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Vía: Opinión |
Reunidos en un salón en la ciudad de Oruro, varios pobladores de pueblos indígenas que viven en zonas mineras andinas debaten sus inquietudes. Vestidos con sus trajes típicos, comparten sus tradiciones, costumbres e idioma. Pero también los une algo menos grato, muchos de ellos están contaminados con metales pesados. Por su sangre corre plomo, arsénico u otros tóxicos. Aunque no se dedican a actividades mineras, los condena vivir en zonas ricas en metales. Eso y la desatención estatal que denuncian.
“El Estado hace poco o nada, seguimos siendo vulnerados en nuestros derechos”, dice una comunaria que toma la palabra en el Encuentro por el Derecho al Agua y Salud Frente a Impactos Mineros, que se realizó en los últimos días de marzo, en Oruro.
El objetivo del encuentro, además de compartir sus experiencias y ejemplos de resistencia frente a estas problemáticas, fue dirigirse a Mishkila Rojas, abogada especialista y relatora de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que tome conocimiento de la “grave vulneración de derechos y exija al Estado boliviano que atienda las denuncias por los graves daños a la salud humana que se ocasiona la actividad minera”.
“Hay que hacer conocer al Gobierno todos los que estamos afectados. Han pasado los límites, tenemos que trabajar con mucho cuidado esto, porque no quisiéramos mañana ser señalados por estar aquí. El trabajo (en las minas) ha hecho esto y ahora estamos contaminados todos. El agua no sirve, la tierra no sirve. Antes producíamos papa y ahora la tierra no sirve”, dice una comunaria de San Agustín de Puñaca, a tiempo de incentivar a sus compañeros a reunir la documentación necesaria para presentar la denuncia ante la CIDH, con el objetivo de que sus peticiones sean escuchadas.
Algunos de los pueblos indígenas de Oruro y Potosí que participaron son el Ayllu San Agustín de Puñaca, Ayllu Quellia, representantes la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero y Lagos Uru Uru y Poopó (Coridub), las lideresas de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), el Centro de Apoyo a la Educación Popular (CAEP) de Oruro, la Escuela de Líderes Ambientales (ELA), comunidades Urus, Huayña Pasto Grande, centrales regionales de Sora Sora y bases de las comunidades de Cantumarca (Pasocap) y la concejal de Potosí Reyna Menacho, entre otras organizaciones afectadas por la contaminación minera.
El debate se focalizó principalmente en la salud, ya que estas actividades degradan severamente la calidad del agua, el medioambiente y el suelo. En el espacio se recogió propuestas de acciones que busquen salvaguardar las formas de vida de las comunidades.
“Es importante este tipo de encuentros, porque nuestro territorio está contaminado. La contaminación era en nuestras tierras, en nuestras aguas, y ahora está en nuestra salud. Debemos todos buscar ideas para solucionar”, afirma el tata mallku Abel Machaca, autoridad máxima del Ayllu Puñaca.
A este pedido se le suma otro de un comunario de Poopó: “Necesitamos una política, como un antídoto en la medicina, para contrarrestar nuestra salud. No solo es en (la comunidad) Poopó, en el oriente están usando mercurio. Necesitamos políticas más fuertes”.
El encuentro tuvo la presencia del pueblo indígena Weenhayek, del departamento de Tarija, quienes compartieron su experiencia de recolección de evidencia de contaminación en el río Pilcomayo, además de la denuncia de contaminación que emprendieron por la rotura de un dique de colas de residuos mineros. La respuesta del Estado fue limitarse a pedirles “comprobar dicha contaminación”, sin otorgarles otras opciones para prevenir una mayor contaminación.
Asimismo, participaron técnicos y pobladores de comunidades afectadas en el país vecino de Perú, quienes compartieron sus experiencias de articulación de población intoxicada por la minería, así como sus logros en cuanto al desarrollo y normativa peruana lograda gracias a acciones de denuncia.
