El Gobierno denunció el lunes que en el régimen de Evo Morales no se realizaron auditorías al Fondo Indígena, pese al millonario desfalco destapado en febrero de 2005, para no involucrar a más autoridades masistas y de esta manera favorecer a la no rendición de cuentas de más de mil millones de bolivianos financiados a más de un millar de proyectos fantasmas.
“He conversado con algunos funcionarios (en el Fondo Indígena) y me dijeron que había la instrucción de no realizar la auditoría, porque implicaría a muchas más autoridades”, sostuvo el director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe.
Quispe anunció el 2 de diciembre que se inició la auditoría sobre el manejo de esa entidad durante la gestión de Morales, que develará a cuánto asciende el daño económico y el grado de responsabilidad de exdirectores y exministros en proyectos que tuvieron irregularidades en su ejecución.
“La auditoría se está realizando, las investigaciones nos permitirán saber cuánto se han robado para dar conocimiento al Ministerio Público porque están involucrados los jerarcas del MAS, como Nemesia Achacollo, Carlos Romero, (Juan Ramón) Quintana, Luis Arce Catacora y otros”, dijo.
Explicó que en la anterior gestión no se hicieron auditorías para defender a las autoridades del MAS, porque el desfalco de los recursos es elevado y que, incluso, podría llegar a los 1.000 millones de bolivianos. Dijo que de los más de mil proyectos planificados en la gestión del anterior gobierno sólo se auditaron 30.
Quispe dijo que se espera contar con los resultados a la brevedad posible para iniciar los procesos correspondientes a los responsables. “El Fondo de Desarrollo Indígena lo encontré de cabeza, no hay auditorias, los procesos paralizados, más parecen los proyectos que nosotros hacemos seguimiento de chantaje, decir haber, si no apoyas al Movimiento Al Socialismo, te bloqueamos los proyectos”, dijo.
El millonario hecho de corrupción del Fondo Indígena tocó la base social del MAS, pues indígenas, campesinos y colonizadores forman parte de la extensa lista de más de 2.000 involucrados en el irregular manejo de los 1.100 proyectos aprobados en esta entidad y un posible daño económico de casi mil millones de bolivianos.
El desfalco millonario salpicó a la dirigencia de organizaciones sociales afines al MAS: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, Confederación Indígena del Oriente Boliviano y la Asamblea del Pueblo Guaraní, además eran parte los ministerios de Planificación, de Producción, de Economía y de la Presidencia.
Achacollo comparecerá el miércoles
El director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, anunció que solicitará la reversión de las medidas sustitutivas que cumple la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, del MAS, una de las investigadas por los proyectos fantasma para los que se destinaron millones de bolivianos de las arcas del Estado.
“No cumple la detención domiciliaria, está de aeropuerto en aeropuerto y el miércoles es la audiencia para revertir las medidas sustitutivas de las que goza”, anticipó Quispe, que contrató a un experto forense para que investigue las denuncias de corrupción en el Fondo Indígena.
La exministra del gobierno de Morales deberá comparecer el miércoles ante el juez Segundo de Instrucción en lo Penal de la zona Sur de La Paz, Santos Ayala, en una audiencia en la que se definirá si mantiene o no su arresto domiciliario.
Achacollo ya estuvo con detención preventiva entre 2016 y 2017, pero la justicia determinó liberarla para que cumpla detención domiciliaria mientras se desarrollan las investigaciones.
La audiencia fue fijada en un inicio para enero, pero tras el reclamo de Quispe ante la justicia, se reprogramó para este miércoles “Hemos pedido al juez de turno que convoque a audiencia para revocar sus medidas sustitutivas porque, en materia de corrupción, los delitos no prescriben (...). Parece que sigue habiendo gente que protege a la señora Achacollo, jueces y fiscales que la protegen”, protestó.
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