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Por: Roberto Méndez |
En una categórica resolución, la Fiscalía de Santa Cruz decidió rechazar, por segunda vez, la investigación iniciada por delitos de torturas y vejámenes a las víctimas del asalto al hotel Las Américas, registrada aquel 16 de abril de 2009, que dejó el saldo tres personas muertas acribilladas a balazos y dos sobrevivientes identificados como Mario Tadic y Elód Tóásó, publica El Diario El Deber. Y la pregunta del millón es, ¿y dónde queda la justicia?
El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada que tiene como fin principal mantener la paz y la armonía de estantes y habitantes, y por medio de sus instituciones, en este caso Policía, Fiscalía y jueces, aplicar sanciones contra los responsables de un hecho delictivo.
Cuando eso ocurre, estamos frente a la aplicación de justicia, estrictamente entendida en los tres preceptos del derecho desarrollados por el jurisconsulto romano Domicio Ulpiano en el sentido de “ vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo”, cuando define a la justicia como “la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo”.
Pero en el Caso Rosza, no hay nada de eso. A pesar de saber de manera superabundante quienes son, estos se pasean en la impunidad y hasta ocupan altos cargos en el actual gobierno.
Según la publicación del diario, la presentación del rechazo de denuncia a las investigaciones, se hizo efectiva justo el último día que se cumplía el plazo de la cuarta conminatoria a la Fiscalía por parte del juez de control jurisdiccional para que se pronuncie con resolución conclusiva, en base a la petición emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Fiscalía fundamentó que, pese a que durante la etapa preparatoria desde su inicio se emitieron requerimientos y se desarrollaron diligencias en busca del esclarecimiento del suceso violento, no fueron suficientes para llegar a la verdad histórica de los hechos denunciados.
Señala la resolución que necesariamente deben existir mayores elementos de convicción para continuar con la persecución de la causa y que se emitió el rechazo ante la falta de pruebas y elementos contundentes porque las acumuladas no fueron suficientes.
El inicio de investigaciones de la Fiscalía citó como víctima a los sobrevivientes Tóásó y Tadic y contra presuntos autores del asalto al hotel de Las Américas por parte de policías de élite de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), donde fueron acribillados con disparos de armas de fuego Eduardo Rósza, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer.
Asimismo, la Fiscalía consideró que durante la etapa preparatoria se emitieron 47 requerimientos a entidades estatales y privadas para conocer antecedentes, datos, informes de las víctimas sobrevivientes. Entre ellas figuran el Servicio General de Identificación Personal (Segip), el Servicio de Registro Cívico, (Sereci) Migración, Comando de la Policía, Interpol, así como otras, pero nunca respondieron. Todas esas instituciones son estatales. Estamos entonces ante una falla del propio Estado porque se trata de la segunda oportunidad en que se pronuncia un rechazo, pues las pesquisas iniciadas por la Fiscalía el 27 de noviembre de 2019 tuvieron su primer revés el 27de agosto de 2020, con el mismo argumento.
Pero, a pesar de transcurrir 13 años del hecho, en la retina y en la memoria nos quedan las ejecuciones extrajudiciales, el sembrado de pruebas y agentes encubiertos, el peregrinar por todo el país de 39 imputados juzgados por jueces de La Paz y para que no queden dudas, la confesión del fiscal Marcelo Soza, asignado al caso, que al fugar al Brasil dijo que “todo fue armado” por el gobierno de Evo Morales para contrarrestar a la dirigencia de Santa Cruz
Y a leguas vemos que estamos ante un fallo o una trampa envolvente y que en una especie de pacto de caballeros decidieron dejar el caso en “statu quo” como una espada de Damocles, dispuesta a caer cualquier rato y cortar cabezas ahora peleadas por el sillón presidencial del 2025.
| Roberto Méndez, Periodista.
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