CANTUMARCA, UN EJEMPLO DE RESISTENCIA
Los pobladores ya no solo reclaman por ellos, sino también por sus hijos. La contaminación es cada vez más severa y no distingue ni edad ni género. Un niño de solo dos años tiene plomo en sangre. Él es solo una más de las personas de la comunidad Cantumarca, de Potosí, que es afectada por la actividad minera de alrededor.
Sin embargo, esta localidad también se convirtió en un ejemplo de resistencia, ya que líderes indígenas y la concejal municipal de Potosí, Reyna Menacho, consolidaron una base sólida de evidencia de presencia de metales pesados en la sangre de 120 pobladores, cuyos laboratorios comprueban que el 85% presenta plomo en la sangre. Además, el 90% de los niños sometidos a esta prueba reportaron la presencia de este metal tóxico en su cuerpo.
Frente a estas pruebas, las lideresas y la concejal presentaron una denuncia al Estado para que ordene el cierre de los ingenios mineros que estaban afectando la zona. Esto se convirtió en un ejemplo para otras poblaciones, ya que Cantumarca ganó la demanda y ahora están esperando que se dé cumplimiento a la medida.
Este tipo de resultados se repiten también en el municipio orureño de Poopó, tal es el caso del Ayllu San Agustín de Puñaca, quienes también detectaron metales tóxicos como arsénico, plomo y cadmio, que superan los estándares internacionales, ya que Bolivia no cuenta con una norma que establezca los valores de referencia para la concentración de metales pesados en el cuerpo.
Margarita Quino, presidenta de la Renamat, en respuesta a la grave situación llamó a la reflexión a sus compañeros y pidió que tomen acciones.
“Las mujeres somos afectadas por la contaminación minera, la violencia contra el derecho a un ambiente sano, el derecho al territorio, ha sido vulnerado por el extractivismo. La minería ha contaminado nuestra tierra, nuestra agua y ahora han afectado nuestra salud. Mujeres, todas digamos cómo nos sentimos, cómo nos está afectando en nuestras comunidades”, dice Quino.
UN ACERCAMIENTO A LA CIDH
Frente a este panorama crítico, y con la firme convicción de encarar esta problemática, los participantes del encuentro redactaron una carta simbólica dirigida a Mishkila Rojas, relatora de la Comisión de Pueblos Indígenas de la CIDH, quien también compartió una charla con los participantes para darles algunos lineamientos de cómo deberían proceder para hacer escuchar su voz a nivel internacional.
La denuncia comprende tres puntos. El primero señala que el Estado boliviano no está asumiendo su rol de garante de derechos, por lo cual no está optando medidas para garantizar el derecho a un medioambiente sano.
El segundo punto afirma que, el Estado, teniendo el conocimiento de que existe evidencia de presencia de metales pesados en el cuerpo humano de niños, niñas, mujeres y hombres, “no está asumiendo medidas en políticas de salud”, lo que vulnera el derecho a la salud.
Finalmente, el tercer punto asegura que hay una ausencia a nivel nacional de normativas y políticas públicas sobre planes especializados multisectoriales para la atención de personas afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas.
Enfocados en estos tres puntos, los indígenas trabajaron en propuestas que sirvan para hacer escuchar su voz. La primera consiste en promover la articulación de los pueblos afectados, a fin de generar un movimiento único con la finalidad de exigir la restitución de los derechos constitucionales.
Como segunda propuesta está activar mecanismos de denuncia ante la CIDH, ya que agotaron esfuerzos con el Estado boliviano sin recibir mayor respuesta.
La abogada Mishkila Rojas escuchó las historias de los indígenas presentes y dio una guía sobre cómo presentar una denuncia ante la CIDH. Si bien no existe una relatoría específica para salud, pueden enmarcarse dentro de pueblos indígenas.
Por ahora, el primer contacto ya existe y se está trabajando en reunir pruebas para demostrar la grave afectación a la salud. Pero, mientras pasan los días, más personas, entre ellas bebés, continúan contaminándose.
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