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Por: Zulema Alanes B. |
El Movimiento Al Socialismo (MAS) arremete por diferentes flancos y activa la triple alianza gobierno, parlamento y justicia para concretar un vasto plan que, con un paquete de leyes en la mano, pretende consolidar un Estado totalitario según advirtieron pronunciamientos de partidos de oposición y agrupaciones ciudadanas.
“El gobierno del MAS, emulando a sus socios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, avanza aceleradamente en la estructuración de un ordenamiento jurídico claramente violatorio de la democracia y los derechos humanos, buscando legalizar sus abusos y configurando un Estado policial” asegura la plataforma ciudadana UNO (Una Nueva Oportunidad) en un pronunciamiento.
Las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa coincidieron con la caracterización del actual momento político y advirtieron que a través de un paquete de leyes el MAS pretende concretar un esquema violatorio de los derechos humanos y conculcador de la democracia.
La orden de detención del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, la desaparición del presidente de Adepcoca Armin Lluta, las amenazas contra la XI Marcha Indígena, son señales claras del deterioro de la institucionalidad democrática según la percepción de agrupaciones ciudadanas y partidos de oposición.
UN ESTADO REPRESIVO Y POLICIAL
Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos alertaron que el MAS promueve la aprobación de un paquete de leyes cuyo objetivo es activar la represión y la persecución.
En alusión al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobado el pasado viernes por la mayoría del MAS en la Cámara de Diputados, la oposición parlamentaria aseguró que se pretende “instaurar un Estado policial” y violatorio de los derechos humanos.
“Es otra arremetida del gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución", escribió el líder de CC, Carlos Mesa, en su cuenta de Twitter.
El jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, advirtió en conferencia de prensa que con los poderes extraordinarios que esa norma confiere las referidas entidades se convertirán en “agentes de represión al servicio de intereses y móviles políticos”.
Dijo que “Esta ley es uno de los peldaños importantes para la construcción del Estado policiaco que intenta el gobierno del MAS, donde la represión constituye la regla y el ejercicio de los derechos la excepción, conlleva un gravísimo riesgo para las actividades financieras, comerciales y civiles” y detalló siete observaciones a la cuestionada norma.
Entre las observaciones señaló que la referida ley elimina el secreto de fuente y vulnera la libertad de prensa; afecta la independencia de la Fiscalía General, atenta contra la libertad de prensa al eliminar la confidencialidad, secreto o reserva cuando la UIF requiera información; otorga poderes sancionatorios a la UIF y a sujetos privados; obliga a reportar transacciones sospechosas, sin límite inferior de monto; otorga súper poderes a instancias estatales que podrán actuar sin intervención judicial "oportuna y eficaz"; y establece el juzgamiento en rebeldía.
TRAS EL ALCALDE MANFRED REYES VILLA
La admisión de una acción de amparo constitucional dejó en suspenso la orden de detención del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, uno de los principales dirigentes de oposición en la mira del MAS.
La presidenta del Tribunal de Sentencia No 1 de Cochabamba, Vivian Monasterio, ordenó detener al alcalde cochabambino para que cumpla una sentencia de cinco años de cárcel por el caso “El Sillar” en el penal de San Sebastián.
Cuando la detención parecía inminente se conoció que la Sala Constitucional Segunda admitió una acción de amparo constitucional en contra de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declararon improcedente una demanda que pedía revisar la sentencia de cinco años de cárcel contra Reyes Villa.
La decisión fue pública luego que, ante una masiva concentración, Reyes Villa advirtiera que el pueblo cochabambino no permitirá que deje su cargo y exigió que no se instrumentalice la justica.
Seguidores de Reyes Villa se movilizan en apoyo al alcalde | Foto: Los Tiempos“Mi voto se respeta” reclamaron los seguidores de Reyes Villa que fue procesado por conducta antieconómica en el caso “El Sillar” cuando ejercía como prefecto en 2009.
“No estoy metido en política, a mí lo único que me interesa es mi Llajta, mi gestión, para volver a Cochabamba la mejor ciudad del país. Que nos dejen hacer gestión, que nos
dejen trabajar”, reclamó.
LA MARCHA INDÍGENA BAJO ASEDIO
En el día 27 de la Marcha Indígena, a 6 kilómetros de San Julián, los marchistas decidieron una pausa ante el asedio de grupos del Movimiento Al Socialismo alentados por el propio presidente Luis Arce que anunció su presencia en la zona para la inauguración de un tramo carretero.
A lo largo de la jornada, los pueblos indígenas se organizaron para responder ante cualquier provocación de las bases del Mas y, aunque su objetivo es llegar a la ciudad de Santa Cruz el próximo 24 de septiembre, resolvieron una pausa para evitar enfrentamientos.
“No estamos en competencia, nosotros no estamos cumpliendo la agenda de nadie” dijo el líder indígena Marcial Fabricano y recordó que marchan por territorio y dignidad, contra el avasallamiento de sus tierras, por autodeterminación y autonomía.
Para el logro de sus demandas constituyeron su propio Parlamento Indígena que “se fortalece en cada sesión a lo largo de la marcha”, explicó Fabricano.
El asedio a la marcha exigirá ajustes en el cronograma que tenían previsto y es previsible que culminen el trayecto a la ciudad de Santa Cruz el día 25 de septiembre, fecha en la que se cumplen 10 años de la violenta represión policial en Chaparina, Beni, a unos 1500 marchistas -hombres, mujeres y niños- que participaban de la VIII Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) instruida por Evo Morales y ejecutada por el entonces ministro de Gobierno, Sacha LLorenti.
LA DESAPARICIÓN DE DIRIGENTE DE ADEPCOCA
A través de un pronunciamiento público CONADE denunció la desaparición del presidente de ADEPCOCA, Armin Lluta, luego de la toma de las dependencias de la asociación de productores de coca de Los Yungas en la zona de Villa Fátima por un grupo de personas armadas y encapuchadas vinculadas al MAS.
Detalla que luego de la toma de la sede cocalera a punta de “dinamita, piedras y armas de fuego, provocando terror entre los productores de la hoja de coca que se encontraban descansando al interior de esta sede (…) Armin Lluta se comunica por celular y señala lo que está sucediendo, y no vuelve a comunicarse desde entonces con ninguna persona”.
Horas más tarde, varias facciones del MAS llevaron a cabo una asamblea de cocaleros que derivó en enfrentamientos y en la disputa de la presidencia de ADEPCOCA por dos dirigentes afines al partido de gobierno, a lo que se suma la legítima presidencia de Lluta.
Todo muestra que la toma era parte de un operativo coordinado con apoyo del gobierno que culminó en la elección de una nueva directiva de la asociación de productores de coca de Los Yungas, el único bastión que Evo Morales no pudo someter y poner bajo su control.
Arnold Alanes, uno de los dirigentes que se proclamó máximo ejecutivo de ADEPCOCA, apareció con un chaleco antibalas lo que plantea sospechas respecto al uso de armas de fuego para dirimir diferencias entre facciones masistas que disputan el control de este sector y atacar a quienes se opongan a la intervención.
A confesión de parte, relevo de pruebas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó de “democrática” la jornada violenta que derivó en la toma de la sede de los cocaleros.
“Saludamos el espíritu democrático del pueblo yungueño que hoy posesionó al nuevo directorio de ADEPCOCA emanado de las urnas y ratificado en proclamación”, escribió Del Castillo en su cuenta de Twitter.
Según Del Castillo, la ADEPCOCA con tres dirigentes que se disputan la dirigencia, es “Una prueba palpable de que los conflictos se resuelven en democracia”.
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