EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN

Por: Patricia Alandia | 

Uno de los grupos de rock más importantes de Latinoamérica, Los Prisioneros, describieron en los años 80, entre metáforas y melodías pegajosas, la brecha existente entre los jóvenes chilenos luego de terminar el bachillerato; apuntaron de manera certera a la educación como reproductora de las inequidades: “Y no fue tan verdad/ porque esos juegos, al final/terminaron para otros en laureles y futuros/y dejaron a mis amigos pateando piedras”. 

Veinte años después, esas insatisfacciones hicieron carne en uno de los movimientos más vitales que ha recorrido las calles de la desigual Latinoamérica, La revolución de los pingüinos, que, con estrategias creativas, sostuvo demandas de desprivatización de la educación y mejora de la calidad educativa. Los Prisioneros recuperaron vigencia: “A otros enseñaron, secretos que a ti no/a otros dieron de verdad /esa cosa llamada educación".   A la cabeza de líderes adolescentes, provistos de una sorprendente capacidad retórica, esta revolución de escolares contagió a otros movimientos y sentó las bases para las movilizaciones de estudiantes universitarios del 2011. Uno de esos líderes es el recientemente electo Presidente de Chile.

En Bolivia no hubo ningún eco; desde hace décadas, la educación no es un asunto central ni en la agenda política ni en las demandas sociales. La razón podría estar en que no hay problemas de acceso a la educación. La educación es gratuita, y, en los últimos años, los índices de permanencia y niveles de escolaridad han mejorado.  La educación superior, por su parte, también es gratuita, y la matrícula estudiantil se ha ido masificando en un proceso de creciente democratización e inclusión de sectores de bajos recursos y de distinto origen étnico, tanto de la ciudad como de las provincias. La inversión en educación también se ha incrementado. Es decir, si nos guiamos por los indicadores socioeconómicos, podríamos pensar que nuestra educación ha mejorado significativamente en los últimos 15 años. Nada más lejano de la verdad.

Sin considerar las consecuencias de la pandemia, la calidad educativa ha ido en continuo descenso, hecho que puede constatarse en la falta de competencias de estudiantes y profesionales para leer críticamente (o leer), expresar sus ideas con claridad y redactar textos estructurados y coherentes. El Gobierno de Morales quiso ocultar esta situación, primero, rechazando las evaluaciones implementadas en la región o sancionando las realizadas por gobiernos subnacionales, y luego ocultando los resultados de la única evaluación autorizada casi al final de su última gestión, realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la OREALC/UNESCO Santiago. Si bien solo se trató de una fase piloto de la prueba TERCE, que evalúa las habilidades lectoras de estudiantes de tercero y sexto de primaria, los resultados debieron haber generado algún tipo de preocupación, pues sitúan al país en los niveles más bajos de la región. No sucedió entonces ni sucede ahora, y podemos asegurar que no sucederá más adelante. 

Los cuestionamientos a las políticas educativas, las que desde la abrogación de la Ley 1565 se definieron e implementaron entre improvisaciones, retrocesos y vacilaciones, fueron siempre minimizados o respondidos con cifras: cantidad de ítems, cantidad de nuevas edificaciones, cantidad de profesores con cartones, cantidad de eventos, cantidad de computadoras, todo lo que podía cuantificarse y presentarse en acto público. Los proyectos educativos, en cambio, nunca fueron revisados ni evaluados, por ejemplo, la supuesta digitalización de la educación, que fue anunciada el 2009 con tanta pompa. Hasta la fecha, no se conoce el efecto de las computadoras que repartieron a profesores y estudiantes, no se sabe qué pasó con ellas, para qué sirvieron; simplemente desaparecieron del discurso de las autoridades, de las noticias y, al parecer, de las unidades educativas. Tampoco se ha evaluado la calidad educativa del PROFOCOM (Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio) ni su impacto en las aulas. Investigaciones externas muestran sus profundas falencias, que no impidieron la emisión masiva de títulos de licenciatura, e incluso de maestría, para fabricar indicadores de una supuesta mejora sustantiva de la calidad educativa. En esta gestión, están anunciando nada menos que programas de doctorado.

