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Vía Brújula Digital.-
La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, en el gobierno de Evo Morales, abandonó al mediodía del lunes la cárcel de Miraflores para dirigirse al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se prevé que firmará unos documentos y después se anunció que emprenderá viaje a la ciudad de Santa Cruz, donde cumplirá su detención domiciliaria.
El juez primero de Instrucción en lo Penal, en materia Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, otorgó detención domiciliaria a Achacollo el viernes (3), también concedió la misma medida a los exministros del MAS: Carlos Romero y César Cocarico, además del vicepresidente del MAS, Gerardo García. También otorgó libertad pura y simple a Felipa Huanca, implicada también en el caso del Fondo Indígena.
Lo que correspondía, según el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, era que el juez no dé curso a ese nuevo elemento porque las partes no habían sido notificadas, es decir, que ellas fueron a la audiencia a tratar de desvirtuar el fundamento único de Achacollo, sin embargo, el juez en su decisión fundamentó la cesación a la detención preventiva en base a nuevos elementos. Por ello, el viceministro anunció el proceso por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución en contra de esa autoridad judicial.
Achacollo está acusada por el desfalco del Fondo de Desarrollo Indígena por un daño económico al Estado de 170 millones de dólares y, según el Ministerio de Justicia, es uno de los 60 casos que quedaron paralizados en sus investigaciones debido a la suspensión de actividades judiciales del Órgano Judicial.
No hay acusación formal desde 2015
En marzo del 2015 el Ministerio Público inició una investigación por el desfalco millonario al Fondo Indígena. Hasta la fecha no se presentó una acusación formal y el Órgano Judicial está paralizado lo que provocó liberación de implicados y retraso en las investigaciones.
“Lamentablemente no existe avance en este caso, se presenta una denuncia en el 2015 contra los involucrados y hasta el momento el Ministerio Público no presentó una acusación formal. Incluso tardaron un año para investigar a la exministra Nemesia Achacollo y no se sabe dónde han ido a parar el dinero”, puntualizó el viceministro Melgar.
Afirmó que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió una circular señalando que los jueces deben reactivar los actos de investigación de los procesos judiciales. Sin embargo, Zárate no cumplió con esa determinación.
Por otra parte, en febrero de este año, el entonces director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe presentó un memorial a la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitando la celeridad de las investigaciones. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta al respecto por parte de la Fiscalía.
En febrero de 2015, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas reveló un daño económico de Bs 71 millones por 153 proyectos inconclusos y fantasmas que recibieron recursos del Fondo Indígena. Sin embargo, a la fecha se conoce que el daño económico asciende a $us 170 millones.
En ese contexto, el exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe denunció que la Fiscalía está encubriendo a los implicados. No dio curso a la aprehensión del exministro de Economía y candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce por ser parte del directorio y autorizar los desembolsos.
En enero del año en curso, Quispe presentó un memorial a la Fiscalía solicitando la ampliación de las investigaciones contra el candidato, lo convocaron a declarar pero este pidió un plazo de 10 días para conocer los avances de la investigación, hasta la fecha no existe ninguna citación. Asimismo, cuestionó la exclusión de la exejecutiva de la Confederación de Mujeres Indígenas de La Paz- Bartolina Sisa, Felipa Huanca del proceso de investigación.
La Contraloría informó que Huanca figura como representante legal y beneficiaria de un proyecto del Fondo Indígena que no fue ejecutado.
El proyecto "Ayni productivo de Bartolina Sisa", con código CNMC-03-02-2012, tenía un plazo de ejecución de seis meses, por un monto de 140.947 bolivianos. Se hizo un primer desembolso de 99.528 y quedó pendiente para transferencia 41.419 bolivianos, es decir un 29,39%.
Los exonerados del casoMelgar indicó que hasta le fecha existe al menos 50 personas que son investigadas en este caso, de los cuales al menos seis se beneficiaron con la detención domiciliaria. Las exministras de Desarrollo Rural, Julia Ramos, Nemesia Achacollo; las exejecutivas de las bartolinas, Melva Hurtado y Felipa Huanca, además de Damian Condori y Félix Becerra.
El senador del MAS, Jorge Choque Salomé se inventó la existencia del pueblo Curaxa en La Paz para beneficiarse de un proyecto y recibir dinero. La justicia dictó su detención domiciliaria en el 2015.
El exdirector de esa instancia, Daniel Zapata está prófugo desde el inicio de la investigación, el único que está en la cárcel es Fernando Aramayo que debe enfrentar más de 70 procesos.
2005: El Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé aprobó el Decreto Supremo 28571, y creó el "Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas". En esa norma se establece que los recursos que administra la entidad están destinados a "financiar proyectos de desarrollo productivo y social".
2013: El entonces presidente, Evo Morales pide a la Contraloría investigar el Fondo Indígena y critica a Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) por intentar oponerse a la investigación.
2015: La Contraloría da a conocer, tras una fase de auditoría, que se detectó un daño económico al Estado por Bs 71 millones en 153 proyectos observados. Más tarde, la interventora Lariza Fuentes eleva la suma a 102 millones de bolivianos.
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