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Por: Jimena Mercado
El Gobierno de transición no ha cuantificado el impacto económico de lo que ha significado el desastre ambiental provocado por los incendios forestales en la Chiquitanía. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada habla de anular el decreto supremo 3973 de Evo Morales, aprobado en julio del año pasado, un mes antes que se desatara el mayor desastre forestal de la historia boliviana.
“Hay que tocarlo en esencia el decreto y también la ley, pero no vamos con parches, sino a soluciones integrales (…). No queremos improvisar, y se va a tener que anular porque ha sido una de las causas que ha causado estos excesos”, afirma Parada en entrevista concedida a Cabildeo Digital.
La norma dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.
“Lo que hay que buscar es el punto justo medio entre lo que es desarrollo económico y desarrollo sostenible porque en algunos casos el medioambientalista se va a los extremos o el desarrollista económico se va también a los extremos”, reflexiona.
Dicho decreto modificó el artículo cinco del DS 26075 del 16 de febrero de 2001 por el cual se determinó que “en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el manejo integral y sustentable de bosques y tierra, conforme a los instrumentos de gestión de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), y sus Planes de Uso de Suelo vigentes (PLUS).
“En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan”, señala la norma que fue promulgada en Beni y presentada ante la federación de ganaderos.
El también exasesor principal económico de la Gobernación de Santa Cruz afirma que cuando se desbordaron los incendios en la Chiquitanía vio de cerca la falta de coordinación entre los diferentes niveles de Estado.
“Este caso lo conozco bien porque me tocó estar justo en el momento en que se iniciaban los incendios, en primer lugar, el decreto permitió aumentar de 20 a 50 las hectáreas que pueden quemarse (los bosques), lo cual duplicó los incendios”, apunta.
Destaca que el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) que cuenta la Gobernación avisó en su debido momento sobre las quemas e incendios forestales y su aumento el mes de agosto, pero que los municipios en su nivel local a pesar de conocer la información no actuaron de manera oportuna.
“Pero cuando vimos que el incendio se masificó, explotó y fue muy difícil controlar, se tuvo que llamar a gente experta de afuera y (contratar) el supertanker y ahí también el Gobierno central cometió varios errores. ¿Cómo hacer un comando conjunto?”, señala.
En un lenguaje coloquial relata que la improvisación gubernamental de la administración de Morales llegó al extremo cuando se escuchó la charla entre dos ministros donde uno le decía al otro: “va ir por delante una avioneta y por detrás va el supertanker para echar el agua e identificar los incendios”, y el otro le respondió: “¿a qué velocidad va la avioneta y a qué velocidad el supertanker?”.
Con eso señala que se demuestra cómo se manejó desde el Gobierno central la emergencia de los incendios y por qué se llegó hasta dónde se llegó, en alusión al área boscosa afectada. De acuerdo a datos satelitales de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), más de 5 millones de hectáreas de bosques, pastizales y praderas fueron afectadas por focos de calor a lo largo del año, siendo el departamento de Santa Cruz el que concentró más del 70% de la superficie.
“Lo que hay que tener es la predisposición del gobierno de transición de ordenar y darle competencias y responsabilidades; ese informe que se tiene diariamente evita el tema de incendios, todos los municipios tienen unidades de control forestal”, expresa.
Según Parada, es inadmisible que un decreto de quemas y desmontes no cuente con un plan de ordenamiento que se base en una política integral de bosques.
Dicho decreto justifica que, ante el crecimiento poblacional, el incremento de la demanda interna y externa de alimentos; así como los indicadores de consumo de la población, hace necesario asumir medidas estratégicas.
Las “medidas estratégicas” según dicho decreto, pasar por ampliar las superficies para cultivo y producción agrícola y ganadera a través de la apertura de la frontera agropecuaria para el fortalecimiento de la producción de alimentos y la economía nacional con inclusión de las distintas realidades productivas y potencialidades de la economía plural de forma sostenible y sustentable.
“Cisne verde”
Consultado si Bolivia podría atravesar el “cisne verde”, una crisis financiera por efectos del desastre ambiental de la Chiquitanía, Parada responde: “El 2008 hubo una crisis financiera muy fuerte que se creyó que era solo de papeles pero se vio que pasó al sector de la economía real y terminó en el área social, estos eventos internacionales tienen un impacto muy fuerte en la economía”.
Inmediatamente asocia el tema del coronavirus, que se ha convertido en un asunto de Estado para el mundo entero. “Y hemos escuchado al presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que dice que en 18 meses se puede tener una cura”, apunta.
Ante esta emergencia internacional, el titular de Economía señala la necesidad de contar con estudios serios del impacto que podría tener el corona virus sobre la producción agropecuaria, una vez que China se abrió al mercado de la carne boliviana.
“China está empezando a comprar carne y si se abre el mercado debemos acostumbrarnos al pollo, hay que fijar qué tipos de productos hay que incentivar”, indica.
Parada apuesta porque Bolivia se incline al uso de semilla mejorada, más conocida como transgénica, que de acuerdo a la normativa vigente, solo es posible en cultivos donde el producto no sea nativo del país.
JMC
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