Por Zulema Alanes
La aprehensión del exministro de minería, César Navarro y del ex viceministro de desarrollo rural , Pedro Damián Dorado, activó las alertas y puso bajo sospecha internacional las políticas represivas y de persecución del gobierno de Jeanine Añez. A nivel nacional, se apuntó como responsable al ministro de gobierno, Arturo Murillo. ¡Qué renuncie!, fue la demanda que empezó a circular en las redes sociales.
Las exautoridades habían obtenido los salvoconductos para su asilo en México, país al que se dirigían cuando fueron detenidas debido a la supuesta existencia previa de una orden de detención en su contra. Se resistieron y tironearon con los efectivos policiales que cumplían las órdenes. Navarro quedó una lástima. El gobierno violó las normas básicas del asilo político. Se metió en un serio problema diplomático y dio más argumentos a todos aquellos que afirman que en Bolivia hubo golpe de Estado. Pero además expuso como en una vitrina a sus propias tensiones internas.
Bajo la mira internacional
Desde Ginebra, el portavoz del servicio exterior de la Unión Europea, emitió una enérgica declaración en la que asegura que “esta actitud constituye un incumplimiento de las garantías previas otorgadas por las autoridades bolivianas. También va en contra de los esfuerzos internacionales de mediación, incluidos los de la Unión Europea”.
Detalla que el gobierno anuló la orden de detención luego de “varias horas de negociaciones” para recién autorizar que las exautoridades salgan del país.
El portavoz dejó en claro que “espera que el gobierno de transición de Bolivia tome todas las medidas necesarias para evitar estas situaciones en el futuro y para asegurar el respeto del Estado de Derecho”.
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, informó que "después de negociaciones y apoyo de países y organizaciones amigas, prevaleció el derecho internacional y César Navarro y Pedro Damián Dorado López ya se encuentran en camino a México".
La “descoordinación” gubernamental
Tras el bochorno, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, no se disculpó y en tono arrogante escribió en las redes sociales que todo se debió a “una falta de comunicación y coordinación” y la canciller Karen Longaric aseguró que “los asilados deberían ser trasladados a México sin ningún problema bajo la garantía de los salvoconductos”.
¿Quién manda a quién? La política internacional del país está a cargo de Longaric que ha desplegado grandes esfuerzos para mejorar la imagen del gobierno de transición en el escenario internacional. En sentido opuesto se maneja el Ministerio de Gobierno. La política represiva está en manos de Murillo quien goza del mayor respaldo y confianza de la Presidenta. A decir de sus críticos, Murillo ha cedido a la lógica de la revancha y la persecución, abusando de su cargo y colocándose por encima de la Ley. Pero la responsabilidad recae en la presidenta que lo deja actuar. La intervención internacional ayudó a inclinar la balanza a favor de las prácticas democráticas.
Más allá de las responsabilidades, detrás del accionar oficial está el afán por capitalizar para sus objetivos electorales los enconos y las lógicas revanchistas de algunos núcleos de resistencia ciudadana todavía agrupados en puntos de vigilia.
“Todo el comportamiento oficial, desde la demora en otorgar los salvoconductos -que se parece tanto a lo que hizo el MAS con un exsenador pandino-, pasando por los arrestos y concluyendo con las chapuceras explicaciones sobre "descoordinación" entre el ministerio y la policía, anuncia el desastre que significa mezclar las tareas y objetivos de un gobierno transitorio con el que improvisa y promociona una candidatura” aseguró el analista Roger Cortéz.
De la transición a la represión
La aprehensión de las exautoridades a las que se había concedido salvoconducto se suma a otros hechos que podrían ser tipificados como propios de regímenes represores y que, en la actual coyuntura, no contribuyen al objetivo de pacificar el país.
Luego del incidente con las exautoridades, fuentes policiales han dejado en claro que “para que opere el Departamento de Análisis e Inteligencia (DACI) previamente debe existir una orden superior que emana del Ministro de Gobierno”.
La preocupación no sólo apunta a lo ocurrido la madrugada del 1 de febrero en el aeropuerto de El Alto, sino a otros hechos que han puesto también de manifiesto la acción del aparato represivo, bajo órdenes de Murillo, que ha derivado en una secuencia de atropellos y en intromisión en la justicia.
La detención de personas relacionadas al gobierno del MAS no siempre ha ocurrido en ajuste a lo que manda la ley sobre protección de sus derechos humanos como lo advirtió el periodista Raúl Peñaranda que reclamó porque “Muchas veces incluso no se conoce bien cuál es el delito que han cometido, como el caso de la abogada de Carlos Romero, detenida por ingresar a la casa de su cliente”.
La misma preocupación aplica en el caso de la arbitraria detención de la apoderada que tiene la misión de inscribir a los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS); la detención de la niñera de los hijos del exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, la aprehensión de la exjefa de gabinete y apoderada del expresidente Evo Morales por contactarse vía telefónica con la exautoridad; la aprehensión de dos trabajadores de la prensa por sobrevolar un dron en una casa en construcción de propiedad de Jeanine Añez.
El cuestionamiento de esas acciones no está en los hechos en sí mismos sino en la vulneración de los derechos de las personas, la negación de un debido proceso, la no observancia del principio de presunción de inocencia y la intromisión en la administración de justicia. Si la presidenta Añez quiere salvar a su gobierno y a su candidatura del epíteto de autoritario tendrá que prescindir de su protegido ministro Arturo Murillo.
