Banco Mundial. El monto de la demanda todavía se mantiene en reserva, pero será enorme. Y, ¿quién pagará esa indemnización? Sí, en efecto, los millones saldrán de los aportes de los asalariados a las AFPs.
APORTES VAN A PARAR AL GOBIERNO Y A LOS EMPRESARIOS
Así mismo, anoticiados hace 5 años de la inapelable transferencia, las AFPs, dejaron de cumplir con su principal tarea: multiplicar el dinero de los trabajadores mediante inteligentes inversiones. Por el contrario, el resultado de su gestión fue la caída de la rentabilidad de estos ahorros por dejado del índice de la inflación, por lo tanto, se anota una pérdida neta. La rentabilidad o interés para estos aportes debería estar alrededor del 10 %. Sin embargo, la obtenida por las AFPs fue en promedio del 2,5 %.
Las AFPs optaron por lo más fácil, la compra de bonos y letras del Tesoro en el Banco Central de Bolivia. El Diario del 26 de enero de 2017 señalaba que por ese mecanismo, 5000 millones de dólares de los aportantes pasaron a disposición del gobierno del MAS.
Así también, el gobierno de Morales usó 150 millones de dólares de estos recursos para “comprar aliados”, según comentario del economista Pablo Villegas. En efecto, con dinero ajeno y mediante Decreto Supremo se ordenó la apertura de una línea de crédito en el Banco Unión para los empresarios agroindustriales del oriente. Si estos empresarios, por cualquier razón, no llegaran a devolver estos fondos, la pérdida será para los trabajadores y no para el Banco Unión que es solo un intermediario, que además cobra una comisión por esta tarea.
Hay otros empresarios que también se beneficiaron con los aportes retenidos a los trabajadores y no entregados a las AFPs. En total 100 millones de dólares que se buscan recuperar a través de 6000 procesos judiciales, según un informe la fundación Milenio.
AFPs Y COVID-19
El coronavirus ya hizo caer la economía en casi el 5% y seguiremos cuesta abajo. Esto significa que tendremos menos producción, cierre de empresas, despidos masivos, y consecuentemente menos aportes a las AFPs que han aumentado de golpe sus obligaciones por concepto de Gastos Funerarios e indemnizaciones por contagio de Covid-19 en los centros de trabajo.
En la desesperación, muchos trabajadores que han quedado en la calle piden la devolución de sus aportes que parece una exigencia justa pero tiraría abajo el sistema de pensiones.
No hay duda que el próximo gobierno, el que salga de la urnas, tendrá que decidir qué hacer con la parasitaria Gestora y toda la corrupción que se cocinó a su interior, qué pasará con las AFPS y cómo garantizará el pago de pensiones en el marco de la más profunda crisis económica.
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