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La fiscalía de Ecuador pidió hasta ocho años de cárcel para el ex presidente Rafael Correa y una reparación al Estado por unos 1.130 millones de dólares en el marco de un juicio por supuestos sobornos pedidos a contratistas para financiar las campañas electorales entre 2012 y 2016. Se trata de la “pena máxima” solicitada en esta caso que afecta también a otros 20 funcionarios de su gobierno.
En agosto del año pasado, una jueza ordenó prisión preventiva contra Correa en el caso y en febrero de 2020 comenzó un juicio penal por el delito de cohecho contra unos 21 ex funcionarios y empresarios, incluyendo el ex mandatario, quien reside en Bélgica.
La fiscal Diana Salazar solicitó al tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la pena máxima para Correa por este tipo de delito y que considere agravantes como “autor mediato por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura, así como por ser beneficiario de los sobornos”.
El pedido de pena máxima hecho por la fiscalía también se extiende para otros implicados, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glas, actualmente en prisión por otro caso, ex ministros y algunos contratistas del Estado.
Sin embargo, los jueces que integran el tribunal serán quienes decidan si aceptan o no el pedido de la fiscalía y la sentencia final sobre dichas acusaciones.
El delito de cohecho tiene una pena máxima en Ecuador de seis años de prisión y con agravantes podría llegar a ocho años, según el procurador, Íñigo Salvador.
