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El diputado Lucio Gómez, del MAS, fue aprehendido ayer ni bien pisó la Fiscalía, debido a que el Ministerio Público lo buscaba desde el 26 de julio y el 29 allanó su casa.
Después de declarar por 10 horas por el caso audios de corrupción II por el cobro de coimas y cuoteo político en Quillacollo, fue conducido a celdas de la Felcc a la espera de su audiencia cautelar.
Gómez expresó que su detención busca afectar su virtual candidatura a la Alcaldía de Quillacollo, que según uno de los audios filtrados sería por una sigla distinta al MAS.
“Las autoridades dirán quién y de cómo llegan esos audios; mientras, no puedo opinar nada. Me presentó de forma voluntaria con mis abogados”, dijo.
Las grabaciones a las que hizo referencia dan cuenta de que el legislador influyó en la designación de Zacarías Jayta (FPV y aliado del MAS) como alcalde suplente, tras la suspensión del alcalde electo Eduardo Mérida (FPV).
Asimismo, en los audios se escucha que el diputado pactó con algunos concejales que Antonio Montaño (FPV) sea alcalde suplente y Roberto Vargas (MAS), presidente del Concejo Municipal, después que Jayta y el expresidente del Legislativo Víctor Osinaga (MAS) fueron detenidos.
Las declaraciones y grabaciones apuntan a que Gómez habría propiciado luego la salida de Montaño, porque éste no cumplió con el compromiso de entregar el control de direcciones y secretarías.
El 4 de junio el Concejo resolvió alejar a Montaño para elegir como nuevo alcalde suplente Willy López (FPV), que fue investigado en enero por el caso audios II.
Al salir de su declaración, el diputado se limitó a decir: “No puedo declarar nada porque el caso está en custodia”.
Gómez es investigado por presunta concusión y uso indebido de influencias. El parlamentario es acusado de digitar el cambio de alcaldes para beneficiarse con el cobro de coimas y venta de cargos.
La denuncia contra el parlamentario se sustenta en 37 audios, documentos y declaración de testigos que coinciden con las grabaciones.
El caso con más resonancia es el presunto soborno de 2,6 millones de bolivianos por la compra de una planta de asfalto móvil, que se distribuyó entre los integrantes de la red, autoridades y funcionarios.
El costo para adquisición de la maquinaria supera los 11 millones de bolivianos. El Ejecutivo municipal afirmó que aún no se canceló nada por el equipo, pese a que una comisión recibió la máquina.
Por otro lado, testigos del caso afirman que la red que se conformó desde Mérida continúa operando, según documentos del caso.
“Se gestionó la caída de alcaldes hasta la fecha (…) con el propósito de traficar dineros con la festividad de Urkupiña, es por eso que el presidente del Concejo Municipal inicia un proceso”, señala una parte de una de las declaraciones sobre audios II.
//Los Tiempos//
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