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El salario mínimo en Venezuela es de 40.000 bolívares, y es la norma en la administración pública, donde lo perciben al menos unos tres millones de trabajadores.
Además, los trabajadores ingresan todos los meses un bono de alimentación de 25.000 bolívares (2,21 dólares), que no genera pasivos laborales.
Los mismos 3,55 dólares pasan a percibir también los pensionistas venezolanos, cuyo número supera los 4,5 millones de personas, según informó en abril pasado el Gobierno de Nicolás Maduro.
Estos ingresos son insuficientes para comprar, siquiera, los alimentos para un día de una familia de cuatro miembros, aunque el Gobierno de Maduro ha dicho que complementa el salario de los trabajadores con un cuestionado plan de alimentos subsidiados, conocido como Clap, y que la oposición afirma se maneja de forma corrupta.
En el mercado paralelo de cambios un dólar se transaba el miércoles por un monto incluso mayor a los 11.264,48 de la tasa oficial.
Estos números confirman la cada vez mayor pérdida de poder del bolívar que, según establece la Constitución del país suramericano, es la única moneda de curso legal en Venezuela.
Efe ha podido constatar que en medio de la crisis los pequeños comerciantes, los prestadores de servicios y los ahorristas han optado por efectuar sus cobros en dólares.
En Venezuela también es de curso legal el "Petro", un criptoactivo que tras una medida ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el instrumento, se transformó en certificado de ahorro y se acepta como forma de pago en algunos comercios.
En paralelo a la crisis económica, Venezuela atraviesa por tensión política desde que en enero pasado Maduro jurara un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.
En respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.
Fuente: EFE