Por su parte, el sistema universitario parece esforzarse en seguir ese camino. Las universidades públicas, lejos de contribuir a la evaluación de la educación en general, han ingresado en la misma lógica de abaratamiento de los títulos universitarios. El pacto de mediocridad ya señalado hace muchos años entre la dirigencia estudiantil y la docente tiene cada vez más señales de su perniciosa influencia. No se evalúa a los docentes, y, cuando se lo hace, se simplifican las exigencias a los “amigos” y se castiga a los “enemigos” políticos. Por su lado, los estudiantes, que adquieren poder en las instancias de cogobierno, se aseguran de evitar reglamentos de permanencia estudiantil, y de allanar el ingreso a docentes que sumarán votos para la consolidación de grupos de poder, que luego les permitirán un salto de la dirigencia estudiantil a la docencia. Casos de ese tipo hay de sobra.

Como si no fueran suficientes los mecanismos internos, el sistema universitario ha impuesto normas que facilitan esa reproducción interna del poder, y que alejan a intelectuales e investigadores de renombre (extranjeros o bolivianos formados en universidades del extranjero): diploma de licenciatura del sistema universitario (u homologado después de un trámite largo y costoso) y diplomado en educación superior, que por supuesto no está dirigido a desarrollar competencias didácticas, sino a captar recursos para las unidades de Posgrado.

Los programas de posgrado también han ingresado en esa carrera de depreciación de títulos. Por un lado, las normas de límite salarial y de restricción de dos contratos han impedido que los docentes con más experiencia se hagan cargo de la coordinación o docencia de esos cursos, por lo que muchos de los profesionales contratados carecen de experiencia. Por otro lado, en una lógica hasta ahora poco argumentada desde el punto de vista académico, han aprobado la modalidad de titulación de pregrado por la vía de la realización de un diplomado: el candidato a licenciado, en lugar de tesis u otro trabajo, estudia seis meses más y listo, sale con diploma de licenciatura y de diplomado, pagando, eso sí, el costo del curso. Ganancia para todos. Y las exigencias van adaptándose a las “posibilidades” de los cursantes.

En el Gobierno de Correa, Ecuador implementó un proyecto educativo digno de imitar, que tenía el objetivo de insertar en sus universidades a investigadores con doctorado, de distintas partes del mundo, para diseñar y sostener programas de formación e investigación. En Bolivia, por el contrario, se les ha dificultado sistemáticamente el ingreso a investigadores de trayectoria, a los que, pese a sus valiosas contribuciones, a las necesidades académicas de los programas y a la falta de profesionales especializados, se les pone las referidas trabas administrativas hasta alejarlos del medio definitivamente. 

Sin embargo, no solo en las universidades se han cerrado las oportunidades laborales. En los últimos 14 años, Bolivia ha intentado mostrarse al mundo como el país que mejor ha resuelto las inequidades sociales, con la inclusión, en los espacios laborales y de poder de decisión, de sectores de la población sistemáticamente marginados a lo largo de su historia republicana. Seríamos un ejemplo si esa inclusión no se hubiera distorsionado con la condicionante del carnet del partido, que, lejos de abrir las posibilidades a profesionales de distinto origen, ha incentivado el clientelismo, el nepotismo, y ha premiado la mediocridad de funcionarios designados solo por padrinazgos y lealtad política. 

El modelo del menor esfuerzo, de la prescindencia del mérito y de la idoneidad profesional, está cundiendo en las aulas de todos los niveles de nuestro sistema educativo. No podría ser de otra manera si, además, desde el mismo Ministerio de Educación se gestiona el engaño para el acceso a puestos de dirección de las unidades educativas. Mientras, la brecha educativa sigue profundizándose, y el futuro para los que tienen el privilegio de una educación de calidad está lejos, en otros países, donde varios de nuestros jóvenes profesionales han tenido que echar raíces. En este periodo, más que nunca, sobran muchos, no solo los estafados por una pésima educación, sino los honestos, los esforzados, los que no acreditan vínculos políticos.