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Por: Edwin "Cacho" Herrera |
Los periodistas y medios de comunicación que no se alinearon a la estrategia discursiva del masismo y del gobierno, y que más bien han desmontado pieza por pieza el perverso relato del “golpe de Estado” han enfrentado en los últimos días una escalada de ataques de autoridades gubernamentales, militantes del masismo y guerreros digitales que en lugar de desprestigiarlos, aumentan su credibilidad ante la sociedad porque informan e interpretan libremente hechos concretos de la realidad y no amplifican lo que el poder ordena.
Para el Canciller Rogelio Mayta, los medios y periodistas que desarrollan su trabajo apegados a los códigos de ética son “actores políticos” que hacen “oposición”. El procurador Wilfredo Chávez expresó la idea de que el “golpismo” y los medios se encargan de “lavar la cabeza a las personas” y el vocero presidencial Jorge Richter ha calificado como “corporación mediática” a quienes no siguen el guión gubernamental.
A esas autoridades, este lunes se sumó el ministro de Justicia, Iván Lima, quien sostuvo que al revisar los editoriales y las portadas de El Deber, Página Siete y Los Tiempos, los principales diarios del país, “es evidente la amplificación que dan a la señora (Jeanine) Añez y la invisibilización a la situación de las víctimas (de las masacres) y sus familias. A ellos no se les da cobertura, se los revictimiza y además se los ataca”, lo que por supuesto es una falacia.
Quisieran que los principales titulares dijeran “La OEA no hizo ninguna auditoría”, que en los pies de pantalla se escribiera “Hubo golpe de Estado y un gobierno de facto”, que los editoriales argumentaran “La reelección indefinida sí es un derecho humano” o que se informara “El sol sale de noche y la ley de la gravedad no existe”. Así son las groserías que se pretenden desde el poder y como nada de eso es verdad, buscan “matar al mensajero”.
Al contrario, editoriales de diarios influyentes, artículos de opinión de destacados periodistas, un firmes pronunciamientos de la Asociación Nacional de la Prensa y dirigentes de la prensa en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y la actitud valiente de una presentadora noticias en una red de televisión han salido en defensa del derecho a libertad de expresión e información, un derecho de la sociedad amparado por la Constitución por el que cualquier persona puede expresar su punto de vista sin ser “molido a golpes” y puede escoger por qué medio desea informarse.
El editorial de El Deber de este domingo analiza el intento gubernamental de buscar la eliminación de los mensajeros de las noticias y advierte que “lo peor que puede pasar en Bolivia es que se normalice la censura. Que las voces gubernamentales digan qué se puede y qué no se puede expresar individualmente o a través de los medios de comunicación. Y, finalmente, que tanto amedrentamiento termine provocando autocensura”.
Los periodistas Andrés Gómez y Juan Pablo Guzmán pusieron bajo su lupa la “hábil pero siniestra estrategia” de tratar de imponer una verdad única. “Los periodistas saben que la libertad de expresión, en todas sus manifestaciones, es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Están convencidos que la calidad de la información es esencial para la calidad de la democracia”, opina Gómez.
Guzmán, por su parte, tiene claro que el gobierno quiere “crear una atmósfera de miedo, cuyo fin secundario es aterrorizar, ya que sus verdaderas balas apuntan a intimidar la libertad, quebrar la resistencia, cultivar el silencio y paralizar la rebeldía”, mientras Luciana Acosta, presentadora de noticias de la Red UNO le puso freno este lunes a las acusaciones del Procurador a los medios pidiéndole respeto en plena entrevista transmitida en vivo y directo.
Pero, las agresiones a los medios y periodistas son físicas y telefónicas con amenazas directas y de carácter delincuencial. En el último mes un periodista de El Deber que investiga la crisis política de 2019 recibió una llamada telefónica intimidante, el periodista Juan Orellana de radio Fides en Potosí fue señalado como causante de la violencia en 2019 en esa región, un equipo de prensa de la red ATB fue agredido en el enfrentamiento entre marchistas y masistas en puertas del penal de Miraflores, la semana pasada, y la periodista Yolanda Mamani de Página Siete fue jaloneada e insultada en ese mismo lugar.
Es probable que los ataques a periodistas y medios de comunicación que el gobierno quisiera que sean parte del coro oficialista, aumenten y sean cada vez más agresivos, acompasados con amenazas de asfixia económica por el retiro de la publicidad gubernamental o la presión de las oficinas laborales o tributarias del Estado, pero no será la primera ni la última batalla que libre el periodismo independiente contra el poder desesperado de una sola verdad.
Y como ha escrito Andrés Gómez en su artículo de opinión de este domingo, debe quedar claro para todos que “el periodista no es un ángel sin sexo. Tiene una posición política y está claramente establecida en sus códigos de ética: la defensa de la democracia”.
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