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Foto: Brújula Digital.-
Son más de $us 200 millones que la empresa minera adeuda a 834 trabajadores por 13 años de salarios dominicales. El pago de este beneficio fue “bloqueado” por intereses políticos y económicos de la ex administración de Evo Morales y desviado al MAS, revela el sindicato minero.
“San Cristóbal tiene un poder político y económico, y no le cuesta nada pagar solicitadas a los medios de comunicación y nosotros no tenemos los recursos para hacer lo mismo”, aseguró el secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores de la empresa minera, Henrry Cayo, al negar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hubiera anulado un laudo arbitral con la Sentencia Constitucional 1064/2019-S4, tal como informó la compañía los pasados días.
El dirigente precisó que ese accionar es uno más de muchos que viene realizando esa empresa a fin de no cumplir con la obligación laboral, establecida por Ley en el país, como lo es el pago de salarios dominicales.
“Hay intereses políticos y económicos, más los hemos visto con el anterior gobierno, el poder político y el rol que ha jugado”, dijo apuntando a ex ministros como Juan Ramón Quintana, Milton Gomez y César Navarro de haberse enriquecido ilícitamente, además de favorecer al Movimiento Al Socialismo (MAS) con recursos provenientes de los beneficios sociales de los trabajadores mineros.
La empresa San Cristóbal desde el año 2007 adeuda salarios dominicales a 834 trabajadores por una valor de $us 200 millones, los cuales fueron reconocidos por la misma minera, aseguró el dirigente.
DATO FALSO
El dirigente negó que el TCP, mediante la SCP 1064, de 16/12/2019, hubiera anulado un Laudo Arbitral de 8/08/2019, por lo que es un dato falso que la minera publicó en varios medios de comunicación, valiéndose de su “poder económico”.
Argumentó que San Cristóbal interpuso un Amparo Constitucional por el que la Sala Constitucional Segunda de La Paz, por Resolución 097/2019 de 24/05/2019, ordenó al Tribunal Arbitral que resuelva una Excepción de Incompetencia antes de dictar el Laudo Arbitral, lo que fue resuelto en fecha 23-07-2019, por Resolución 001/2019, para posteriormente dictarse el Laudo Arbitral en fecha 8/08/2019.
Por tanto, la Resolución 097/2019 no anula ningún laudo arbitral y que el proceso entre los trabajadores y la empresa minera se encuentra vigente.
“Continua el proceso, hay una recurso jerárquico en el Ministerio de Trabajo y un amparo constitucional vigente”, explicó Cayo razón por la cual aún no se conoce cuándo San Cristóbal cumplirá con los adeudos a los trabajadores.
DENUNCIAS A EX AUTORIDADES
En marzo pasado, los trabajadores presentaron al Ministerio Público una denuncia formal por los delitos de enriquecimiento ilícito y delitos relacionados con el financiamiento al MAS, partico se beneficiaba con recursos provenientes de las jornadas laborales extraordinarias y otros pagos que no eran cancelados a los trabajadores, según la denuncia.
Al respecto, Cayo señaló que existen suficientes elementos para probar que los dineros de los trabajadores de esa empresa minera fueron “desviados”, un hecho que involucra a ex autoridades del gobierno de Evo Morales como principales promotores del desvió de recursos de ese complejo minero.
La querella presentada contra las ex autoridades y funcionarios de la empresa San Cristóbal contempla a las siguientes personas: Juan Ramón Quintana, César Navarro, Milton Gómez, Héctor Arce, Iván Bascopé, Jenny Ibáñez y Jorge Amed Llorenti Soliz (hermano de Sacha Llorenti).
Según la denuncia, el MAS se beneficiaba con recursos provenientes de las jornadas laborales extraordinarias y otros pagos que no eran cancelados a los trabajadores, razón por la cual los involucrados incurrieron en una serie de ilícitos.
Entre éstos se encuentran delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, retardación de justicia, conducta antieconómica, receptación de delitos de corrupción, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado en relación a falsedad material y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos con recursos de la empresa San Cristóbal.
El Sindicato Mixto de Trabajadores espera que las actividades judiciales se normalicen y que la administración de la presidenta, Jeanine Áñez de cumplimiento a la normativa vigente y la minera proceda al pago del beneficio laboral.
El sitio web de San Cristóbal informa que la capacidad nominal de producción de la planta es de 52,000 toneladas de mineral seco por día. Para ello la planta funciona las 24 horas del día y todos los días del año excepto aquellos días previstos para trabajos de mantenimiento.
Sólo en 2018 logró una ganancia de $us 221 millones, lo que es una muestra del por qué Bolivia fue clasificada ese año de forma consecutiva por la consultora global Wood Mackenzie como “el cuarto país más productivo en minas de zinc a cielo abierto en el mundo”, informa el portal.
La mina está ubicada en Potosí, en la frontera con Chile, y es la fuente de cerca de la mitad de las exportaciones mineras del país.
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