Por Zulema Alanes.- |
El fraude electoral ha socavado la confianza ciudadana y no se han superado todos los temores respecto a la posibilidad de una nueva frustración electoral. Pero ante esa especie de psicosis de desconfianza general el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió abrirse al control ciudadano y poner en marcha varias mejoras para garantizar la integridad de las Elecciones Generales 2020.
“La confianza del público en cada etapa del proceso electoral es crucial para la integridad de la elección. Los ciudadanos no solo tienen derecho de participar en las elecciones, sino que también tienen el derecho de conocer por sí mismos y de cerca el proceso electoral” destacó José María Paz, secretario técnico de "La Ruta por la Democracia", una coalición de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, que llevará a cabo un Estudio de Integridad Electoral para acompañar y monitorear el proceso electoral.
Intentaron hacer lo mismo en las elecciones de octubre 2019, pero “el absoluto secretismo y oscurantismo de los gestores del fraude bloqueó esta iniciativa” recordó Iván Miranda director del Instituto de Investigaciones de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Las cosas han cambiado y hoy cuentan con el respaldo del TSE para “el acceso a la información en cada etapa del proceso electoral para crear y reforzar la confianza del público en las elecciones. Ese conocimiento es la base de la confianza del público en las elecciones y en el Gobierno que resulte del voto popular”, destacó Paz.
Edgar Villegas, el ingeniero que aportó las pruebas del fraude electoral y que integra el equipo que tendrá a su cargo el estudio, aseguró que después de la anulación de las Elecciones Generales 2019 “ahora existen condiciones para mejorar los índices de transparencia y dejar atrás el fraude electoral, la corrupción y la manipulación dolosa que han socavado la confiabilidad del proceso electoral y han vulnerado la democracia misma”.
Un proceso electoral bajo acecho
Según Miranda el país continúa bajo acecho y persisten amenazas internas y externas que pueden poner en vilo al actual proceso electoral. Entre las amenazas internas detalló a “sectores críticos que promueven la convulsión en varias regiones del país y que no entienden que la vida en democracia se da en una dinámica de triunfos y derrotas y, por supuesto, pueden incidir en el comportamiento electoral” y aseguró que a nivel externo “Evo Morales es una fuerte amenaza, que no sólo tiene un bufete internacional de abogados, sino que cuenta con una red de intelectuales prestos a replicar su teoría del golpe de estado y desvirtuar el fraude electoral”.
En la misma lógica Villegas advirtió que “no hay que fiarse, hay que tener cautela porque no tenemos una democracia consolidada, es mejor desconfiar y esmerarse en el acompañamiento de todo el proceso electoral”.
Añadió que además del seguimiento ciudadano a nivel interno, hay que estar alertas para neutralizar “la campaña internacional que despliega Evo Morales para intentar mostrar que no hizo fraude. Parte de esa campaña es el reciente informe, incompleto y limitado, que niega el fraude y que publicado en un blog del Washington Post”.
Por ello, saludó que “el órgano electoral esté abierto a trabajar con las organizaciones de sociedad civil, con independencia, sin presiones y con total transparencia”.
Los problemas del pasado
Uno de los primeros problemas fue el registro de votantes, destacó Miranda porque “no había certeza de que todos los habilitados fueran legales, no se excluyó ni a los fallecidos y hubo suplantación de electores, a través de mecanismos como el acarreo de votantes, creo que ahora se están superando esos problemas”.
A esto se sumó que “a muchos electores no se les permitió emitir su voto sin sentirse bajo amenaza de violencia o bajo obligación de apoyar a un candidato o partido en particular”.
Paz añadió que entre las preocupaciones que persisten en relación a las frustradas elecciones del 2019 está “el financiamiento de las campañas, especialmente el denominado “Estado candidato”, que benefició a Evo Morales y actualmente puede generar desequilibrios con la candidatura de la Presidenta en ejercicio. Parte de nuestra tarea de observación será demandar al TSE medidas ante el posible uso de recursos del Estado”.
Dijo que otro tema al que se debe poner atención es la capacitación de jurados de mesa. Una parte del fraude “consistió en no informar lo suficiente a los jurados de sobre cómo llenar las actas, si estaba permitido fotografiar las actas. Se apeló a que el voto es secreto, pero no se explicó que una vez que se hace el escrutinio esa es información pública”.
Miranda insistió en que “hay que superar el ocultamiento deliberado de la información, por ejemplo, respecto a la impresión de las papeletas, en las elecciones 2019 no se reveló que imprenta imprimió las papeletas y cuántas, que notarios sellaron y lacraron el material electoral, nadie fiscalizó y por ello les resultó muy fácil llenar papeletas y las actas con resultados adulterados”.
“No se respetó la cadena de custodia. No se custodiaron ni se sellaron las urnas antes de ser utilizadas y una vez que concluyó el periodo de votación no se tomaron las medidas para garantizar que las urnas que salieron del lugar de la votación sean las mismas que llegaron al lugar del conteo” añadió y destacó que una de las tareas de observación y vigilancia será “asegurar la integridad del conteo y registro de los votos”.
Según Villegas “la conducción de elecciones plantea distintos retos técnicos y procedimientos confiables. Hay asegurar que solo votarán aquellos que cumplen con todos los requisitos legales, que emitirán su voto con absoluta libertad, sin presiones, y que sus votos serán registrados debidamente”. Recordó que en las pasadas elecciones “se facilitó la manipulación de los sistemas informativos, se ordenó el bloqueo del servicio telefónico y de internet”.
Miranda añadió que “se permitió la manipulación de la opinión pública, se prohibió la realización de estudios de opinión de entidades independientes, no se sancionó la difusión de encuestas favorables al candidato oficialista ni la proliferación de información falsa, especialmente a través de internet y las redes sociales”.
La seguridad de las elecciones 2020
Para superar esas irregularidades el TSE informó que implementa al menos ocho medidas orientadas a garantizar la transparencia y seguridad de las elecciones generales 2020: un padrón electoral debidamente saneado y auditado, una cadena de custodia fortalecida con sistemas tecnológicos y medidas de seguridad para el traslado de las maletas electorales, mecanismos confiables de divulgación de resultados, plataforma cifrada, uso de LOG para generar sistemas históricos, impedir el borrado imágenes e identificar a los usuarios que accedan al sistema, entre otros.
Y para evitar lo ocurrido el 2019, la “Ruta por la Democracia” asumió el desafío de promover la participación ciudadana en todo el proceso electoral, el voto informado, la incidencia efectiva en la agenda pública y el monitoreo ciudadano, además de contribuir a la cultura democrática y la cultura de transparencia pública.
Para ello ha iniciado el Estudio de Integridad Electoral que someterá a observación el comportamiento del órgano electoral y medirá el proceso en base a los siguientes indicadores: 1) legalidad y cumplimiento de la normativa electoral; 2) equidad en el trato a quienes participan en la contienda electoral; 3) transparencia en la divulgación de información; 4) eficiencia en la obtención resultados con el mejor uso de recursos y 5) independencia frente a otros órganos del estado, partidos políticos o candidatos.