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Vía: Sumando Voces |
“Las autoridades no actuaron para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Según las organizaciones locales, los ambientalistas seguían estando en entre quienes más peligro corrían”, indica el informe.
“El 2 de junio, decenas de personas presuntamente vinculadas con el partido político gobernante asaltaron y ocuparon las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), ONG con sede en La Paz. Tras el asalto, Amparo Carvajal, defensora de los derechos humanos de 84 años y presidenta de la APDHB, emprendió una vigilia de 52 días en el exterior de las oficinas de la organización”, menciona el informe.
Luego señala que “las autoridades no garantizaron la seguridad ni la salud de Carvajal y las personas de su entorno durante la vigilia. El cónsul español en Bolivia facilitó la evacuación negociada de los grupos que ocupaban las oficinas, lo que puso fin a la vigilia. La APDHB no había retomado su actividad habitual al finalizar el año”. De hecho, hasta ahora, Carvajal no puede acceder a las oficinas porque la Policía se lo impide.
Contra el uso de mercurio
Respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el documento pone el foco en la minería ilegal y en el uso del mercurio para la extracción del oro.
“El gobierno anunció la fase de implementación de un plan nacional para reducir la exposición de los pueblos indígenas a la eliminación no regulada del mercurio procedente de la extracción minera de oro, pero no dio más información sobre cómo se iba a implementar. Mientras tanto, las autoridades seguían autorizando nuevos proyectos de extracción de oro, lo que aumentaba el peligro de contaminación por mercurio para las comunidades de todo el país”, señala el reporte.
Falta de independencia judicial
Amnistía Internacional también expresa su preocupación por la falta de independencia judicial en Bolivia y la vulneración al derecho a tener un juicio justo.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Bolivia en marzo y expresó preocupación especial por la falta de independencia del poder judicial respecto del gobierno. En agosto, la Comisión solicitó información a las autoridades sobre la situación de César Apaza, exdirigente de una asociación de productores de hoja de coca que llevaba detenido en espera de juicio desde septiembre de 2022, cuando unas protestas efectuadas por la asociación habían sido reprimidas con violencia por agentes encargados de hacer cumplir la ley. En septiembre, Apaza se declaró en huelga de hambre para denunciar la falta de garantías en los procesos judiciales abiertos en su contra y los malos tratos a los que lo habían sometido las autoridades penitenciarias”, señala el documento. El informe no lo menciona, pero Apaza luego tuvo que declararse culpable para salir de la cárcel.
Sobre el derecho a la libertad de expresión y reunión, Amnistía señala que “la Defensoría del Pueblo denunció varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en respuesta a una serie de protestas que tuvieron lugar tras la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Las organizaciones de la sociedad civil documentaron agresiones contra 75 periodistas durante esas protestas”.
Y, el informe también se ocupa del derecho a un medio ambiente saludable. “Pese al compromiso de Bolivia de mantener su cobertura forestal, defensores y defensoras de los derechos humanos denunciaron la pasividad de las autoridades a la hora de derogar legislación que llevaba años favoreciendo a los sectores agroindustrial y extractivo y permitiendo la deforestación. También subrayaron la insuficiencia de las medidas tomadas para prevenir la intensa temporada de incendios forestales, que se vio agravada por el cambio climático, durante los últimos meses del año”, describe Amnistía Internacional.
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