Constructoras de EL ALTO sin liquidez. CLAMAN POR EL PAGO DE MILLONARIA DEUDA MUNICIPAL

Por Jimena Mercado. Foto: Boliviateamo.com.-

Al menos 180 micro y pequeñas empresas afiliadas a la Asociación de Constructoras de El Alto (ACEA) claman por el pago de una deuda millonaria que supera los 100 millones de bolivianos por parte de la Alcaldía de esa ciudad. 

Afiche de los Constructores de El Alto

Las constructoras quieren garantizar liquidez para encarar un periodo duro como consecuencia de paralizar casi dos meses, en cumplimiento a la cuarentena decretada para contener el avance del COVID-19.

“Lo que más nos perjudica aparte de que estamos parados, es que tenemos deudas pendientes por las planillas municipales desde 2018 y 2019 que no pueden ser cobradas”, señaló el presidente de ACEA, Limber Patón a Cabildeo Digital.

El representante de las constructoras de El Alto explicó que la deuda de 2018 asciende a 70 millones de bolivianos, mientras que por la gestión de 2019 llega a 30 millones de bolivianos. “Hay proyectos que no están inscritos en el Plan Operativo Anual (POA) institucional, por tanto no tienen presupuesto para pagar, y del último periodo son 30 millones de bolivianos en deuda por proyectos en ejecución”, dijo.

Patón consideró que el desembolso de 25 millones de bolivianos que se encuentra en la última etapa en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) paliará en algo la falta de iliquidez, pero no resolverá la difícil situación del sector de la construcción en la ciudad de El Alto.

Para la construcción es vital la liquidez para dinamizar al sector y salvar 10 mil empleos, entre directos e indirectos, pues a criterio de Patón “hay un impacto en cadena”.

“La cadena de la construcción entre arquitectos e ingenieros que trabajan como residentes de obras, está el alquiler de maquinaria, la provisión de equipos (…). Con esta cuarentena estamos poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los obreros porque al no poder estar seguros que habrá dinero hay que evaluar si se mantendrá el personal”, señaló.

Las micro y pequeñas empresas constructoras que trabajan con el sector estatal, según Patón, trabaja con créditos bancarios, y debe pagar a la banca entre Bs 5mil y Bs 10mil bolivianos en cuotas mensuales. “Y nos hemos endeudado no solo de las entidades financieras, sino también de la familia y amistades”, apuntó.

La Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros (ASFI) determinó el diferimiento por tres meses en el pago de los créditos, y el sector de la construcción sabe que a pesar que no tuvo actividad ni ingresos debe honrar sus préstamos.

“Pero no tenemos liquidez y no estamos seguros que nos pagarán, porque ni el Tesoro General de la Nación le está desembolsando a las alcaldías que tampoco tienen recursos propios recaudados por los impuestos, porque la oficina de recaudaciones recién abrió sus puertas hace una semana”, afirmó.

En esta coyuntura, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) advirtió que la ampliación de la cuarentena agudiza la crisis del sector por los efectos sobre todas las actividades económicas formales que suman y siguen puesto que, se continúan pagando los costos fijos, servicios, salarios, impuestos y servicios financieros, lo que obligará a las empresas a recortar personal o inclusive al cierre definitivo.

Respecto a los impuestos y de los servicios financieros, señalan que no pueden permanecer ajenos a la situación: “no se puede pretender cobrar impuestos nacionales y municipales sin variación alguna, en una situación excepcional como la actual”.

La Caboco recomendó una serie de acciones para encarar la actual situación:

1. Honrar el pago de planillas adeudadas al sector constructor en todos los niveles del Estado.

2. Permitir la sustitución de garantías y la dación en pago -evaluada y no ventajosa- con procedimientos ágiles y que interrumpan las acciones de cobranza judicial por parte de la Entidad de Intermediación Financiera.

3. Ampliar el alcance del Artículo 82° de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, para que el límite de la cobranza judicial por parte de las Entidades de Intermediación Financiera, sea el valor producto del remate judicial del bien hipotecado, con cuyo producto la entidad pueda dar por extinguida la acreencia, aun cuando el monto recuperado fuera menor a la liquidación del crédito, siendo improcedente y nula cualquier afectación patrimonial adicional al prestatario.

4. Posibilitar la modificación de los contratos de préstamo con tasas de interés preferentes para el sector de la construcción, que se equiparen a las que rigen para los créditos de vivienda de interés social.

5. Suspender temporalmente todas las medidas de cobro coactivo por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, debido a la situación actual de los flujos de efectivo de las Empresas del Sector de la Construcción.

6. Actualizar el procedimiento establecido por el Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Normativa de Directorio 10-020-14 (Procedimiento para la Dación en Pago como oposición a la Ejecución Tributaria), incorporando los siguientes aspectos:

a. Que el alcance no se limite a la aplicación únicamente en la etapa de la ejecución tributaria ya que esto imposibilita el beneficio de la reducción de sanciones.

b. Que los bienes susceptibles de Dación en Pago no sean únicamente los inmuebles sino también bienes muebles que posean un valor comercial.

7. Viabilizar una Ley de Regularización Tributaria que prevea la condonación total de las siguientes deudas tributarias y multas existentes:

a. Por concepto de todos los tributos de dominio nacional cuyos vencimientos se hayan producido en la gestión 2015 y anteriores.

b. Por concepto de contravenciones tributarias generadas en la gestión 2017 y anteriores.

8. Negociar con los sectores de manera general y no así individual.

JMC